Estudiantes, profesores y médicos desafían en la calle a la motosierra de Milei

“Nuestro futuro no se veta”, reza la convocatoria a la marcha nacional que este miércoles protagonizarán en Argentina estudiantes y docentes universitarios, médicos y enfermeros, trabajadores de la educación y la salud públicas, entre otros sectores, con amplio respaldo de organizaciones políticas y sociales. Su principal reclamo será la ratificación de las leyes aprobadas por el Parlamento para revertir el ajuste aplicado en esas áreas por el Gobierno de Javier Milei, quien vetó las normas la semana pasada. Aunque también habrá movilizaciones en otras ciudades del país, el foco central de la protesta tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso: allí mismo, en la Cámara de Diputados, la oposición intentará insistir en la aprobación de las leyes.

Muchas facultades y escuelas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde estudian más de 300.000 alumnos, amanecieron este martes con carteles que exigen: “Diputados y diputadas, no al veto”. También con banderas y pancartas: “Defendamos la ciencia”; “cuidemos la universidad pública”. Otras sedes universitarias fueron ocupadas pacíficamente por sus alumnos, o frente a sus puertas se desarrollaron cortes de calles y clases públicas. Fueron actividades previas a la movilización prevista para la tarde del miércoles, cuando se esperan miles de personas, como en las dos marchas contra el ajuste de Milei realizadas el año pasado.

“Queremos aprender dentro del aula”, piden los estudiantes en un video difundido por la UBA. “Necesitamos a los mejores profesores, necesitamos que se queden”, agregan. “La universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos”.

El propósito de las nuevas protestas es sostener la ley de financiamiento universitario. Aprobada el mes pasado con apoyo de toda la oposición parlamentaria, la norma prevé una mejora salarial para docentes y empleados de universidades públicas, así como una actualización de los fondos destinados a funcionamiento de las casas de estudios, infraestructura, becas y otros rubros. De acuerdo con los cálculos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei, el presupuesto del sector sufrió una caída real del 30%, mientras que los sueldos de los profesores perdieron un 40% de su poder adquisitivo. El presidente ultra vetó la ley hace una semana, tal como había hecho el año pasado con una norma similar.

Un conflicto muy parecido afecta a los hospitales pediátricos dependientes del Estado nacional y a los salarios de su personal, con epicentro en el Hospital Garrahan, el más importante del país y un centro de referencia regional. Para comenzar a restituir los fondos recortados por la motosierra de Milei, el Congreso votó la ley de emergencia en pediatría. El presidente también la vetó, junto con la ley de financiamiento universitario.

“La política de desfinanciamiento y asfixia presupuestaria planificada tiene como consecuencia el progresivo desmantelamiento de verdaderos patrimonios nacionales como el Hospital Garrahan”, indica un documento consensuado por las organizaciones que llaman a la movilización y que este lunes fue leído en un acto público por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. “La renuncia de centenares de profesionales, a partir de condiciones laborales y salariales paupérrimas, junto a la profundización del pluriempleo, la precarización de las condiciones de trabajo para las residencias”, continúa el texto, implican “un riesgo cierto para el derecho a la salud de las más de 600.000 consultas anuales” que atiende el Garrahan.

Para rechazar los vetos de Milei e insistir con las leyes, la oposición necesita conseguir mayorías de dos tercios de los legisladores presentes en las cámaras de Diputados y de Senadores. El debate comenzará en la Cámara baja, donde la ultraderecha de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO —el partido del expresidente Mauricio Macri— tienen más posibilidades de defender la decisión del Ejecutivo. Basta que la oposición no consiga los votos suficientes en una de las dos cámaras del Congreso para que el veto siga vigente.

En ese escenario, la Casa Rosada jugó fuerte en las últimas horas para desalentar las protestas y debilitar los apoyos opositores en el Congreso. El Gobierno, que también libra un pulso con la mayoría de los 24 gobernadores provinciales por los fondos ajustados, giró millonarios recursos de la Nación a algunos distritos: las provincias de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. La medida, anunciada después de la amplia derrota que sufrió Milei en las elecciones legislativas de Buenos Aires, buscó recomponer lazos con gobernaciones cercanas o dialoguistas. Y podría tener impacto en las voluntades de los legisladores de los distritos favorecidos.

A la vez, el lunes, al presentar su proyecto de presupuesto para 2026, Milei moderó su habitual agresividad discursiva y prometió mejoras en los fondos destinados a las provincias, a la educación y las universidades, la salud, las jubilaciones y la atención a la discapacidad. En casi todos los casos, los recursos ofrecidos no llegan siquiera a compensar la pérdida acumulada en los 21 meses que lleva el actual Gobierno.

De visita en Paraguay, este martes Milei habló en un foro de emprendedores industriales y se refirió al conflicto universitario. “Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas”, arremetió. No aludió al ajuste presupuestario que su Gobierno viene aplicando sobre las casas de estudios al no actualizar los recursos según la inflación.

De acuerdo con un análisis del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología, si se aprueba el proyecto de presupuesto impulsado por Milei, entre 2023 y 2026 el financiamiento universitario habrá pasado de ser el 0,718% del PBI a ser el 0,462%.