Las fugas de presos en Buenos Aires desencadenan una tormenta política en el macrismo

En este 2024 se han registrado 15 fugas de presos en Buenos Aires. En la última de ellas, ocurrida en vísperas de la Navidad, un total de 17 detenidos se escaparon a través de un agujero de la Alcaidía 9, en el suroeste de la ciudad. El mes pasado, otros 11 presos se fugaron de otra alcaidía por los techos y dos más se desvanecieron de otro centro de alojamiento temporal. Algunos reos fueron recapturados, la Justicia abrió investigaciones penales por presunta negligencia y connivencia contra funcionarios penitenciarios y el Gobierno municipal destituyó a la cúpula policial de la ciudad. Aun así, el escándalo por la sucesión de fugas ha puesto al desnudo la sobrepoblación de presos y la corrupción existente en el sistema penitenciario, desatando una nueva tormenta política en el interior del Pro, el partido fundado por Mauricio Macri.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el rival interno al que derrotó en las últimas elecciones primarias presidenciales, el exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, se acusaron mutuamente de la crisis abierta en la ciudad. El centro de la disputa es la cárcel a medio construir en Marcos Paz, 50 kilómetros al oeste de la capital, que alojará 2.240 presos y permitirá cerrar la última cárcel de Buenos Aires, la de Devoto. Comenzó a construirse en 2018, pero no se terminó aún por falta de fondos, pese a las denuncias sobre el aumento de la población carcelaria en lugares pensados para detenciones cortas, como comisarías y alcaidías, y el empeoramiento de sus condiciones.

“Larreta en 2022 dejó de construir la cárcel que tenía que construir. Entonces, hoy hay dispersos presos por todas las comisarías, lo que saca policías de la calle, resta seguridad a la ciudadanía y suma problemas”, dijo Bullrich en una entrevista radial días atrás. El exalcalde de Buenos Aires argumenta que la construcción del penal es una obra nacional que debe ser financiada con fondos federales. “Patricia, no mientas. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno nacional. Hace más de un año que es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo”, le contestó Larreta.

El cruce de reproches entre ambos exaliados del Pro siguió en aumento todo el fin de semana y refleja la crisis de identidad que amenaza con autodestruir al partido de Macri desde la elección de Javier Milei como presidente. Bullrich se unió al Gobierno como ministra de Seguridad y encarna a aquellos partidarios de una alianza política de cara a las elecciones legislativas de 2025 que por ahora no se concreta; Larreta, muy debilitado tras su derrota en las urnas, pasó a la oposición como referente de un sector moderado que hoy es minoritario en el seno de su propio partido.

Bullrich tildó a Larreta de “cadáver político” y de “tibio, mediocre y servil a la casta corrupta” en un duro mensaje. “Dejá de hablarle a los argentinos como si no supieran quién sos: el tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada. Ahora gobiernan los que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos de bien ya te dieron la espalda”, apuntó Bullrich en un lenguaje calcado al de Milei, ante lo que Larreta volvió a llamarla mentirosa y de no tener coherencia política por sus múltiples cambios de partido. La ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, ha sido gobernada de forma ininterrumpida por el Pro desde 2007, pero su hegemonía futura podría ser cuestionada por La Libertad Avanza de Milei.

Un aumento del 136% en dos años

Por debajo de la guerra política, asoma el problema creciente de la sobrepoblación carcelaria en Buenos Aires. Según datos oficiales, a 31 de octubre había 2.365 personas detenidas en comisarías y alcaidías, lo que supone un aumento del 136% en los últimos dos años. Estos espacios están pensados para detenciones transitorias, pero debido a la falta de espacio en las cárceles actuales, se vuelven permanentes.

“Las comisarías de Buenos Aires están abarrotadas de presos en condiciones vejatorias”, denuncia el Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales (Inecip) en su último informe. Además del hacinamiento, este organismo advierte que los presos encerrados allí sufren la violación de derechos fundamentales como falta de acceso a servicios de salud y a condiciones mínimas de higiene y comida insalubre.

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