Juicio histórico en Argentina por una matanza de pingüinos en las costas patagónicas

Al menos 176 nidos de pingüinos de Magallanes arrasados con una retroexcavadora. Decenas de huevos rotos y de pichones muertos. Ejemplares adultos desconcertados por la matanza y heridos por un alambrado que les cortaba el paso entre el nido, en tierra, y el océano Atlántico al que iban a buscar alimento. Esa es la acusación que pesa sobre el ganadero argentino Ricardo La Regina, dueño de un campo vecino a la reserva natural de Punta Tombo, que alberga una de las mayores colonias de pingüinos de Magallanes del mundo, en la provincia patagónica de Chubut, 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires. El Tribunal de Rawson juzga a La Regina por los presuntos delitos de crueldad animal y daño agravado, castigadas con una pena máxima de cuatro años de cárcel. Las organizaciones querellantes lo definen como el primer juicio por ecocidio del país y piden una condena ejemplar que siente un precedente.

El imputado rechaza las acusaciones. Niega haber matado ningún pingüino y menos aún decenas de ellos; y acusa al Estado de haber rechazado los permisos que solicitó para desarrollar actividades de ecoturismo en su campo e impedirle también que compatibilice su actividad ganadera con la protección de las aves migratorias que anidan allí. Su mayor problema, según expuso, no es tanto la convivencia con los pingüinos sino con su tío y su primo, propietarios de tierras colindantes y enemistados al punto de denunciarse mutuamente ante las autoridades.

En la primera audiencia judicial, celebrada el lunes, La Regina propuso ceder a la reserva de Punta Tombo 300 hectáreas de las casi 9.000 que posee a cambio de evitar el juicio. La Fiscalía rechazó la oferta por el gran interés público que ha generado el caso y no haber sido presentada formalmente sino sólo de palabra. Más de 50.000 personas han firmado una petición pública para que se haga justicia.

Los hechos juzgados ocurrieron entre agosto y diciembre de 2021. A lo largo de esos meses, La Regina construyó un camino de casi 900 metros por su terreno que llegaba hasta el mar, tendió un alambrado electrificado para su ganado vacuno y desmontó vegetación nativa en medio del área de nidificación de pingüinos. Todas esas alteraciones de terreno se hicieron sin permisos oficiales ni estudios de impacto ambiental previos, pese a que la estancia La Perla está en una zona que se considera área de amortiguación de la reserva.

Alertado por la llamada del tío del imputado, Alberto La Regina, el biólogo Pablo Borboroglu llegó al lugar a finales de noviembre y se horrorizó al ver pichones muertos y nidos arrasados. “Estaban las huellas de la máquina por todo el camino, era muy reciente”, testificó Borboroglu el martes ante el tribunal.

Este científico, uno de los grandes referentes mundiales en pingüinos de Magallanes, mostró ante los jueces un vídeo en el que se veía a un ejemplar adulto frente a un nido colapsado y cubierto por tierra. “Acá se ve a un macho y el cadáver de sus dos pichones, que tenían pocos días de vida. Los mueve para ver si aún están vivos”, narró al mostrar las imágenes. “Se puede ver el impacto trágico que ha tenido la barbaridad que ha sucedido en esta colonia de pingüinos”, concluyó. Borboroglu estimó primero que las obras realizadas en el campo con maquinaria pesada habían destruido alrededor de 150 nidos y después aumentó el cálculo a 176.

“Crímenes contra la naturaleza”

Para las organizaciones querellantes —Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia natural y la Asociación argentina de abogados/as ambientalistas — lo que sucedió “fue un ecocidio”. Por ese motivo, piden que este juicio sea un punto de inflexión que permita modificar la cultura jurídica para afrontar este tipo de delitos. “Se cometieron actos de extrema crueldad animal y queremos que no queden impunes, que el tribunal entienda que son crímenes contra la naturaleza”, señala Lucas Micheloud, codirector ejecutivo de la Asociación de Abogados ambientalistas.

Según el abogado especialista en temas ambientales Otto Axel Wöhler, el perjuicio económico causado por La Regina ronda el medio millón de dólares por el impacto a largo plazo sobre el ecosistema en Punta Tombo, colindante al campo del imputado. Esta reserva, de 210 hectáreas, alberga una de las mayores colonias del mundo de pingüinos de Magallanes. Cada septiembre, en el inicio de la primavera austral, cientos de miles de estas aves migratorias regresan allí para reproducirse y permanecen hasta abril, cuando comienzan una travesía por el Océano Atlántico en busca de aguas más cálidas. Muchas de ellas se aparean año a año con la misma pareja y en el mismo nido, uno de los motivos por los que la supuesta destrucción realizada por la retroexcavadora ha sido tan criticada.

La defensa de La Regina se basó en cuestionar la estimación de nidos destrozados hecha por Borboroglu y en intentar demostrar la falta de respuestas estatales. El imputado aseguró que no tenía otra alternativa que levantar una valla electrificada para asegurarse que las vacas de su campo no pasaban al campo vecino, propiedad de su tío, con el que mantiene una pelea familiar desde hace décadas. Ante las repetidas rupturas intencionales de ese alambrado —según el imputado, ocasionadas por su tío y/o su primo— y la no intervención de la policía, desmontó parte del terreno para crear una pequeña laguna y así garantizarse que las vacas volvían a su campo.

“El Estado hace diez años que no hace las cosas que tienen que hacer”, declaró La Regina ante los jueces. “Yo ya llegué al fondo del tarro, tuve que vender un pedazo de campo, tengo que generar los medios de vida para cuidar a mi familia”, agregó. “¿Usted es consciente de que las falencias administrativas no justifican la comisión de ningún delito?”, le preguntó uno de los abogados querellantes. “Sí”, respondió. El veredicto del tribunal se conocerá la próxima semana.

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