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Una huelga de Aerolíneas Argentinas que afectará a miles de pasajeros agrava el conflicto en la empresa estatal

Los sindicatos denuncian que los salarios tienen un retraso del 70% respecto a la inflación del último año, que fue del 237%

Pasajeros esperan en una fila durante una huelga de tripulantes de Aerolíneas Argentinas, el 6 de septiembre en Buenos Aires.
Pasajeros esperan en una fila durante una huelga de tripulantes de Aerolíneas Argentinas, el 6 de septiembre en Buenos Aires.JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE)

Dos de cada tres pasajeros de avión en Argentina vuelan con la empresa estatal Aerolíneas Argentinas. El ultraderechista Javier Milei contemplaba privatizarla nada más llegar a la Presidencia, pero el Congreso la incluyó en la lista de compañías que debían permanecer en manos del Estado argentino. Frustrado ese objetivo, el Gobierno ordenó un severo recorte de fondos que ha puesto a los trabajadores en pie de guerra. Los sindicatos han convocado a un paro de 24 horas entre el mediodía del viernes y del sábado que supondrá demoras y cancelaciones de más de 250 vuelos y afectará a unos 27.000 pasajeros. Los empleados exigen una actualización salarial acorde a la inflación, mientras que las autoridades amenazan con denunciar a los sindicatos por los perjuicios ocasionados.

El secretario del gremio de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, acusa al Gobierno de negarse a estar en la mesa de negociaciones “para forzar el objetivo que tienen hace tiempo, que es la privatización de Aerolíneas Argentinas”. Según Brey, los sueldos de los empleados de la compañía han quedado muy desfasados con respecto a la inflación, que ha sido del 237% en los últimos 12 meses. “Estamos un 72% debajo de la inflación”, subraya Brey. Desde la empresa evitan hablar de cifras al alegar que el tema salarial “no está cerrado”.

A principios de julio, Milei liberó el acceso al mercado aéreo argentino para permitir la entrada de nuevos operadores, nacionales o extranjeros, que presten servicios de transporte de pasajeros o de cargas. A través de un decreto, el Gobierno desreguló las tarifas que cobran las compañías así como el servicio de rampas en aeropuertos, que incluye las actividades ligadas al ascenso y descenso de pasajeros, carga y descarga de equipaje, señalamientos, remolque y limpieza de aviones, entre otras. Hasta ese momento, la empresa pública Intercargo realizaba la mayoría de esas tareas. La medida oficial retomó la política de cielos abiertos que había ensayado el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y que luego deshizo su predecesor, el peronista Alberto Fernández (2019-2023).

El conflicto en Aerolíneas Argentinas comenzó a escalar desde la publicación de ese decreto y ambas partes endurecen cada vez más su postura. En el último mes, varias huelgas encubiertas han dejado a miles de trabajadores en tierra y han provocado cerca de dos millones de dólares en pérdidas, según Aerolíneas. Los sindicalistas denuncian que la empresa prefiere perder dinero a que vaya al bolsillo de los trabajadores. A través de sus redes sociales, Brey subrayó que el conflicto va más allá de defender los salarios y supone también defender el futuro de los empleados de la compañía estatal.

La empresa ha anticipado que llevará ante la justicia a los sindicatos e iniciará acciones para expulsar al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, del directorio de la empresa. Además, aplicarán descuentos salariales a más de 400 empleados “por incumplir con sus tareas y afectar la programación de vuelos de la compañía”.

La guerra abierta entre los trabajadores y la dirigencia ha reavivado la idea de la privatización. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, declaró dos días atrás que el mercado doméstico argentino despierta interés y hay varias empresas internacionales interesadas en comprar la aerolínea cuando la transacción tenga el visto bueno del Congreso. “Aerolíneas tiene que reducir sus costos. Tenemos que trabajar para tener una compañía ordenada para quien quiera venir a comprarla”, declaró Lombardo al diario La Nación.

Aerolíneas fue nacionalizada en 2008, durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras siete años de gestión caótica por parte del grupo español Marsans. Desde entonces, la empresa ha dependido de los subsidios estatales para su funcionamiento.

Desde que asumió Milei, la empresa ha reducido un 13% su personal a través de dos planes de bajas voluntarias, hasta los 10.400 empleados actuales. El déficit operativo se ha reducido un 70% en el primer semestre de 2024, de los 272 millones de dólares a 79, según información facilitada por fuentes de Aerolíneas.

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