La denuncia de una petición de sobornos salpica al Gobierno de Javier Milei

Las sospechas sobre un pedido de sobornos golpearon al Gobierno de Javier Milei, cuyas diatribas sobre las irregularidades en el sector público fueron eje del discurso que lo llevó al poder. La Administración ultraderechista intentó acotar el escándalo y despidió a uno de los altos cargos apuntados, aunque no se despejaron las dudas sobre el rol de otras áreas del Gobierno. El caso involucra a la minera Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), una de las empresas estatales que Milei pretende disolver o privatizar.

Fue justamente el interventor de YCRT, Thierry Decoud, quien perdió su puesto este martes. Decoud es investigado por el presunto pedido, mediante terceros, de una comisión ilícita a una firma que buscaba comprar carbón. En diciembre pasado, Milei lo había nombrado por decreto en la minera asentada en la provincia patagónica de Santa Cruz.

La empresa israelí TEGI Limited había ofertado 2,1 millones de dólares por 30.000 toneladas de carbón de baja calidad. Era el supuesto primer paso para luego ir hacia un acuerdo más amplio, una fuente importante de ingresos para la minera estatal. La operación estaba avanzada en junio pasado, pero dos intermediarios vinculados —según la denuncia— con Decoud bloquearon el negocio y exigieron, para destrabarlo, el pago de sobornos, una cifra que no trascendió. El hecho se conoció esta semana, a través de la prensa local, e incluso se difundieron grabaciones de una conversación entre los implicados.

“Los puse en contacto, dicen que no avanzarán, dos meses después mandan una orden de compra y no me avisan. Ponete en mi lugar, no importa con quién hablé ni cómo y menos por teléfono. Si yo no tuviera este poder en este negocio no estaría al tanto de la oferta”, se escucha decir a uno de los aparentes intermediarios, llamado Andrés Gross, en diálogo con autoridades de TEGI Limited. “No tengo nada que ver con la empresa, soy un facilitador de negocios. Si quieren que suceda, vayamos todos para el mismo lado. Puedo hacer que esto se cierre”, dice luego. “No están pidiendo un porcentaje totalmente elevado”, insiste. De acuerdo con la información publicada por el diario Clarín, Gross es amigo personal del interventor Decoud, un vínculo que ambos habrían admitido.

Como los empresarios no quieren pagar la coima, la operación se congela. “No tengo margen para aportar más contribuciones marginales”, responde Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI Limited. Lo llamativo es que argumenta que el carbón “no está en las condiciones óptimas” y que están “comprando por obligación”. ¿Por qué? Por la “insistencia del aparato político para que compremos”, explica. “A nosotros quien nos convoca es directamente Cancillería”, detalla. “Estamos respondiendo a los puentes diplomáticos que se nos están dando y por el interés que tenemos en el producto futuro.” El Ministerio de Relaciones Exteriores aún no se ha expresado sobre el tema.

El caso llegó a la Justicia a través de una denuncia presentada por la legisladora Graciela Ocaña, que señala a Decoud, Gross y el otro supuesto intermediario, Alejandro Salemme, por los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. “El actual Gobierno hace alarde de su austeridad y su intención de privatizar y/o cerrar todas las empresas estatales que no ganan plata. Ahora bien, si las empresas estatales siguen rodeadas de funcionarios corruptos que, directa o indirectamente, solicitan coimas y en su afán de cobrar sumas indebidas frustran negocios lícitos y millonarios para el Estado, el problema no radica en la empresa, sino en el funcionario”, sostiene en la presentación Ocaña, líder del partido Confianza Pública.

Ante el estallido del escándalo, en apenas 24 horas el Gobierno resolvió apartar a Decoud. “El Presidente de la Nación tomó la decisión de despedir al interventor”, anunció este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, que presentó el hecho como un acierto de Milei. “Donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable”. De todos modos, aclaró: “No porque efectivamente sea responsable, sino porque quiere que todo se lleve adelante con total transparencia, así que mientras se aclaren los hechos ha tomado la decisión de despedir”.

El funcionario despedido es un ingeniero de 42 años que, antes de sumarse a la Administración de Milei, había ocupado diversos cargos en los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, siempre bajo gestión política del PRO, el partido liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

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