Claves de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández: golpes, amenazas y un aborto bajo presión

El pasado 6 de agosto, Fabiola Yañez llamó por teléfono a un juzgado de Argentina para denunciar por violencia de género al expresidente de Argentina, el peronista Alberto Fernández. Desde Madrid, donde vive con su hijo de dos años, acusó a Fernández de haberla golpeado mientras convivían en la residencia presidencial de Olivos. Lo acusó también de someterla a “terrorismo psicológico” y a acoso telefónico antes y después de la separación definitiva, ocurrida tiempo después de que Fernández dejase el poder a finales de 2023. El exmandatario niega las acusaciones y se muestra convencido de que podrá rebatirlas en los tribunales.

La causa ha conmocionado a Argentina, que durante años estuvo a la vanguardia en políticas de género en Latinoamérica, y ha dinamitado un peronismo en horas bajas. Aunque la causa está bajo secreto de sumario, cada paso que da la Justicia se filtra de inmediato a los medios: se han publicado fotografías de Yañez con signos de violencia en la cara y los brazos, su declaración de cuatro horas ante el juez Julián Ercolini y el texto de la imputación del fiscal contra el expresidente por “lesiones graves” y “abuso de poder”. Estas son las claves de una causa de alto voltaje político.

El origen: el teléfono celular de la secretaria de Fernández

La Justicia argentina comenzó a investigar en febrero a Alberto Fernández por presunta corrupción en la contratación de seguros estatales durante su Presidencia (2019-2023). Como parte de las medidas de prueba, incautó el teléfono de su secretaria privada, María Cantero, casada con un intermediario de seguros con el Estado sospechoso de haberse beneficiado de comisiones millonarias. Los investigadores rastreaban los chats de Cantero en busca de evidencias cuando encontraron mensajes que insinuaban la existencia de otro delito: presunta violencia de género ejercida por Fernández contra la entonces primera dama, Fabiola Yañez. El juez Julián Ercolini se contactó con Yañez en junio para preguntarle si quería presentar una denuncia dado que se trata de un delito “dependiente de instancia privada”, es decir, la investigación sólo puede iniciarse si la víctima lo pide. Como ella se negó, la Justicia archivó las actuaciones.

El supuesto maltrato salta a los medios

El sábado 3 de agosto, el diario Clarín informó que la Justicia tenía en su poder fotografías, audios y chats sobre supuestas golpizas de Fernández a Yañez perpetradas en la quinta presidencial de Olivos. Los mensajes fueron enviados por la entonces primera dama a Cantero en distintos momentos, lo que daba a entender que sufrió violencia física incluso embarazada. El diario reveló también que Yañez había declinado hacer la denuncia cuando fue contactada por el juzgado.

Yañez lo denuncia: bofetadas, un puñetazo y violencia psicológica

El 6 de agosto, tres días después de la publicación periodística, Yañez llamó a Ercolini para presentar la denuncia formal a la que se había opuesto dos meses antes. Acusó a Fernández de haber ejercido “violencia física y mental” contra ella y el juez dictó medidas de restricción para impedir que Fernández se comunicase con su expareja y madre de su hijo menor. El fin de semana, la exprimera dama dio su versión al portal web Infobae y el 13 de agosto declaró durante cuatro horas ante el juez. Según su testimonio, filtrado a los medios, Fernández la forzó a realizarse un aborto contra su voluntad en 2016, cuando recién arrancaba una relación que duró ocho años.

Tras ganar las elecciones e instalarse en la quinta presidencial de Olivos, Yañez aseguró que la violencia se convirtió en “moneda corriente” y fue creciendo: “A la noche, siempre con quejas y discusiones que terminaban con cachetadas”. Uno de los peores momentos fue agosto de 2021, cuando se reveló que la pareja presidencial había celebrado en 2020 el cumpleaños de Yañez en la residencia presidencial, violando así el estricto confinamiento contra la pandemia de covid-19. Yañez contó que el presidente la acusó de ser la responsable y en una de las peleas que tuvieron en esos días le propinó un “terrible golpe de puño desde su lado de la cama” que le dejó el ojo morado. El médico presidencial, contó al juez, le recetó glóbulos de árnica y le pidió que no saliera fuera para evitar que el golpe fuera visible. Ella se maquillaba para ocultar los signos de violencia, según declaró. Contó que la violencia psicológica continuó tras poner fin a su relación y Fernández la amenazó con suicidarse.

Fernández niega la violencia física y dice haber perdido los chats

Fernández aún no ha sido citado a declarar ante el juez, pero ha negado públicamente la acusación. “Jamás ocurrió lo que ahora me imputa”, dijo en un comunicado publicado en sus redes sociales el 6 de agosto. Cuatro días después, rompió el silencio en una entrevista con EL PAÍS en Buenos Aires. Admitió que las discusiones conyugales eran frecuentes, pero dijo haber perdido los chats para comprobar si alguna vez ella le recriminó haberla pegado, una acusación que él niega. “No he golpeado a Fabiola, nunca he golpeado a una mujer”, se defendió, aunque sostuvo que pudo haber violencia verbal “mutua”. Fernández destacó la fragilidad emocional de la denunciante en repetidas ocasiones y aseguró que alguien “la incentivó a denunciarlo”. Cuestionado sobre la posibilidad de que no fuese así, sino que se sintiese fortalecida tras haber dado el paso, el expresidente se limitó a decir que en ese caso lo discutirán “ante un juez”.

Repudio generalizado

Desde el primer día, referentes de todo el arco político argentino salieron a solidarizarse con la víctima y a repudiar los actos de violencia denunciados. La expresidenta Cristina Kirchner fue la voz más destacada dentro del peronismo, al subrayar que las imágenes de Yañez con hematomas en su cuerpo y los mensajes publicados “no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana”. Para Kirchner, la denuncia recuerda que “la misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos”.

Desde el Gobierno del ultraderechista Javier Milei también se han solidarizado con Yañez, pero advierten que eso no la exime de haber sido cómplice “de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo”. El Ejecutivo ha usado el caso para arremeter contra las políticas de género que abanderó Alberto Fernández y contra los movimientos feministas que acompañaron conquistas logradas durante su gestión, como la legalización del aborto. “La política de género no se usó para ayudar, sino para hacer politiquería barata”, sentenció el portavoz gubernamental, Manuel Adorni.

La justicia avanza rápido

A diferencia de otras causas judiciales, esta se mueve a una velocidad inusualmente rápida. El mismo día de la denuncia, Ercolini dictó medidas de restricción contra Fernández que le impiden salir de Argentina y comunicarse con su expareja, quien vive en Madrid con el hijo de ambos, nacido en 2022. Tres días después, la Policía allanó el departamento prestado en el que vive Fernández, en una lujosa torre de Buenos Aires con vistas al Río de la Plata, y le incautó el teléfono celular. El 13 de agosto, la denunciante declaró cuatro horas ante el juez, y 24 horas más tarde el fiscal lo imputó por el presunto delito de “lesiones graves doblemente calificado por el vínculo” y “abuso de poder y de autoridad”. El fiscal destacó la “total asimetría” de poder entre Fernández y la exprimera dama al especificar los delitos que se le atribuyen y pidió investigar a su entorno por posible encubrimiento.

Tanto el médico presidencial, Federico Saavedra, como la secretaria, María Cantero, han sido citados como testigos. Tras este primer paso formal de la investigación, se espera también que el juez convoque a Fernández y, de encontrar evidencias suficientes, lo procese y lo mande a juicio.

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