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Milei busca inversiones para el litio frente a la resistencia de las comunidades indígenas

El interés mundial por este mineral usado para las baterías de automóviles eléctricos divide a los territorios ricos en materias primas

Personas indígenas protestan en Argentina
Manifestantes indígenas de la provincia de Jujuy protestan contra el decreto que permite la extracción de litio en sus tierras, en Buenos Aires, en agosto de 2023.SOPA Images (Getty Images)

Hace unos días el presidente argentino Javier Milei se reunía con Elon Musk en la fábrica de Tesla en Austin, Texas. El mandatario y el empresario mantuvieron una reunión de la que trascendió, entre otros puntos, la enorme oportunidad de crecimiento económico que tiene la Argentina a partir de sus recursos naturales, concretamente del litio que se encuentra en abundancia en el norte del país. Tesla, primer fabricante mundial de vehículos eléctricos, necesita esa materia prima que Milei está dispuesto a facilitar; de hecho, uno de los diez puntos del Pacto de Mayo que el presidente pretende aprobar con consenso de gobernadores, expresidentes y líderes de partidos políticos insta al “compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”; y el vigente Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 deroga algunos controles estatales en minería, allanando el camino a la actividad y restringiendo el acceso público a información ambiental. Junto con las fotos del encuentro entre Milei y Musk, el hashtag #ElonLlevateTodoElLitioYA en X se volvió tendencia en Argentina.

En paralelo, en otros submundos de las redes sociales, que hacen menos ruido pero que también existen, se hizo viral un video donde un hombre mayor, perteneciente a la comunidad originaria Peñas Negras de la provincia de Catamarca, es agredido por la policía, que escolta a geólogos que se encuentran explorando una zona para la minera Elevado Gold. “No hay permiso”, repite el anciano, refiriéndose a que la comunidad no habría sido consultada acerca de esa exploración. La policía lo empuja, lo golpea, y avanza sobre el territorio. La indignación colmó las redes, con usuarios condenando un extractivismo desenfrenado y el terricidio, además de racismo y avasallamiento de los pueblos originarios.

Las provincias norteñas de Jujuy, Salta y Catamarca, en el norte argentino, pertenecen al llamado “triángulo del litio”, la mayor reserva mundial de este mineral que se encuentra en la frontera con Chile y Bolivia. El litio, esencial para fabricar baterías eléctricas, es clave en la transformación de la industria del transporte, y su demanda va en aumento cuando, en plena emergencia climática, los gobiernos del mundo han convenido que se debe replantear el sector automovilístico para hacerlo más sostenible. Según el Acuerdo de París impulsado por Naciones Unidas, las emisiones de dióxido de carbono deberían reducirse en un 45% para 2030 y llegar al cero neto en 2050. La paradoja es que la extracción de litio causa daños irreversibles al medio ambiente en las zonas naturales donde abunda el mineral, y donde vive gente. La sequía, la salinización de las aguas subterráneas y la polución del aire son algunas de las consecuencias más graves de esta práctica.

Jujuy y la resistencia indígena

En junio del año pasado, la provincia de Jujuy estalló después de que el entonces gobernador radical Gerardo Morales decretara una reforma de la constitución provincial que permitía al ejecutivo administrar los recursos naturales de las tierras públicas que, de acuerdo con la Constitución nacional, pertenecen a las comunidades originarias. La respuesta de los pueblos originarios fue bloquear, con resistencia pacífica, las rutas que conducen a las minas de litio, ya que para ellos es obvio que “vienen por nuestro territorio porque es donde está el litio”, como dice Nati Machaca, referente de las comunidades, en conversación con EL PAÍS. “El agua vale más que el litio” fue una de las consignas más sonadas de la protesta.

Tras varios episodios de represión policial y con la imposibilidad de dialogar con las autoridades, unas mil personas pertenecientes a pueblos originarios marcharon desde Jujuy hasta Buenos Aires en el llamado Tercer Malón de la Paz, recreando experiencias similares de sus ancestros en 1946 y 2006 y llegando a la capital el 1 de agosto, donde permanecieron pacíficamente ante el Palacio de Justicia. En paralelo se daba una tensa campaña hacia las elecciones presidenciales, que después de una segunda vuelta muy disputada en el mes de octubre, culminaron con la victoria del ultraliberal Javier Milei. En diciembre, los integrantes del Tercer Malón de la Paz decidieron regresar a Jujuy, donde siguen organizándose para impulsar la nulidad de la reforma de Morales, y resistiendo ante las mineras.

Inversión israelí

En febrero, Milei viajó en comitiva a Israel, donde acordó una inversión de 100 millones de dólares en el norte argentino por parte de la empresa israelí de litio XtraLit, que planea aterrizar próximamente en Salta y Catamarca. En diálogo con EL PAÍS, el CEO de XtraLit, Simon Litsyn, aseguró que la canciller Diana Mondino le expresó interés en traer “más inversión a la Argentina, que esta sería aceptada con gusto y que seremos mutuamente beneficiados”. Litsyn destacó que XtraLit trabaja con un novedoso método, la Extracción Directa de Litio (DLE por sus siglas en inglés), que supuestamente no daña el medio ambiente como lo hacen “los métodos tradicionales” y que, además, resuelve las preocupaciones de las comunidades originarias, porque “solo requiere algunos metros cuadrados, reinyecta el agua a la tierra cuando se le ha extraído el litio, y pone en producción salares con baja concentración del mineral que están alejados de las comunidades”. El CEO planea visitar la Argentina en mayo, cuando se reunirá con los gobernadores de las provincias en cuestión, y “contento” de reunirse “con representantes de las comunidades para explicarles que no queremos usar ningún recurso –ni agua, ni tierra– que ellos necesiten”.

Por su parte, el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, sostiene ante este diario que en su provincia “el consenso a favor de la minería es altísimo, del 90%”, y que existe un comité integrado por intendentes, senadores, empresarios y comunidades originarias donde se decide “de forma democrática” sobre las inversiones mineras en la provincia. El funcionario apunta que se hace un estudio técnico que cruza el potencial desarrollo económico local y el impacto ambiental para decidir sobre la conveniencia de cada proyecto minero: “muchas inversiones se han rechazado”, defiende: “la minería no se hace en cualquier lado a cualquier precio”. Sobre el video del anciano de Peñas Negras, sostiene que “ahí hay una puja entre comunidades porque no está resuelto a cuál de ellas corresponde ese territorio”, y que eso les “excede” como gobierno provincial.

Choque con las comunidades

Las comunidades sienten que son ellas las que tienen que estar en guardia, velando por la sostenibilidad ambiental de los proyectos mineros, o directamente resistiendo a una implementación que no les ha sido consultada, como ocurre en Jujuy. “Las mineras avanzan con el permiso del estado provincial, y la gente se da cuenta cuando ya tiene la minera ahí”, lamenta Silvana Llanes, abogada de la comunidad Huancar de Atacama. El Tercer Malón de la Paz ha denunciado reiteradamente la violación de la consulta previa, libre e informada que se recoge en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “Sacan las leyes a espaldas del pueblo, y la gente está cansada. Se meten en las comunidades como si estas tuvieran que obedecer en pos del desarrollo. Pero ¿qué desarrollo?”

Néstor Jerez es cacique del pueblo ocloya. “Se habla del litio para generar un planeta verde, pero a costa de dejar contaminación, enfermedades, falta de agua y falta de vida”. El líder indígena tiene claro que la minería “genera un desequilibrio y daño irreversible a la Madre Tierra” y que esta industria “está hecha a medida del nuevo orden mundial, de las corporaciones y las multinacionales, del poder económico concentrado en complicidad con los gobiernos de turno”.

A Nati Machaca no se le escapa lo simbólico: en la “batalla cultural” que libra el gobierno de Javier Milei, se renombró recientemente el Salón de los Pueblos Originarios en la Casa Rosada, que pasó a llamarse Héroes de Malvinas. “Es una provocación, y más que homenajear a los héroes de Malvinas, nos manda un mensaje a nosotros, los pueblos originarios: nos quieren borrar del mapa y no les importamos”, lamenta, “pero creo que nos subestiman. No sé si se han dado cuenta de que tuvimos la fuerza de caminar toda la Argentina para transmitir nuestro mensaje. No se dan cuenta de que tenemos 500 años resistiendo, y que en ese tiempo hemos aprendido bastante”.

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