La Justicia argentina congela los bienes del expresidente Alberto Fernández en una causa por presunta corrupción

La Justicia argentina avanza contra el expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga el conocido como escándalo de los seguros. El martes por la noche, el juez federal Julián Ercolini ordenó congelar los bienes del dirigente peronista y levantar el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en busca de pistas que confirmen o desmientan si violó sus deberes de funcionario público en la contratación de pólizas de seguros estatales realizadas bajo su gestión (2019-2023).

La causa investiga supuestas irregularidades cometidas a partir de un decreto presidencial de Fernández de finales de 2021 en el que se impuso a la Administración nacional la obligación de contratar pólizas a través de Nación Seguros, de capitales públicos. La Justicia sospecha que ese decreto habilitó la contratación de intermediarios que percibieron comisiones millonarias por encima del valor de mercado.

Fernández es sospechoso por el vínculo de amistad que le une a uno de los intermediarios de seguros investigados, Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria, María Marta Cantero. El expresidente, por el contrario, insiste en su inocencia y fuentes de su entorno consideran que el juez se ha prestado a una “formidable operación de un grupo de medios”. El supuesto fraude fue revelado por el diario Clarín, enemistado desde hace años con el kirchnerismo.

La medida judicial impide que Fernández pueda vender o disponer de sus bienes. También le veta el acceso a sus cajas de seguridad. Ercolini tomó esta decisión a pedido del fiscal Carlos Rívoli, quien busca evidencias de la posible entrega de contratos de seguros a la empresa de Martínez Sosa, una de las más beneficiadas. La resolución judicial ordena también inhibir los bienes de los demás investigados, entre quienes están los intermediarios Pablo Torres García y Oscar Castello; el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y ex altos cargos de esta aseguradora estatal que fueron apartados cuando saltó a la luz el supuesto fraude.

Ercolini mandó un oficio al Banco Central donde le pide que “se proceda al franjado de las cajas de seguridad” de las 33 personas y compañías cuyos bienes fueron inhibidos. El objetivo es poder ejecutarlos ante una eventual pena o demanda civil o ante un “eventual decomiso respecto de las ganancias producto de los ilícitos, y de este modo evitar que se consolide el provecho derivado de los efectos del delito”.

Según una auditoria de Nación Seguros, los intermediarios que más comisiones recibieron desde 2020 fueron Bachellier, Héctor Martínez Sosa y Compañía, Castello Mercuri, San Ignacio y TG Broker. “En conjunto, las cinco acumulan 2.782.170.946 (3,1 millones de dólares) percibidos en comisiones de Nación Seguros, SA desde 2020, sobre 3.453.302.777 (unos 3,9 millones de dólares) del total, representando más del 80%”, subrayó Ercolini. La semana pasada, el juez ordenó allanar las oficinas de estas empresas, así como los domicilios de sus dueños.

“Martínez Sosa es esposo de María Marta Cantero, secretaria de Alberto Fernández, existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros, SA”, señaló Ercoloni en la resolución donde dicta las medidas cautelares. El juez también solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales integrales de Fernández, Cantero y Pagliano desde 2009 hasta la fecha.

El escándalo de los seguros es investigado en dos causas, ambas en manos de Ercolini. La primera se inició a partir de la denuncia de la abogada Silvina Martínez. El Gobierno se presentó como demandante en la segunda para denunciar supuestas irregularidades en los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados que sacaban créditos del sistema de seguridad social (Anses).

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