El ultraderechista Milei impulsa por ley hasta seis años de cárcel para los promotores de protestas sociales

El ultraderechista Javier Milei ha enviado este miércoles al Congreso un proyecto de ley que declara al país en “emergencia pública” e incluye 664 artículos que cambian de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La ley ómnibus, como se llama por su extensión y variedad de temas, supone la transferencia al poder ejecutivo de amplias facultades legislativas en cuestiones económicas, financieras, previsionales, fiscales, sanitarias y hasta electorales. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso, incluye además un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Milei pretende que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible con hasta seis años de cárcel si impidiese el libre tránsito o la provisión de servicios públicos.

El texto enviado al Congreso, la iniciativa política más contundente de Milei desde que asumió el poder en Argentina, a principios de mes, advierte de que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. El proyecto da forma de ley al protocolo antiprotestas que firmó hace dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Al proyecto de ley remitido el miércoles se suman otras acciones previas que han elevado el descontento social durante las primeras tres semanas en la Casa Rosada. Primero, fue el decálogo de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien devaluó la moneda un 50% y anunció la eliminación de subsidios al transporte y la energía a partir de enero, entre otras medidas. Esta semana, el Gobierno también anuló los contratos de al menos 5.000 empleados estatales, tras la firma de un decreto con cientos de reformas que, según la lectura del Ejecutivo, no necesitaban pasar por el Congreso.

En la lista de reformas que propone el proyecto legislativo, llamado con pompa “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, está la facultad del Ejecutivo para privatizar medio centenar de empresas públicas, el fin de las elecciones primarias de los partidos y una reestructuración de la Cámara de Diputados que facilita sumar parlamentarios a segundas y terceras fuerzas electorales, como es en este momento el partido de gobierno, La Libertad Avanza. La ley, de aprobarse, interviene sobre todo tipo de cuestiones. Las universidades públicas gratuitas, por ejemplo, podrán cobrar a los estudiantes extranjeros su formación; se promueve además un blanqueo a las grandes fortunas que llevan años evadiendo impuestos.

La propuesta de Milei declara al país en situación de “emergencia pública” hasta el 31 de diciembre de 2025. Este plazo tan amplio, además, podrá prorrogarse otros dos años, con lo que abarcaría todo el mandato del presidente. Es esa situación de supuesta emergencia pública la que habilita al Gobierno para asumir competencias que corresponden al poder legislativo. La Constitución argentina impide esa transferencia de poderes “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

Llamado a huelga

La Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las principales centrales sindicales del país, se reunieron este jueves para evaluar los próximos pasos contra las reformas del ultraderechista. La CGT anunció después del mediodía una huelga para el 24 de enero. Ese día volverán a poner a prueba el protocolo de control de protestas implementado para prohibir los cortes de calles. Ya lo hicieron este miércoles cuando más de 20.000 personas, según los organizadores, escenificaron la primera demostración de fuerza de los sindicatos. Fue inevitable que los asistentes pisaran el pavimento por el tamaño de la convocatoria y la movilización acabó en tensión.

“¡Poné la fecha! ¡Poné la fecha!”, se escuchó durante la concentración de este miércoles. La exigencia estaba dirigida a las centrales obreras, a quienes los manifestantes les reclamaban que llamen a un paro general. Los sindicatos han estado “midiendo el termómetro”, según señalaron fuentes de organizaciones a este periódico, y definiendo sus estrategias con prudencia. Rodolfo Aguiar, secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, que integra la CTA, valoró antes del anuncio del paro general que “las condiciones para una huelga están configuradas”.

“Los trabajadores esperan que sus representantes sean capaces de unir fuerzas y esperamos que los dirigentes centrales estén a la altura de las circunstancias”, instó Aguiar, quien señaló a EL PAÍS que “el tiempo corre a favor de Milei” porque el decreto de necesidad de urgencia impuesto por el ultraderechista entra en vigor el viernes. El paquete de reformas puede ser frenado en el Congreso o en los tribunales, pero mientras eso no ocurra, las medidas serán leyes. Además, la ley ómnibus empezará a ser tratada por el Congreso en sesiones extraordinarias.

Para partidos y movimientos de izquierda el llamado a una huelga era acuciante. El miércoles apoyaron la manifestación, pero desde otro lugar de la plaza, en una columna independiente. “Vinimos a reclamar el paro nacional y el plan de lucha, que es lo que corresponde con la gravedad de la situación”, aseguró durante la concentración Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. Para Guillermo Kane, legislador y dirigente del Partido Obrero, la marcha no fue más que “simbólica”. “Necesitamos una acción de fondo”, exigió el político. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajadores”, señaló el legislador.

Diferentes organizaciones, movimientos y partidos políticos ya avisaron de que seguirán movilizándose ante medidas que consideran un “avasallamiento” de sus derechos. No solo en las calles. En las últimas semanas, diferentes sectores —organizados y vecinos autoconvocados— han celebrado asambleas en todo el país, cacerolazos y ollas populares para ofrecer comida a las personas que la necesitan. El Gobierno del ultraderechista tiene enfrente una larga temporada de movilizaciones y resistencia, pero también se muestra confiado del respaldo que le dieron las urnas.

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