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Un escándalo de espionaje ilegal envenena la campaña por la presidencia en Argentina

La detención de un expolicía con información de un millar de políticos, jueces y líderes sociales salpica al peronismo a menos de dos semanas de la segunda vuelta

José Pablo Criales
Ariel Pedro Zanchetta
Ariel Pedro Zanchetta, antiguo agente de la policía federal, en una imagen difundida en redes sociales.

Una investigación sobre un expolicía detenido desde hace cinco meses por espiar a dos jueces ha destapado un megaoperativo de vigilancia ilegal en Argentina. Según el Ministerio Público Fiscal, Ariel Pedro Zanchetta, antiguo agente federal que trabajó durante 25 años en la policía, vigiló, recopiló datos privados y armó carpetas con información personal de un millar de figuras públicas que incluyen desde el presidente, Alberto Fernández, y los dos candidatos a sucederle, a otros 50 funcionarios públicos de primera línea, jueces, periodistas, líderes sociales, jefes sindicales, dirigentes deportivos y artistas. Zanchetta había sido arrestado a finales de junio pasado acusado de participar en el hackeo a los teléfonos de dos jueces de la Corte Suprema. Esta semana, la fiscalía ha pedido ampliar la indagatoria en su contra por sospechas de que el expolicía trabajó unos años como agente no declarado de la Inteligencia estatal durante el Gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015).

La trama ha estallado a menos de dos semanas de que los argentinos elijan a su próximo presidente en la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre. Y ha ensuciado al peronismo que espera mantenerse en el Gobierno. Según la investigación de la fiscalía federal, Zanchetta tenía vínculos con dos funcionarios peronistas cercanos a Kirchner: un diputado nacional y un actual directivo de la agencia tributaria del Estado (AFIP), que fue uno de los líderes de la agrupación La Cámpora, los militantes más fieles de la expresidenta.

Al diputado, Rodolfo Tailhade, Zanchetta le ofreció enviarle una conversación entre jueces, fiscales, directivos de medios y políticos opositores al peronismo que debatían cómo difundir una versión falsa con la que contrarrestar la denuncia por dádivas vinculada a un viaje pagado que realizaron a la Patagonia. Pasó en diciembre pasado, mientras Cristina Kirchner esperaba una sentencia por corrupción. Varios medios locales publicaron los mensajes, que dieron aire a Kirchner para clamar contra un supuesto uso político de la justicia en su contra. El diputado implicado defendió este miércoles por la mañana que sí había recibido la oferta de Zanchetta, pero que la filtración ya era pública para el momento en el que le llegaron los mensajes. “No tengo la menor idea de quién es, nunca le pedí información, nunca le compré nada”, dijo el diputado en una entrevista radial. “Le atendí el teléfono una vez porque me dijeron que era periodista”, agregó.

Zanchetta, que según la investigación dejó de trabajar para la Agencia Federal de Inteligencia en algún momento de 2015, se presentaba como periodista y publicaba parte de la información que recopilaba en un medio digital que se enfocaba en información local de Junín, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires a tres horas en coche de la capital. Esta pista ha complicado más al otro político implicado. Según los fiscales, Zanchetta “reportaba” ante Néstor Fabián Rodríguez, que antes de trabajar en la agencia tributaria fue subsecretario de Coordinación de Medios en la provincia de Buenos Aires. Rodríguez, dicen los fiscales, pidió a Zanchetta investigar a la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y le pagó con dinero público disfrazado como espacios publicitarios en su página web. La vivienda y la oficina de Rodríguez fueron allanadas este martes y se secuestraron una veintena de computadoras y teléfonos.

Zanchetta tenía información sobre políticos opositores como Patricia Bullrich, excandidata presidencial por el partido del expresidente Mauricio Macri; Horacio Rodríguez Larreta, alcalde saliente de Buenos Aires y precandidato presidencial; el gobernador de la provincia norteña de Jujuy, Gerardo Morales, la diputada Elisa Carrió, una de las líderes de la oposición; y el ultraderechista Javier Milei, candidato a las presidenciales el próximo 19 de noviembre. Pero también tenía en carpeta a muchos peronistas: desde el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, y el actual presidente Fernández, hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el dirigente social y precandidato presidencial, Juan Grabois, e incluso Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta, diputado nacional y dirigente de La Cámpora.

“Massa nos espía usando la AFIP”, denunció Patricia Bullrich en sus redes sociales. Milei, que la ha tomado como aliada ante la segunda vuelta presidencial, compartió su mensaje y se presentó como querellante en la causa. El peronismo se ha mantenido en silencio, pero algunas voces han saltado ya para denunciar el “oportunismo” de la revelación sobre el final de la campaña electoral. “Todavía no me explico cómo puede ser k [ por kirchnerista] un espía que espía más a los k que a los no-k ni cómo puede estar contratado por La Cámpora un espía que espía al principal dirigente de La Cámpora”, se quejó en redes Juan Grabois. “Lo que está más claro que el agua es que el Poder Judicial, las fuerzas y los servicios de inteligencia se venden al mejor postor”.

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Sobre la firma

José Pablo Criales
Es corresponsal de EL PAÍS en Buenos Aires. Trabaja en el diario desde 2019, fue redactor en México y parte del equipo de la mesa digital de América. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Austral y máster de Periodismo UAM / EL PAÍS.

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