Argentina juzga a cinco miembros de la Prefectura Naval por la muerte a tiros de un joven mapuche en 2017

Un tribunal argentino ha empezado este martes el juicio contra cinco miembros de una fuerza especial de la Prefectura Naval por el asesinato de un joven mapuche en 2017. Rafael Nahuel, de 22 años, murió por un disparo en la espalda el 25 de noviembre de ese año, durante un operativo de desalojo en una zona ocupada del parque nacional Nahuel Huapi, en el noroeste de la Patagonia argentina. Los oficiales son acusados de homicidio agravado por el uso de armas de fuego y con exceso en la legítima defensa. La querella, en la que participa la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno, intentará probar que los oficiales no actuaron en legítima defensa y que cometieron un asesinato durante una persecución cuando los miembros de la comunidad que se buscaba desalojar ya habían abandonado la zona. El tribunal escuchará a un centenar de testigos durante dos meses.

El juicio por la muerte de Rafael Nahuel devuelve a la agenda una agria disputa territorial que lleva casi seis años en uno de los paraísos turísticos de Argentina. Comenzó en noviembre de 2017, cuando la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu anunció la “recuperación” de unas 10 hectáreas de tierra dentro del parque nacional a orillas del Lago Mascardi, 35 kilómetros al sur de la ciudad de Bariloche, y dos semanas después un juez federal pidió su desalojo tras la denuncia de “usurpación” de la autoridad de Parques Nacionales. La Prefectura Naval desplegó un violento desalojo en el que 300 agentes echaron de allí a los mapuches, pero quedó un pequeño grupo de resistentes. El 25 de noviembre, con el conflicto escalando, dispararon las balas de plomo que mataron a Rafael Nahuel e hirieron a dos de sus compañeros.

La represión fue un sacudón para el país, que entonces velaba el cuerpo de otro muerto durante la persecución policial a los mapuches. En agosto, el artesano Santiago Maldonado desapareció cerca del río Chubut, un poco más al sur, durante la huida de otro desalojo. Maldonado, que se había unido a la causa indígena por solidaridad, se arrojó al río mientras los gendarmes perseguían a su grupo en una estancia privada del multimillonario italiano Carlo Benetton. Las autoridades tardaron más de dos meses en dar con su cuerpo, y su búsqueda fue la primera gran crisis política del Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri.

A comparación del silencio que envolvió los primeros meses del caso Maldonado, el Gobierno defendió sin matices el actuar de la Prefectura en Villa Mascardi. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy candidata para las presidenciales de octubre, aseguró que los mapuches habían atacado primero con armas gruesas y defendió a los oficiales que dijeron haber hecho “disparos disuasorios” para desalojar al grupo. “Fue una acción legal y legítima frente a una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz”, dijo Bullrich dos días después, el 27 de noviembre. El Gobierno impulsó la versión de que hubo un enfrentamiento y la fiscalía, según los delitos imputados a los agentes, siguió esa versión.

Los agentes Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Sergio Damián García y Juan Ramón Obregón son procesados por “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”. El primero como autor y los otros cuatro como partícipes necesarios. La querella buscará que se procese a los cinco como coautores del homicidio.

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