Un peritaje caligráfico establece que ‘los cuadernos de la corrupción’ argentina fueron manipulados

Entre el 31 de julio y el 1 de agosto de 2018, la Justicia de Argentina ordenó la detención de exaltos cargos del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de directivos de empresas de obra pública y energía. Eran sospechosos de participar en una trama de recaudación de sobornos cuyas operaciones fueron registradas minuciosamente en cuadernos por Oscar Centeno, un chófer de altos funcionarios kirchneristas. Esos cuadernos se convirtieron en el epicentro de la causa por corrupción más importante de Argentina. Cinco años más tarde, sin embargo, el proceso judicial está empantanado y no hay fecha para el inicio del juicio. El último revés ha sido un peritaje caligráfico oficial que confirma que los cuadernos fueron alterados.

Según la pericia, la letra de las sobreescrituras encontradas en el cuaderno es de Jorge Bacigalupo, un policía retirado de 77 años que tuvo en su poder los cuadernos de Centeno antes de entregárselos al periodista de La Nación que destapó el caso, Diego Cabot. Los peritos de la división de scopometría de la policía científica certificaron la existencia de “leyendas agregadas y enmendadas” en varios de los cuadernos. Tras el resultado del análisis caligráfico, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el allanamiento de la vivienda de Bagacilupo y el análisis de computadoras y teléfonos celulares del acusado. El peritaje forma parte de una causa paralela impulsada por uno de los empresarios imputados en la supuesta trama de corrupción, Armando Loson.

La fiscal que investigó los cuadernos, Fabiana León, considera que la causa paralela en manos de Martínez de Giorgi es parte de un ataque político que busca debilitar la prueba para evitar que la expresidenta y los demás imputados se sienten en el banquillo de los acusados. Por el contrario, el kirchnerismo sostiene que la manipulación detectada en los escritos es una muestra más de la persecución política y judicial contra la actual vicepresidenta de Argentina.

La causa avanza con lentitud, torpedeada por la falta de recursos judiciales y los numerosos recursos interpuestos por los abogados de los 239 imputados. Entre ellos sobresale Kirchner, acusada de encabezar una asociación ilícita que cobraba sobornos constructoras y empresas energéticas a cambio de contratos estatales. Centeno anotó en sus cuadernos los supuestos viajes que realizó a lo largo de diez años con bolsos cargados de dinero sucio entre los domicilios de empresarios pagadores y funcionarios cobradores. El chófer escribió direcciones, nombres de ministros, secretarios, empresarios y, en varias ocasiones, el de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Entre 2018 y 2019, una treintena de empresarios aceptaron declarar como arrepentidos a cambio de beneficios judiciales. Dijeron en voz alta lo que era un secreto a voces: la obtención de licitaciones de obras o la extensión de concesiones de peajes y transporte público requerían a menudo como contrapartida la entrega de una comisión o una suma fija que iba a parar a los bolsillos de los funcionarios corruptos. El impacto en la política argentina fue comparable al Lava Jato brasileño.

Sin embargo, a partir de 2020, con el peronismo de nuevo en el poder, la causa se ralentizó. Altos cargos que estaban presos obtuvieron el beneficio de arresto domiciliario y los empresarios investigados dejaron de colaborar con la justicia como lo habían hecho unos meses antes.

A cinco años del escándalo, el Tribunal Oral Federal 7 a cargo del juicio está colapsado. En febrero, los jueces solicitaron refuerzos a la Corte Suprema que no han llegado. “Se han recepcionado en el Tribunal un total aproximado de 240 cajas con documentación y efectos, advirtiéndose que aún no se ha completado la elevación en todos los expedientes”, advirtieron los magistrados cinco meses atrás. El peritaje conocido este lunes dilatará de nuevo el arranque del juicio que más complica a Kirchner.

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