La provincia argentina de Jujuy arde por una reforma constitucional exprés

En Argentina es muy difícil aprobar reformas impopulares por la tradición de lucha callejera de la población. En la provincia norteña de Jujuy, fronteriza con Bolivia, las protestas en contra de la modificación de la Constitución provincial han ido in crescendo hasta explotar este martes. La Legislatura jujeña tenía previsto jurar la nueva Carta Magna por la tarde de este día feriado, pero el gobernador conservador Gerardo Morales lo adelantó a la mañana para evitar incidentes que lo impidiesen. La reacción fue furibunda. Una multitud se congregó en los alrededores del edificio legislativo en rechazo a la reforma del texto y algunos manifestantes derribaron vallas, arrojaron piedras y cócteles molotov. Morales ordenó reprimir a los violentos con gases lacrimógenos y balas de goma y se desató una batalla campal transmitida en vivo por la televisión nacional.

Al menos 40 personas resultaron heridas, entre ellas un manifestante internado en estado de grave por el estallido de una cápsula de gas en la cabeza. Además, un total de 17 personas fueron detenidas por su participación en los disturbios. Jujuy es hoy una provincia en llamas y no hay signos de que las protestas vayan a cesar en los próximos días. Los sindicatos convocaron a una huelga general para mañana en toda la provincia.

La represión fue criticada con dureza por referentes peronistas y de izquierda de Argentina y también por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un comunicado, la CIDH se mostró preocupada por “las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy, una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida” y solicitó respetar el derecho a la libre expresión y a los estándares interamericanos del uso de la fuerza.

Jujuy acapara el interés informativo de Argentina en plena campaña electoral. Morales, integrante de la coalición conservadora Juntos por el Cambio con aspiraciones presidenciales, se mantiene firme en la defensa de la reforma constitucional y acusa al Gobierno peronista de Alberto Fernández de estar detrás de “la extrema violencia que se está viviendo en Jujuy”. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cree que la responsabilidad es de Morales y le ha exigido que “pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado”.

Morales dio marcha atrás con dos artículos muy controvertidos que habían puesto en pie de guerra a comunidades indígenas que viven diseminadas en el altiplano sin contar a menudo con personería jurídica ni registros de propiedad sobre tierras que habitan desde hace siglos. Se trata del artículo 36, sobre el derecho a la propiedad privada, y el 50, enfocado en los derechos y garantías de las comunidades indígenas. Los cambios, que incorporaban “mecanismos y vías rápidas” de desalojo en los casos de ocupaciones no consentidas, dejaban en desventaja a las comunidades frente a las empresas mineras interesadas en el litio y otros recursos naturales.

Se mantiene en pie, en cambio, el recorte a las formas de protesta. La nueva Carta Magna prohíbe cortar calles y carreteras, el mecanismo más usado en la provincia en las últimas semanas de movilizaciones en contra de la reforma y a favor de mejoras salariales para los docentes. “Los violentos no nos van a torcer el brazo”, advirtió Morales, partidario de aplicar la mano dura contra los manifestantes que prohíben la libre circulación.

La discusión en Jujuy pone sobre la mesa algunas particularidades de Argentina. Una de ellas es que las peleas entre fuerzas nacionales a menudo desaparecen a escala provincial. Morales no habría logrado aprobar la reforma constitucional de Jujuy en menos de un mes sin el apoyo que ha tenido de la mayoría de legisladores peronistas jujeños. La otra es la creencia generalizada de que refleja dos modelos de país en pugna. El kirchnerismo considera que lo que vive Jujuy es un anticipo del recorte de derechos que se avecina si Juntos por el Cambio gana las elecciones presidenciales de octubre. Para la alianza opositora fundada por el expresidente Mauricio Macri es un paso en el camino para imponer “la firmeza de la ley y el orden”, en palabras de la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

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