La reforma exprés de una Constitución provincial activa las protestas en el norte de Argentina

La aprobación de una nueva Constitución provincial ha puesto en pie de guerra a Jujuy, en Argentina. La última provincia de la frontera norte del país lleva casi dos semanas de protestas que este fin de semana escalaron hasta dejar una veintena de detenidos en medio de la represión policial. Las comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales se han levantado en contra de una reforma constitucional que se ha aprobado en menos de un mes y que pasó el filtro de su convención el viernes por la madrugada a puertas cerradas.

Los organismos de derechos humanos han denunciado que la nueva Constitución no ha sido consultada con la ciudadanía, que criminaliza el derecho a la protesta e ignora la voz de los pueblos indígenas de la región frente al uso de las tierras que habitan en una zona del país que es centro de la explotación minera y del litio. La tensión no ha evitado que la nueva ley fundamental de la provincia se promulgue este martes.

La nueva Constitución de Jujuy se aprobó en apenas un mes. Los miembros de la Asamblea Constituyente fueron elegidos el pasado 7 de mayo en las mismas elecciones en las que el oficialismo retuvo el poder en la provincia. Tomaron posesión el pasado 23 de mayo. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy desde 2015 por la alianza de centroderecha liderada en todo el país por el expresidente Mauricio Macri e impulsor de la reforma, fue elegido su presidente. Había pedido un permiso especial para compaginar ambos cargos que le fue otorgado por la mayoría de su partido en el Legislativo. Morales terminó convenciendo a gran parte del peronismo local para votar su reforma, que pasó con 40 de los 48 votos posibles. Los ocho votos restantes no se contaron porque los asambleístas de la izquierda renunciaron a sus bancas.

El gobernador terminó en el ojo del huracán por dos artículos de la nueva Constitución que se conocieron cuando el proyecto salió a la luz a mediados de junio. El primero cambia el derecho a la manifestación consagrado en la constitución original de la provincia “sin permiso previo” por el derecho “a la paz social y la convivencia democrática” que prohíbe los cortes de calles, rutas y “toda perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”. Protestar en Jujuy a partir de este martes será solo posible siguiendo una reglamentación aún por definir.

Fue un golpe bajo. Desde principios de mes, Morales enfrentaba las manifestaciones de un sector de los docentes que exigen una actualización salarial para ganar más que la canasta básica, mientras la inflación anual alcanza el 114%. La semana pasada, mientras trabajadores estatales y otras organizaciones sociales se sumaban al paro indeterminado de los maestros, el gobernador amenazo con un decreto que criminalizaba sus protestas. Terminó dando marcha atrás exigiendo que los maestros vuelvan a las escuelas, pero llegó tarde. El pasado jueves por la noche, durante la que sería la última sesión para renovar la Constitución, San Salvador de Jujuy vivió una de sus protestas más grandes de los últimos años. Miles de personas se concentraron en la capital de la provincia mientras la Asamblea aprobaba la reforma durante la madrugada del viernes y a puertas cerradas.

La reforma que el Gobierno provincial promocionó como “parcial” modifica 193 de los 212 artículos de la Constitución promulgada en 1986 tras el regreso de la democracia. El artículo 36, sobre el derecho a la propiedad privada, también ha levantado críticas en la provincia, donde unas 300 comunidades indígenas viven diseminadas por todo su altiplano, muchas veces sin contar con personería jurídica ni los registros de propiedad de las tierras que habitan desde antes de la fundación del país. La modificación del derecho a propiedad, que incorpora “mecanismos y vías rápidas” de desalojo considerando una “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”, deja en desventaja a las comunidades que viven en una zona de gran explotación minera y exploración de yacimientos de litio.

Una carta firmada este lunes por 15 organizaciones de derechos humanos advierte de que la reforma “resulta incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los asuntos a ellos referidos” y viola los tratados internacionales (respaldados por la Constitución nacional) que exigen al Gobierno asegurar su participación. En una conferencia a última hora del lunes, el gobernador afirmó que este artículo sería retirado. “Tienen dudas, es legítimo y los entiendo, por eso paramos la pelota y volvemos para atrás”, dijo. El resto de la Constitución será promulgado este martes por la tarde.

Morales, que tumbó la hegemonía del peronismo en el norte de Argentina en 2015, tiene un ojo puesto en las presidenciales de octubre. Corre tercero en la interna de la centroderecha, que definirá su candidato en las primarias abiertas de agosto. No puede volver a ser gobernador de Jujuy, pero tiene asegurado el control de la provincia con su delfín electo como gobernador para los próximos cuatro años.

Ante las críticas, ha elegido acusar al Gobierno nacional y al peronismo de “fogonear” las protestas. En una entrevista radial, criticó al secretario de Derechos Humanos del Gobierno, Horacio Pietragalla, de viajar a la provincia “en un avión con ocho funcionarios para incentivar el conflicto”. Pietragalla, que había viajado a Jujuy para visitar a los detenidos durante las protestas del fin de semana, le devolvió la acusación advirtiendo que ningún funcionario de la provincia se había querido reunir con él y que la promulgación de la Constitución, prevista para el martes, “va a generar un conflicto muy grande”. “Por lo que vi de las comunidades, están dispuestas a todo porque no tienen nada que perder”, dijo. Después fue a visitar a Mijael Lamas, un joven de 17 años que perdió un ojo durante la represión del sábado. Un policía le disparó una bala de goma mientras despejaban el cruce de dos carreteras en medio del altiplano andino.

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