El avión que tensa la relación entre Venezuela y Argentina: Maduro reclama la devolución de un Boeing retenido hace dos meses

Venezuela ha reclamado con especial virulencia a Argentina la devolución del avión de la empresa Emtrasur, retenido junto a 19 tripulantes, cinco de ellos iraníes, desde el 8 de junio pasado en Buenos Aires. La tensión diplomática escaló desde que el lunes el presidente, Nicolás Maduro, advirtiese a su par argentino, Alberto Fernández, que estaba bien “arrecho [molesto] por el robo del avión en Argentina”. Este martes, empleados de las aerolíneas venezolanas marcharon hacia el Parlamento bajo el lema “devuelvan el avión”. Dentro del edificio, en una agitada sesión, el chavismo acusó a la justicia argentina de estar bajo el yugo de Estados Unidos.

“¡Nos devuelven el avión y a nuestros hermanos secuestrados!”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una sesión en la que se aprobó un acuerdo en repudio a “la intención aviesa del Gobierno de los EE UU de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado”. “Que no nos vengan con mentiras, fue un vulgar secuestro. Queremos de vuelta a nuestros compatriotas que están retenidos en Argentina sin ninguna excusa”, insistió.

El Boeing 747 Dreamliner, matrícula venezolana YV3531, está retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Pertenece a la compañía venezolana pública Emtrasur y fue adquirido recientemente a la línea aérea iraní Mahan Air. Ambas empresas están sancionadas por Washington, acusadas de prestar servicios de logística a grupos terroristas.

La justicia argentina está a la espera de que lleguen informes desde Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Aruba y República Dominicana. El juez Federico Villena, a cargo de la investigación, quiere determinar si el objetivo de algunos miembros de la tripulación era diferente al comunicado en el plan de viaje. El avión transportaba autopartes de una multinacional y la carga fue entregada, pero una denuncia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) puso el ojo sobre los cinco iraníes a bordo. Su presencia inquietó a la comunidad judía del país sudamericano, que pidió que se aclarase si tenían vínculos con algunos de los imputados por el atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA en Buenos Aires, con un saldo de 85 muertos.

Rodríguez, uno de los pesos pesados del chavismo, llamó “ladrona” a la fiscal argentina que lleva el caso y fue incluso más allá al condicionar el regreso a las negociaciones con la oposición venezolana, que empuja la comunidad internacional y llevan casi un año estancadas, a lo que suceda con el avión retenido. “No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esa. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado, Álex Saab”. Además, anunció que este miércoles se movilizarán en señal de protesta hasta la embajada de Argentina en Caracas. “No suelten los demonios, porque sí alguien sabe de calle, es la Revolución Bolivariana de Venezuela”, advirtió. Fuentes de la Cancillería argentina señalaron que no responderán a las acusaciones del Gobierno de Maduro porque consideran que están ante un asunto judicial.

Maduro apuntó el lunes con dureza contra elpresidente Fernández, a quien hasta hace poco consideraba un aliado. El venezolano avivó el fuego a la política interna argentina pidiendo el apoyo de los movimientos peronistas que integran el Ejecutivo. “¡No nos vamos a dejar robar el avión! ¡Estamos bien arrechos por el robo del avión en Argentina; ya basta de abusos; ya basta!”, expresó. Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, también cargó contra el mandatario argentino. “Nosotros no queremos ese avion dentro de cinco años, lo queremos ya porque ese avión es de Venezuela”.

El lunes de la semana pasada, el juez argentino devolvió los pasaportes a 12 tripulantes -un iraní y el resto venezolanos- pero retuvo los de los otros siete -cuatro iraníes y tres venezolanos-. Quienes recibieron el pasaporte están libres de salir del país. En un fallo de 260 páginas, difundido por la agencia estatal de noticias Telam, Villena explicó que quiere saber si “bajo la apariencia o ‘pantalla’ de una actividad lícita, parte de la tripulación estaría (…) financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbolá)” o son parte de “un plan vinculado a esa organización terrorista”. El juez se basa en el derecho que tienen los países para adoptar “medidas preventivas para reprimir la preparación de todo acto de terrorismo, considerando que el primer paso para ello es la financiación”.

Se trata de una cuestión extremadamente delicada en Argentina, país donde se produjeron dos atentados terroristas contra la comunidad judía: dos años antes de la voladura de la AMIA, un coche bomba derrumbó el edificio de la Embajada de Israel en Buenos Aires y mató a 22 personas. Un informe reciente del servicio de inteligencia israelí, el Mosad, detalla cómo Hezbolá preparó ambos ataques desde el territorio, con personas enviadas especialmente a Argentina por la organización terrorista.

El juez espera, mientras tanto, la información que pidió a terceros países. De Uruguay quiere saber por qué impidió el aterrizaje del vuelo de Emtrasur cuando ya había autorizado la ruta; A Venezuela le pidió datos sobre la bajada y subida de pasajeros en las diferentes escalas del vuelo previo a su aterrizaje en Buenos Aires; a Aruba y República Dominicana les solicito detalles sobre el paso del avión por sus territorios. Hasta ahora solo ha recibido respuesta de Estados Unidos. El FBI entregó un documento “respecto de la asociación del ciudadano iraní Gholamreza Ghasemi (piloto del avión de Embratur) a los grupos terroristas designados, las Fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC¬QF) y Hezbolá”, escribió el juez en su fallo.

El Gobierno de Estados Unidos ha sido el más activo en esta causa. Un tribunal de Columbia pidió a Argentina la confiscación del avión por la presunta violación a las leyes de exportación. El Boeing 747 es de origen estadounidense y su transferencia desde la empresa iraní Mahan Air a la venezolana Emtrasur involucra a dos empresas que Washington considera prestadores de logística a organizaciones terroristas.

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