Rodrigo Paz recorta un 30% el gasto público y elimina impuestos para paliar la crisis en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este martes que recortará en un 30% el gasto público del Estado en 2026 y que pedirá a la Asamblea la eliminación de cuatro impuestos, entre ellos el que grava a las grandes fortunas. El Gobierno también pagará a proveedores del Estado deudas de hasta tres años. A dos semanas de asumir un nuevo Gobierno, las medidas eran esperadas con ansias por una población necesitada de alivio ante la inflación y la escasez de divisas generada en gran medida por la subvención —todavía vigente— a los hidrocarburos, que ha disparado el déficit fiscal.

Paz no detalló donde pasará la podadora al gasto, sino que se refirió en general a la necesidad de “reordenar gastos insulsos del Estado”. Su ministro de Economía, Gabriel Espinoza, que lo acompañó en la rueda de prensa, dio más precisiones: “Hemos pedido a la Cámara de Diputados que nos devuelva la ley de presupuesto de 2026 para modificarla, reduciendo agresivamente el gasto corriente que no le llega a la gente. No tiene nada que ver con los servicios básicos ni con la infraestructura, sino con eliminar la grasa del Estado”. Según Espinoza, ese 30% que se desea recortar equivale a cuatro puntos porcentuales del PIB. Como parte de esa política se redujo el número de ministerios de 17 a 14.

En cuanto a la derogación de impuestos, el objetivo es reactivar al sector privado (la Confederación de Empresarios Privados se apresuró en aplaudir la decisión) y presentar una normativa tributaria más atractiva para los inversores extranjeros. Se han propuesto proyectos de ley al Parlamento que proponen eliminar el tributo a las grandes fortunas, al juego, a las transacciones financieras y a las promociones empresariales. Paz comentó sobre el primero: “Ahuyentó más de 2.000 millones de dólares que se fueron a países vecinos como Paraguay. Estos son los impedimentos que no generaron ningún retorno al país”. Una ley de 2020 establecía que las personas que posean un patrimonio mayor a cuatro millones de dólares debían pagar un impuesto especial.

Espinoza sostuvo que los cuatro impuestos a eliminar no representan ni el 1% de la recaudación fiscal. “Ni siquiera alcanzan a cubrir el costo administrativo de su recaudación”. El ministro se quedó solo respondiendo las preguntas después de que Paz se retirara tras su intervención, alegando una reunión “con una de las multilaterales”. Antes, aseguró que están en camino 550 millones de dólares como parte del crédito de 3.500 millones que negoció para Bolivia con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Las preguntas en la conferencia de prensa cuestionaron, en su mayoría, el atraso en eliminar la subvención a la gasolina y el diésel, así como el establecimiento de un nuevo tipo de cambio, promesas de campaña que —se esperaba— se implementarían en los primeros días. En Bolivia existe un tipo de cambio fijo desde 2011 que establece 6,96 bolivianos por dólar. Sin embargo, el desbalance entre demanda y oferta ha creado un mercado informal o paralelo donde el dólar cotiza a 10,40 bolivianos. Al ser Bolivia un país marcadamente importador, aumentaron los precios de productos y servicios.

“Sería demasiado irresponsable arrancar con medidas de ese tipo cuando todavía tienes un proceso inflacionario. Estamos trabajando antes en levantar las trabas al sector productivo; está por salir un paquete de decretos que está siendo trabajado”, respondió Espinoza.

Estas son las primeras políticas concretas del gobierno de Paz, que asumió el pasado 8 de noviembre. Los primeros días como mandatario estuvieron destinados a realizar visitas oficiales para conseguir préstamos o reabrir relaciones, como con EEUU. Pero, sobre todo, a acumular denuncias sobre una supuesta serie de irregularidades del anterior gobierno dentro de las instituciones públicas.

Casi ninguna de las empresas estatales ha quedado al margen del dedo acusador: se han anunciado al menos diez “comisiones de la verdad” para profundizar investigaciones de corrupción en la empresa petrolera, la de carreteras, telecomunicaciones o litio, por mencionar algunas. Paz incluso se animó a dar un dato de un “desfalco de hasta 15.000 millones de dólares” y afirmó haberse encontrado con un “Estado cloaca”.