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Escándalo en Venezuela por un concierto multitudinario de Romeo Santos organizado desde la cárcel

El fiscal general, Tarek William Saab, ha anunciado una investigación penal en contra de los organizadores del recital en un aeropuerto militar y el director de la prisión que lo permitió

Romeo Santos en su concierto celebrado en junio en el WiZink Center de Madrid.
Romeo Santos en su concierto celebrado en junio en el WiZink Center de Madrid.Ana Báez (EFE)

La organización de un recital del artista estadounidense-dominicano Romeo Santos, el pasado domingo, en el aeropuerto militar de La Carlota, en el este de Caracas, ha generado un escándalo de proporciones mayúsculas en Venezuela, una vez que se supo que uno de los responsables de la empresa que producía el evento llevaba tiempo preso por delitos de narcotráfico, y organizó la velada desde la cárcel.

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció un día después del malogrado concierto un procedimiento legal “para investigar y sancionar” a Panteras Entertainment y Global Boletos Venezuela, dos de las empresas vinculadas a la organización de la actividad, “por agraviar y abusar de la buena fe de la fanaticada del cantante Romeo Santos”, quienes tuvieron que esperar casi seis horas, luego de haber pagado su entrada, hasta ver al artista actuar.

No se ha informado de las causas del prolongado retardo, circunstancia que dinamitó el malestar y desencadenó la investigación. La Fiscalía anunció que identificó a Francisco Ugueto como director de la firma Panteras Entertainment Venezuela, y a Eduardo Valera y Giuseppe Morreale, como los dueños de Global Boletos Venezuela. También a Néstor Nieves, del Grupo ADG Global Mindt, la empresa que recibiría el dinero de la boletería.

El Ministerio Público se encuentra ahora tramitando las medidas de prohibición de enajenar o gravar bienes a estas personas y sociedades mercantiles, y la inmediata inmovilización de los activos incautados para proceder a imputarlos. Saab informó que las pesquisas adelantadas por su despacho identificaron a Juan Carlos Araujo, un empresario que está preso acusado de narcotráfico, por años fue copropietrario de la conocida compañía Solid Show, y quien, presuntamente, fue uno de los responsables en la contratación de Santos en Caracas.

De acuerdo con lo afirmado por Saab, las acusaciones de la Fiscalía incluyen a Argenis Guerra, director del penal El Rodeo, donde permanece recluido el empresario -uno de los que no ha sido intervenido por las fuerzas militares en estas semanas- , por permitir a Araujo organizar el encuentro internacional.

Araujo había sido detenido en 2020 luego de que una aeronave de su propiedad fuera confiscada con 459 kilos de cocaína en la República Dominicana. Saab agregó que Solid Show, la empresa de Araujo, que ha organizado muchos conciertos en el pais, “ha sido usada para legitimar capitales del narcotráfico en el pasado.”

Las cosas se salieron de su cauce durante la misma noche del concierto, que fue programado para las ocho de la tarde y terminó comenzando cerca de las cuatro de la madrugada, sin mayores explicaciones y con muchas disculpas, ya con mucha gente molesta y retirada del recinto. Primero se había informado que el retardo de Santos obedecía a que su vuelo, procedente de Aruba, había sido sometido a intensos controles.

Hora después de la espera, ya en plena tarima, el propio Santos se disculparía con sus fans, argumentando que, por respeto a sus oyentes, jamás ha incurrido en un retardo de ese tipo “en 25 años de vida artística”, responsabilizando a sus organizadores de lo sucedido. “Esta ha sido una irresponsabilidad y una falta de respeto, con ustedes, con mis músicos, mis técnicos y este servidor”.

Ubicado en el este de Caracas, el aeropuerto de La Carlota es una importante base militar en la que ocasionalmente se organizan actividades musicales que tienen una convocatoria particularmente extensa. Dentro de sus instalaciones se encuentra la Comandancia General de la Aviación Militar y el Parque Bolívar.

El equívoco en torno al concierto de Santos y las consecuencias penales que arroja han dejado un profundo malestar en la opinión pública venezolana, particularmente en las redes sociales, y en esta ocasión ha incluido a algunas individualidades cercanas al chavismo, que se han distanciado de lo sucedido con duras críticas.

La reacción más extendida es la incredulidad a propósito del hecho de que un concierto internacional con tantos recursos de por medio se organice desde una cárcel, en las narices de las autoridades y en un sitio que pertenece a las Fuerzas Armadas venezolanas.


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