La Corte Suprema declara “inconstitucional” el contrato minero que provocó masivas protestas en Panamá

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Este martes, el día en el que Panamá celebra 200 años de independencia, los panameños se despertaron con la noticia de que la Corte Suprema declaró “inconstitucional” la polémica ley 406 por unanimidad. La normativa, aprobada el 20 de octubre, permitía la concesión por 20 años prorrogables a la filial de First Quantum Minerals, una empresa canadiense, que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica desde 1997. Los impactos ambientales y la escasa discusión social previa desataron protestas masivas durante más de un mes. Miles de manifestantes paralizaron el país pidiendo el cierre de la empresa, ubicada en un espacio protegido.

Con la decisión de los tribunales, esta ley queda “expulsada del sistema normativo”, según informó la presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias. “Esta es otra independencia igual de importante”, explica Serena Vamvas, activista ambiental. “Estamos festejando la independencia de otro enclave colonial que nos estaban colocando. Pero el poder emana del pueblo”, aseguró.

Por su parte, el presidente Laurentino Cortizo escribió en su cuenta de la red social X —antes Twitter— que recibe y acata la decisión de la Corte Suprema. “Reitero a mi país mi total convicción sobre el valor de la justicia como columna vertebral de la democracia”, escribió. First Quantum Minerals asegura haber “escuchado el clamor popular” e informa en un comunicado que se mantendrá atenta al “diálogo constructivo” para definir el curso que también satisfaga “los intereses y expectativas legítimas que emergen de una inversión realizada con buena fe en Panamá”. La firma ha recordado también que cuenta con una plantilla de más de 7.000 empleados y que, según el comunicado, aporta 50 millones de dólares semanales. En cuanto a los daños medioambientales y la falta de transparencia que han denunciado las organizaciones de la sociedad civil durante años, la empresa lo niega todo y asegura que la firma del contrato fue el resultado de un proceso de negociación “largo y transparente” con el objetivo de “fomentar beneficios económicos mutuos, garantizar la protección del medio ambiente y el apoyo a la conservación de la biodiversidad”.

El fallo de la Corte atiende a dos demandas admitidas a trámite (de las decenas presentadas). Una de ellas fue interpuesta por el abogado Juan Ramón Sevillano Callejas, y va en contra del artículo 1 de la ley, que se refiere a la aprobación o desaprobación en la Asamblea Nacional de Panamá, en los contratos que el Estado sea parte o tenga interés, pero cuya celebración no esté reglamentada previamente, entre otras consideraciones, según la gaceta oficial con la ley. La otra demanda fue presentada por la abogada activista Marta Cornejo, una de las caras más reconocidas en las protestas contra el extractivismo minero en el país. “Seguiremos vigilantes”, anunció a medios locales, rodeada de decenas de manifestantes que ondeaban banderas panameñas, celebraban y rezaban a puertas de la Corte.

Se espera que esta decisión ponga fin a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato que ha dejado cuatro muertos, varios heridos, un paro docente -que dejó sin clases en el último mes a cerca de 800.000 estudiantes- y un descalabro económico por los bloqueos de vías liderados por grupos indígenas y sindicatos. Esta es la mayor protesta pacífica del país de las últimas décadas, a pesar de que la respuesta policial fue tildada de “excesiva” por la Defensoría del Pueblo. Tras el fallo de la Corte, varios ciudadanos han empezado a desbloquear todas las vías cerradas por las protestas. “¡Ganamos!”, se dicen unos a otros.

Dos días antes de conocer la resolución de la Corte, el ministerio de Comercio e Industrias de Panamá contó en sus redes que las empresas First Quantum Panamá, Minera Panamá y Franco-Nevada Corporation habían enviado dos notificaciones de intención de presentar demandas arbitrales contra la República de Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. “Panamá afirma que ha cumplido con todas sus obligaciones bajo el derecho internacional y el derecho panameño y está preparada para defender los intereses nacionales”, concluía el comunicado. La compañía minera respondió la noche del lunes al comunicado, asegurando que el objetivo de la notificación era “meramente cumplir con formalidades” con el propósito de abrir un periodo de diálogo de al menos 90 días. Esta petición de diálogo fue tildada por Cornejo como “una total falta de respeto a la normativa panameña”. “No se va a negociar absolutamente nada con ninguna minera. No se pueden dar concesiones nuevas”, dijo a medios locales.

Aunque se trata de un proyecto minero que comenzó a funcionar en 1997, el contrato fue declarado como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017 por fallas en el debido proceso. Con la firma del nuevo contrato ley en octubre, el Gobierno obvió esta decisión y dio carta libre para seguir explotando la mina hasta por 40 años más. El miedo de la ciudadanía es que esta resolución vuelva a ser ignorada. “En 2017, tardaron casi cuatro años en incorporarla a la gaceta oficial”, denuncia Vamvas. “Tenemos que seguir vigilantes, pero esta es la victoria del pueblo”.