Lecciones del desarrollo de infraestructura en el primer cuarto del siglo XXI

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Con la llegada de 2026, ha transcurrido ya el primer cuarto del siglo XXI, y el balance en materia de infraestructura en América Latina y el Caribe muestra avances indiscutibles, pero también retos persistentes. En estas dos décadas y media, la región ha logrado expandir significativamente su infraestructura física y digital. La puesta en marcha y ampliación de sistemas de metro y transporte masivo en varias ciudades, por ejemplo, o la modernización de redes energéticas y la llegada de tecnologías como el 5G, son buena muestra de ello.

Estos avances son el resultado de decisiones en política pública, marcos regulatorios, modelos de financiamiento y aprendizajes acumulados. Pero no debemos dejar de preguntarnos qué ajustes conceptuales, institucionales y financieros serán necesarios para enfrentar los desafíos de los próximos 25 años.

A comienzos de los años 2000, el debate sobre infraestructura se centraba en su rol como insumo productivo esencial para reducir costos de transacción, integrar mercados y acelerar el crecimiento económico. La premisa dominante era que, mediante la inversión sostenida en transporte, energía, agua y telecomunicaciones, sería posible cerrar brechas territoriales y habilitar nuevas oportunidades de desarrollo. En este contexto, la banca de desarrollo asumió un rol central en la corrección de fallas de mercado, a través del financiamiento de largo plazo, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento institucional.

Entrando en la década de 2010, junto con la continuidad de la visión de expandir la inversión y movilizar recursos financieros, comenzó a consolidarse una visión más amplia del desarrollo asociada a la noción de prosperidad compartida.

Bajo este enfoque, el desarrollo dejó de entenderse exclusivamente como el aumento del ingreso promedio y pasó a concebirse como la capacidad de asegurar que los beneficios del crecimiento llegaran efectivamente a la mayoría de la población y contribuyeran a reducir desigualdades persistentes. Para este momento, la banca de desarrollo y los organismos multilaterales reforzaron su rol como proveedores de financiamiento de largo plazo, mitigadores de riesgo y catalizadores de inversión en sectores donde el mercado no llegaba por sí solo.

Sin embargo, desde la economía institucional y la literatura sobre capacidad estatal se advirtió que la infraestructura no depende únicamente de la decisión de invertir ni del acceso al financiamiento. Como plantea Mikhail Chester, “la infraestructura no es simplemente concreto y acero, sino una expresión de decisiones de gobernanza, prioridades sociales y tolerancia al riesgo”. En este sentido, la infraestructura no solo conecta territorios, sino que también revela qué grupos son priorizados, qué riesgos se internalizan y cuáles se trasladan a la sociedad.

Además, la evidencia mostró que el impacto de las inversiones dependió menos del volumen de recursos movilizados y más de la calidad de la planificación, la coordinación interinstitucional y la capacidad de ejecución, poniendo en tensión el rol tradicional de los bancos como meros financiadores y reforzando la necesidad de una participación más activa en el acompañamiento institucional para que la promesa de prosperidad compartida se tradujera en resultados efectivos sobre el bienestar.

La pandemia de covid constituyó un punto de quiebre. Desde una perspectiva keynesiana, la infraestructura recuperó protagonismo como herramienta contra cíclica para sostener el empleo y la actividad económica. Al mismo tiempo, la crisis expuso vulnerabilidades profundas en sistemas diseñados bajo supuestos de estabilidad, evidenciando que, cuando una red falla, los impactos se propagan rápidamente sobre otras dimensiones económicas y sociales.

Este episodio reforzó una lección central para la banca de desarrollo: financiar infraestructura ya no puede limitarse a cerrar brechas físicas ni a asegurar el cierre financiero de proyectos. En línea con esta visión, y con el énfasis creciente en crecimiento inclusivo, la infraestructura debe concebirse como un sistema complejo, orientado explícitamente a la resiliencia, la inclusión y la equidad intergeneracional.

Al cierre del primer cuarto de siglo, la pregunta ya no es si la infraestructura impulsa el desarrollo —algo ampliamente documentado—, sino en qué condiciones institucionales, financieras y de gobernanza puede cumplir la promesa de prosperidad compartida planteada hace más de dos décadas. La experiencia reciente sugiere que, sin Estados capaces y sin una banca de desarrollo dispuesta a actuar como socio estratégico —más allá del financiamiento—, la infraestructura corre el riesgo de reproducir desigualdades y vulnerabilidades estructurales.

En este sentido, el verdadero balance del periodo 2000–2025 no se mide por la cantidad de proyectos ejecutados, sino por la capacidad de aprender de las crisis —en particular de la pandemia— y redefinir el vínculo entre infraestructura, banca de desarrollo y ciudadanía. Solo así la prosperidad compartida dejará de ser una aspiración recurrente y podrá convertirse en un resultado observable y sostenible.

Desde CAF tenemos claro este propósito de promover acuerdos y fortalecer la capacidad de ejecución en materia de infraestructura. Por eso, la semana pasada, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Ciudad de Panamá, se evidenció por qué hoy la infraestructura exige algo más que “cierre financiero”: también requiere articulación política, coordinación institucional y construcción de confianza. El encuentro reunió a más de 6.500 líderes de 70 países, con siete jefes de Estado y un presidente electo, más de 30 delegaciones oficiales, 50 paneles y más de 400 reuniones bilaterales, consolidándose como uno de los espacios regionales más grandes de los últimos años.

Y nuestro mensaje de fondo fue aún más claro: si la región quiere convertir sus ventajas en prosperidad compartida, necesita que esa agenda se traduzca en decisiones que conecten gobernanza, productividad y ciudadanía. En la conversación pública del foro se insistió en la urgencia de una agenda común de integración y, en paralelo, se discutieron desafíos concretos como el salto digital y la adopción de inteligencia artificial (con foco en talento, ciberseguridad y confianza), así como la necesidad de diversificar e integrar la estrategia productiva y comercial en un entorno global cambiante. Ese es, quizás, el aprendizaje más valioso para el siguiente tramo del siglo: que la infraestructura del futuro —física y digital— se construye tanto con proyectos como con instituciones capaces de sostenerlos.