Las comunidades indígenas piden en la COP una transición justa y no convertirse en zona de sacrificio

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Una fila de personas aguardaba en la cima de la isla Yarina, en Perú, la llegada de la flotilla amazónica. Desde el barco, se los veía como una pequeña hilera. Pero, mientras se acercaban, los mensajes que sostenían, cada vez cobraban más sentido. “Transición energética justa y vinculante”; “sin justicia racial no hay justicia climática”; y “los planes de transición energética deben respetar derechos y territorios de pueblos indígenas”, se leía en los carteles que alzaban adultos y niños de esta comunidad kichwa. Las palabras reflejan las demandas que deseaban que la flotilla indígena que navegó el Amazonas llevara a su destino: la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30).

La exigencia de una transición energética justa, que es uno de los focos principales de las negociaciones de este año, fue parte de las conversaciones en cada parada de la travesía de más de 3.000 kilómetros de los líderes indígenas desde Ecuador hasta Brasil. Este domingo, en su llegada a Belém para participar de las negociaciones, los más de 70 representantes de la cuenca amazónica reforzaron su intención: “La Amazonia no es un recurso para explotar”. Así lo decía Leo Cerda, líder kichwa y uno de los voceros de la flotilla frente a medios de comunicación que fueron a recibirlos. “No podemos hablar de transición energética justa, mientras abren nuevas zonas de sacrificio en nuestros territorios”, añadió.

A dos años de que se reconociera la necesidad de transicionar lejos de los combustibles fósiles en el primer balance mundial, que evaluó el avance del Acuerdo de París, y que los países se comprometieran a triplicar la capacidad de sus energías renovables al 2030, aún no hay acciones concretas para disminuir o eliminar la dependencia del petróleo en la región. A esto se suma la extracción de los conocidos como minerales de transición y la ampliación de proyectos de energías renovables, en muchos casos, sin el consentimiento previo de las comunidades afectadas.

Transición con fósiles

“Lo que estamos viendo hoy no es una transición, sino una expansión energética. Se habla de energías limpias, pero al mismo tiempo se perfora más petróleo, se abre nueva minería con minerales de transición y se imponen megaproyectos renovables sin consentimiento. Cambia el discurso, pero no cambia la estructura”, explica Nadino Calapucha, presidente de Tu Amazonía y uno de los representantes kichwa que viajó en la flotilla.

Durante la travesía, Calapucha fue uno de los encargados de promover actividades para reflexionar sobre el verdadero significado de esta transición para los pueblos indígenas y ahora, ya en Belém, participará en eventos sobre la crisis climática y la expansión de la frontera petrolera, especialmente en Ecuador.

En este país, se anunció la apertura de dos rondas petroleras a partir de finales del 2025 en la Amazonia. La primera es la Subandina y la segunda es la Suroriente, donde Gobiernos anteriores ya han intentado abrirla en el pasado sin éxito. Según la organización Amazon Frontlines, estas afectan a más de 3,5 millones de hectáreas de selva. La COP30 también coincide con la Consulta Popular de Ecuador en la que se incluye una pregunta sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

Según María Daniela Conde, viceministra de Hidrocarburos, durante el XX Encuentro Anual de Petróleo y Gas, con esta Asamblea Constituyente no habrá “una nueva ley hidrocarburífera, sino un marco de la Constitución que permita inversión adecuada y estrategia de eficiencia” para el sector petrolero. Esta consulta ha sido una de las preocupaciones de la flotilla a lo largo del viaje.

Las intenciones de Ecuador no son un hecho aislado en la región. Mientras Calapucha daba un taller sobre el rol que tendrá la eliminación del petróleo en la COP30, durante el recorrido de la flotilla, a la delegación brasileña le avisaban que su Gobierno había autorizado la explotación petrolera en la desembocadura del Amazonas. Un estudio reciente de Earth Insight revela que 31 millones de hectáreas de territorios indígenas y de comunidades locales en la Amazonia se sobreponen con bloques de petróleo y gas.

A pesar de que en el Balance Mundial de la COP28 se reconoció la necesidad de transicionar lejos de los fósiles para detener el aumento de la temperatura en el planeta, los nuevos compromisos climáticos, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), aún fallan en mencionar cómo llevarán a cabo este proceso. En el caso de Ecuador, por ejemplo, no se menciona la eliminación o reducción de la dependencia en el petróleo como parte de sus estrategias.

“Ha sido difícil incluir este tema en las NDC de la región porque varias de nuestras economías son dependientes de todo lo que está detrás de los combustibles fósiles”, explica Andrés Mogro, coordinador programático en los programas de Agua y Clima en Fundación Avina. Para el especialista, todavía hay una contradicción de estos países entre luchar contra el cambio climático y la negativa a descarbonizar los sectores que más dependen de los combustibles fósiles, como es el transporte.

Expansión no consentida

A diferencia de las escasas menciones al petróleo, las estrategias que recurren a la ampliación de las energías limpias son comunes en los seis países amazónicos que ya presentaron sus nuevos compromisos climáticos. “No se trata solo de cambiar de fuente, como pasar del petróleo o el gas a la energía solar o eólica, sino de transformar el modelo que la sostiene: quién decide, quién se beneficia y quién asume los costos”, afirma Calapucha. Entre las demandas de la flotilla consta el reemplazo de un tipo de extractivismo por otro. El mismo estudio de Earth Insight revela que 9,8 millones de hectáreas de territorios indígenas amazónicos se sobreponen con concesiones mineras.

“Hoy vemos proyectos de energía renovable instalándose en tierras indígenas sin consentimiento, repitiendo los mismos patrones de despojo del modelo fósil”, suma el representante kichwa. Una de las personas que conoce este problema es Jessica Grefa, del pueblo de Santa Clara y representante del colectivo Piatua Resiste. Este movimiento se formó tras la llegada de un proyecto hidroeléctrico que buscaba instalarse en su territorio, en la Amazonia ecuatoriana.

La comunidad denunció que el Ministerio del Ambiente había omitido los procesos de consulta previa, libre e informada para autorizar el proyecto que pretendía instalarse en el río Piatúa, considerado uno de sus sitios sagrados. En 2019, interpusieron una acción de protección y la justicia les dio la razón. Se suspendió el proyecto y se declaró la vulneración de los derechos de las comunidades y del río.

Ahora, los representantes de la flotilla buscan que sus demandas sean consideradas en el Programa de Trabajo de Transición Justa. Entre los pedidos consta establecer los plazos para la eliminación de los combustibles fósiles de manera justa, equitativa y ordenada. Para Mogro, este punto es crucial, ya que no hay un plan ante los impactos en la fuerza laboral. “Hay mercado en el sector de energía renovable, solar, eólica y más, pero los que están trabajando en el sector fósil no tienen la preparación para entrar a estos otros sectores. No hay una planificación que incluya a las personas que dependen de un sector que debería dejar de existir”, añade.

Por otro lado, entre las demandas de pueblos indígenas también está el financiamiento directo y el reconocimiento de zonas de exclusión o No Go Zones en territorios donde ya han decidido no permitir actividades extractivas, especialmente donde habitan los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), ya que allí no existe la posibilidad de obtener un consentimiento.

Para Calapucha, en estas dos semanas que dura la COP30, “está en juego si los Gobiernos tendrán la valentía de poner fin a la era fósil y asumir una transición verdaderamente justa, o si la transición seguirá siendo un discurso vacío y no una solución real”.