Mientras lee esta columna, nueve niñas y adolescentes darán a luz en América Latina y el Caribe

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Cada 20 segundos, una adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe. Anualmente, más de 1.600.000 chicas de 10 a 19 años dan a luz, cambiando para siempre el curso de sus vidas y la de sus hijos. Solo África Subsahariana registra una tasa de fecundidad adolescente más alta que la de nuestra región.

Acá la desigualdad se manifiesta de manera cruel y persistente. Por ejemplo, las adolescentes afrodescendientes tienen 50% más probabilidades de ser madres que sus pares. También hay más nacimientos entre adolescentes indígenas, de zonas rurales y comunidades con bajos ingresos. De esta manera, el embarazo en adolescentes refleja el mapa de la pobreza y la exclusión. Más aún, con adolescentes madres se perpetúa el ciclo de pobreza.

Pensemos por un momento en lo que significa para las propias adolescentes. Son millones de sueños incumplidos y vidas truncadas por el peso de una maternidad temprana, la gran mayoría no planificada ni deseada. Por el contrario, a las mujeres que postergaron la maternidad les va mucho mejor.

Los estudios que hemos llevado a cabo desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 15 países nos permitieron comparar estos dos grupos: mujeres que fueron madres entre los 10 y 19 años, y mujeres que lo hicieron a partir de los 20 años. Sus trayectorias de vida son marcadamente diferentes. Las mujeres que tienen su primer hijo en la adolescencia tienen tres veces menos probabilidades de alcanzar estudios universitarios, y sus ingresos pueden ser hasta tres veces menores que los de las mujeres que son madres a partir de los 20 años.

El embarazo en adolescentes trasciende lo individual; es el reflejo de una crisis regional de inequidad y exclusión que exige una respuesta colectiva. Tampoco es meramente una cuestión de ideologías. El evitar que niñas y adolescentes sean madres prematuramente debería atraer la adhesión, las alianzas y el esfuerzo colectivo de las sociedades, más allá de posiciones políticas. ¿Quién quiere que una adolescente deje de ir a la escuela, deje de jugar, practicar música o deportes? ¿Quién quiere que deje de abrazar la vida con todas sus oportunidades para convertirse en madre tempranamente? ¿Quién quiere que una niña muera por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el postparto? No podemos seguir siendo testigos de casos donde niñas asumen la responsabilidad de cuidar bebés.

En la investigación El precio de la desigualdad: Las consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe, combinamos análisis realizados entre 2019 y 2024 en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam. Calculamos el costo de oportunidad del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana, el cual estimamos que asciende a 15.300 millones de dólares para los 15 países estudiados. Gran parte de este costo (88%), recae sobre las propias madres jóvenes en temas como educación, ingresos, inactividad laboral y desempleo. El resto lo asume el Estado, por el gasto adicional en salud del embarazo, parto y postparto, al igual que por potenciales pérdidas fiscales.

Comprobadamente, este es un obstáculo para el desarrollo socioeconómico. La buena noticia es que hay estrategias exitosas que han logrado reducir la tasa de fecundidad adolescente. De hecho, en los últimos 15 años esta se redujo en un 32% en la región. Sin embargo, el ritmo se estancó durante la pandemia y no se ha recuperado. En estos momentos, es preciso tomar acciones para acelerar los avances y no perder oportunidades.

Para hacerlo, son necesarias políticas públicas e inversiones sostenidas y oportunas. Felizmente, no estamos empezando desde cero. Tenemos evidencia, datos y experiencias que nos indican cuál es el camino a seguir. Países como Argentina, Chile, México y Uruguay han demostrado que es posible lograr avances significativos a través de estrategias de Estado que involucran a diferentes sectores con inversiones oportunas y estratégicas. Otros países han avanzado promulgando leyes que prohíben el matrimonio infantil, adaptando los servicios de salud a las necesidades de adolescentes, y empoderándolas desde las instituciones sanitarias, educativas, religiosas o comunitarias.

Es vital invertir en programas y políticas que garanticen tanto el acceso a información basada en evidencia científica como a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad que permitan a las adolescentes tomar decisiones informadas, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos modernos. Es necesario mantenerlas en la escuela, ofrecerles un proyecto de vida alternativo a la maternidad temprana, e incentivar el apoyo de familias y comunidades para evitar la normalización de relaciones inapropiadas, así como roles y expectativas de género que se constituyen en camisas de fuerza para las niñas y adolescentes.

Más aún, reducir el embarazo en adolescentes no es solo un imperativo ético y de derechos, es una buena política social y una inversión inteligente y costoefectiva, que puede generar entre 15 y 40 dólares de retorno por cada uno invertido, dependiendo del país.

En los tres minutos que pasaron mientras leías este artículo, nueve chicas dieron a luz en América Latina y el Caribe. Si invertimos en prevenir que esto suceda, tendremos un futuro donde ellas puedan seguir desarrollándose y conquistando el mundo junto a sus familias, comunidades y países.