Los bosques de Nicaragua, en extinción: en 20 años ya no habrá cobertura forestal, según un estudio

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Nicaragua ya no es un país verde. Los bosques que tupían al país más grande de Centroamérica están en vías de extinción: la depredación consentida por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en especial entre 2015 y 2022, ha reducido la cobertura forestal a sólo un 24% en todo el territorio nacional. Si bien la minería y la ganadería ilegal han arrasado las selvas, el millonario negocio de la extracción de madera es otra de las principales industrias extractivas culpables de esta deforestación, denuncia la investigación titulada Bosques en Venta: la corrupción y el colapso de la gestión forestal en Nicaragua, realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA).

Seis años antes que Ortega regresara al poder, en el 2000, Nicaragua tenía una cobertura boscosa de 42%. En 1969, era del 75%, es decir que 10% de los bosques de este país centroamericano se pierden anualmente. Esto revela que Nicaragua siempre ha sido usada, por los diferentes gobiernos, como un botín ofrecido a las industrias extractivas. Sin embargo, ha sido el Gobierno actual el que ha exacerbado esa depredación, dice Amaru Ruiz, biólogo y director de la Fundación del Río.

El ambientalista, que ha sido desnacionalizado y al que el Gobierno ha confiscado sus bienes por denunciar permanentemente esta situación, es el autor de esta investigación del OPTA. El documento señala que el marco legal forestal de Nicaragua ha sido sometido a constantes cambios por la presidencia de Ortega. Actualmente existen 29 normas jurídicas, cinco leyes, 10 decretos ejecutivos, tres decretos presidenciales y 11 resoluciones ministeriales que le han arrebatado al Instituto Nacional Forestal (Inafor) la tutela de los bosques, concentrando en el Ejecutivo todo el poder de decisión en esa materia.

A pesar de que el Gobierno de Ortega se arropa en una retórica de izquierda, a veces proambientalista, líderes indígenas y ambientalistas como Ruiz llevan más de una década denunciando el expolio de los recursos naturales. No sólo existe una acelerada invasión de territorios ancestrales, sino que el regimen ha concesionado a transnacionales mineras al menos el 23% del territorio nacional. Esa voracidad quedó patente a partir de octubre de 2023, cuando tres compañías chinas recibieron 13 permisos de explotación auríferos en 190 días.

En el plano forestal, la vocación extractivista de Ortega se manifestó desde 2008, cuando a través del Decreto Presencial 69-2008, levantó la veda de la extracción de árboles de pino de manera, que hasta entonces era ilegal. Solo dos años antes, en 2006, la Asamblea Nacional había aprobado la Ley 585, Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal. Esta ley protegía las especies caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo. La normativa fue aprobada “debido a la alarmante explotación irracional de los recursos forestales”.

La corrupción acaba con los bosques

Ortega continuó anunciando otra serie de decretos que ampliaron los límites de la extracción de madera en áreas boscosas protegidas, mantuvo de forma indefinida la suspensión de la veda de corte de pino y la amplió en el caso del cedro real y pochote. Una investigación del medio Divergentes ilustró la destrucción de los bosques en la Cordillera de Dipilto-Jalapa, una zona montañosa rica en pinares. Ese bosque perdió en 15 años el 60% de su frondosidad y la región norteña de Las Segovias se quedó sin fuentes de agua. Desde 2009, el Ejecutivo Sandinista emitió 13 decretos para esta zona para favorecer a empresas madereras que extraen pino.

En el plano forestal, refiere el informe del OPTA, existen en Nicaragua 110 industrias en todo el país. El 30% de ellas se encuentran en Nueva Segovia, 16% en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), 9% en Estelí, el 8% en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), 6% en Chontales y 30% en el resto de departamentos.

Sólo en el año 2022, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) otorgó 1.007 permisos para extracción de madera a dichas empresas y autorizó la extracción de 98.389 metros cúbicos de área boscosa. El 64% de esa madera provino en su mayoría de Nueva Segovia y la RACCN. “Más de seis trozas de cada 10 trozas de madera vienen de Nueva Segovia o de la RACCN”, inventaría el biólogo Ruíz.

Dicha extracción significó un ingreso de 41 millones de córdobas (1,11 millones de dólares) para las empresas solo en 2022, de acuerdo con el Instituto Nacional de Información (Inide). Las exportaciones de madera alcanzaron en ese período 15 millones de dólares. Los principales destinos fueron India, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador y China.

La ilegalidad

La extracción ilegal de madera representa entre un 25% y un 40% de los ingresos económicos del sector forestal anualmente, indica la investigación del OPTA. Ese porcentaje proviene de las subastas de madera hechas por Inafor cuando se realiza el decomiso de madera extraída que ha incumplido con lo establecido en la legislación forestal.

“Cuatro trozas de madera de cada 10 provienen de subastas de maderas que fueron decomisadas por ser extraídas de madera ilegal”, explica Ruiz. Aunque dicha subasta forma parte de un proceso para “legalizar la madera”, lo que el Inafor “hace en realidad es el blanqueo de la extracción forestal ilegal”.

“Entre el año 2019 y 2020 se tiene evidencia de los productos forestales subastados en las que existe un solo postor participante de los procesos de subasta. Aunque puede tener una aparente legalidad, se ha convertido en una forma de legalizar los productos forestales que vienen de incumplimiento de la legislación forestal del país”, relata Ruiz.

Además, el Inafor no realiza ninguna acción para prevenir la extracción ilegal de madera y así evitar la subasta de estas que, se supone, tendría que ser el último lugar de destino. No obstante, representa casi la mitad de los ingresos que genera la industria de extracción forestal.

Ruiz advierte que, de seguir así la situación forestal, Nicaragua “no tendrá bosques en los próximos 20 años”. “Tenemos la tasa más alta de rapidez de deforestación. Nicaragua es el país que más rápido deforesta sus bosques en América Central y el segundo país a nivel de Latinoamérica”.