Los guardaparques bolivianos que arriesgan sus vidas para proteger el parque Madidi

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“Muchas veces temo por mi vida”, dice Darío Cartagena, guardaparque del Parque Nacional Madidi, quien día a día enfrenta a mineros ilegales, cazadores furtivos o narcotraficantes que intentan instalarse en esta enorme área protegida de casi 1,9 millones de hectáreas ubicado al norte de la región de La Paz, en la Amazonía boliviana.

Un machete, un GPS y un celular son las únicas herramientas que utiliza Cartagena, de 44 años, para controlar, vigilar y monitorear el parque Madidi considerado como uno de los más biodiversos del mundo con unas 2.100 especies de animales y 5.000 tipos de plantas.

La tarea comienza en el control de ingreso en el sector Saridi donde los guardabosques revisan a los visitantes, la mayoría turistas, pero entre ellos se mezclan cazadores furtivos que persiguen animales salvajes como jaguares, pumas, monos, ciervos y chanchos salvajes. También deben enfrentar actividades ilegales como el extractivismo y el narcotráfico.

“Si nosotros no conservamos el Madidi más adelante ya no va a haber parque. Vamos a luchar e incluso hasta perder la vida por cumplir nuestro trabajo de proteger nuestras reservas”, afirma emocionado.

Una pequeña vivienda de madera es el hogar de los guardaparques durante los 24 días que dura su turno en el parque. Se internan en frondosos bosques y selvas donde se enfrentan a animales salvajes y soportan altas temperaturas o copiosas lluvias. Después de concluir sus turnos, tienen 10 días de descanso para ver a sus familias.

Los guardaparques, quienes perciben un salario entre 400 y 500 dólares, afirman que realizar su tarea de preservar y controlar un área tan extensa se ha vuelto muy complicada por la falta de soporte del Gobierno boliviano.

“Debería haber más apoyo en todo aspecto. Se habla mucho de la madre tierra, pero nosotros vemos que ni las áreas protegidas están bien atendidas, peor será todo el país”, dice Ciro Antonio González, guardaparque del Madidi desde hace 25 años.

“El parque es hermoso pero la vida que vivimos día a día es muy diferente. Casi no tenemos apoyo del Gobierno, al contrario, no tenemos combustible, no tenemos desembolsos, no hay recursos para mantener vehículos”, manifiesta su colega Cartagena.

La minería ilegal en el Madidi

La minería ilegal se ha transformado en el mayor dolor de cabeza para estos trabajadores. Día a día decenas de personas intentan ingresar maquinaria para instalar una operación minera con el fin de extraer oro de alguno de los prístinos ríos que cruzan la zona.

“Somos atropellados verbal y físicamente, incluso me han amenazado de muerte. Hace unas dos semanas intervine una camioneta que intentaba ingresar al parque con maquinaria para sacar oro. Esas personas no contaban con autorización por lo que no las dejé ingresar y me amenazaron”, contó Cartagena.

Una polémica ley del oro aprobada este año por el Congreso de Bolivia, permite al Banco Central convertirse en un comprador más de la cadena productiva de esta actividad extractivista con el fin de incrementar las reservas de oro del país. La medida provocó la llegada de más mineros cooperativistas y campesinos a la Amazonia boliviana, donde desde ya hace varios años se registran operaciones mineras ilegales.

Allí se ha instalado una ‘fiebre del oro’ que atrajo incluso a extranjeros, quienes avasallan áreas protegidas, y se contaminan ríos con mercurio que es utilizado para la extracción del metal precioso. En julio del año pasado, 22 personas fueron detenidas y enjuiciadas en Bolivia por extraer oro ilegalmente en la Amazonia.

“El Gobierno autoriza a empresas chinas a operar. Saquean el área protegida donde tenemos nuestros recursos como el oro”, dice Cartagena. “Temo que con la minería ocurra lo mismo con la madera que la cortaron hasta terminarla. Con la minería van a devastar todo y va a haber más contaminación”, sostiene, por su parte, González.

En el primer trimestre de 2023, el oro metálico se convirtió en el mayor producto de exportación de Bolivia alcanzando los 757,2 millones de dólares, correspondientes al 29,5% del total de exportaciones bolivianas (2.566 millones), según cifras oficiales.

Caza furtiva y narcotráfico

El parque también está amenazado por la caza furtiva de animales como el jaguar, el mayor felino de América y el tercero en el mundo, cuyos colmillos son casi tan valiosos como el oro ya que son comercializados como joyas en China.

“Cuando intervenimos una embarcación en el río con personas trasladando especies de animales, pescado o carne de monte, el guardaparques verifica si es ilegal. Si no tienen permiso de caza y pesca entonces se decomisa la carga, es cuando el infractor reacciona y se estrella contra el guardaparque”, afirma Cartagena.

“Una vez casi fui apuñalado por un cazador muy peligroso y con antecedentes quien me agarró del cuello y me amenazó con cortarme cuando lo estábamos interviniendo. Tuve mucho miedo, pero otro compañero lo redujo y evitó una tragedia”, cuenta González.

Otro peligro que deben enfrentar es el narcotráfico. Ambos endurecen el semblante y en un tono de mucha preocupación afirman que dentro del parque hay instaladas pistas clandestinas de aviones pertenecientes a bandas de narcos. Incluso, campamentos de guardaparques han sido abandonados por el temor de ser atacados por estas bandas.

“No es nuestra competencia intervenir a estas personas porque es mucho peligro para nosotros. Sabemos cómo trabajan, quiénes trabajan, pero ponemos en riesgo nuestras vidas al dar información sobre estas actividades”, sostiene Cartagena.

Bolivia es considerado por la ONU como el tercer productor de hoja de coca (hoja que es la base para la elaboración de cocaína) detrás de Colombia y Perú. En 2021 los cultivos de hojas de coca alcanzaron a 30.500 hectáreas, un 4% más que en el 2020 (29.400 hectáreas).

Punto de no retorno

Hace dos semanas unas 200 comunidades indígenas participaron de un encuentro en Rurrenabaque, localidad ubicada en la región de Beni, donde coincidieron con los temores de ambos cuidadores sobre el futuro de las áreas protegidas. La cita fue organizada por el Foro Social Panamazónico (FOSPA-Bolivia). Entre sus objetivos estuvo el fortalecer las propuestas que se vienen construyendo desde el Foro Social Pan Amazónico a nivel internacional, rumbo a la Cumbre de Presidentes de la Amazonia y a la Asamblea de los Pueblos de la Tierra por la Amazonia que comienza este martes en Belem do Pará, Brasil.

También se emitió la declaración Por la vida de la Amazonia en la que se declaró a la selva en “emergencia climática” y se exigió a las autoridades asegurar el acceso al agua y la protección de los ríos, bosques y selvas amazónicos amenazados por las “actividades extractivistas”.

“Hay una vulneración de la madre naturaleza que va a contribuir con el cambio climático. Es una preocupación de que la Amazonia llegue a un punto de no retorno y eso va a ser grave. Imaginemos una selva destruida; eso va a cambiar las condiciones de vida de todo el mundo”, declaró Fernando Limache, miembro del Comité Internacional del Foro Social Panamazónico (FOSPA).

En la Cumbre, los presidentes de Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam, así como el territorio de la Guayana Francesa, buscarán acciones concretas y contundentes frente a la crisis climática y de biodiversidad, para preservar la principal reserva hídrica del mundo. También se pedirá a las naciones desarrolladas financiamiento para la sostenibilidad de las selvas tropicales y entregar fondos ya comprometidos.