Los desafíos de la apuesta chilena por el “oro verde”

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Lo han llamado “oro verde”, porque no emite gases contaminantes ni durante su proceso de fabricación, ni durante su combustión. Alrededor del planeta, el hidrógeno verde, el que se genera a partir de energías renovables, se ha convertido en la gran promesa para el futuro y Chile no solo no quiere quedarse fuera, sino que está en un lugar privilegiado para producirlo. “El hidrógeno verde es una alternativa real para una transición energética que nos lleve a un futuro más sustentable”, declaró el presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública, en junio de este año, confirmando su intención de seguir con los esfuerzos iniciados durante los dos gobiernos anteriores para aprovechar el potencial de este gas limpio.

Chile firmó en 2015 el Acuerdo de París. Este año ratificó además el Acuerdo de Escazú y el Congreso aprobó una Ley Marco de Cambio Climático que establece que el país deberá ser carbono neutral y resiliente al clima a más tardar el 2050. En ese contexto, las ventajas de promover el hidrógeno verde para reemplazar los combustibles fósiles parecen evidentes.

Sin embargo, la protección del planeta no es la única motivación. El desarrollo de una industria de hidrógeno verde representa además una oportunidad económica suficientemente atractiva como para que en los últimos años el país se haya propuesto convertirse en un referente mundial de la producción y exportación de este combustible limpio. Entre los objetivos perseguidos por las autoridades está, además, el abrir espacios de innovación, crear empleo e impulsar el crecimiento.

El hidrógeno verde (H2V) es un vector energético que se obtiene a través de un proceso de electrolisis del agua que, a diferencia de la extracción de otros hidrógenos contaminantes, se hace a partir de energías renovables, principalmente la solar y la eólica. Por su geografía, Chile es un lugar privilegiado para producirlas. “Hay mucho interés por Chile porque tiene ciertas ventajas”, explica Eduardo Bitrán, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibañez y ex vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), una entidad estatal de apoyo a la producción, al emprendimiento y la innovación.

“El norte, con el desierto de Atacama, tiene la mejor radiación solar del mundo, no solo en intensidad, sino que también en el número de horas, lo que reduce significativamente el costo de producirlo. Y además tenemos Magallanes en el extremo sur de Chile con sus vientos importantes y estables, que transforman la región en una de las mejores zonas del mundo, sino la mejor, para producir hidrógeno verde”.

En 2020, el Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera presentó una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Esta indica, entre otras cosas, que en el marco de seis años Chile quintuplicó su capacidad de generación de energía eólica y solar, y que se proyecta que de aquí al 2030, hasta el 70% de su matriz eléctrica sea renovable. La apuesta es que estas ventajas permitan que para esa fecha el país tenga el costo nivelado de producción de hidrógeno limpio más bajo del mundo y comience a posicionarse globalmente como uno de los principales exportadores de hidrógeno verde.

La crisis energética en Europa, que ha elevado los costos de la energía a niveles insospechados, producto de la guerra de Ucrania, solo debiera contribuir a hacer aumentar la demanda internacional. Sin embargo, la llegada del presidente Boric en marzo pasado, con un programa que incluye una ambiciosa agenda ambiental, debiera llevar a ciertas modificaciones en las líneas a seguir. El ministro de Energía, Diego Pardow, indicó a América Futura que la estrategia elaborada en 2020 será modificada.

“Los desafíos de la transición energética son grandes. Por ello, como Ministerio de Energía, además de estar trabajando en diversas medidas para aumentar nuestra capacidad (energética) para el 2030, con generación renovable y almacenamiento, estamos en el proceso de ejecución de una renovada Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde”, dice. “Esta industria es esencial para cumplir con los compromisos climáticos de Chile”.

Chile, el primer productor mundial de cobre, comenzó a incursionar en la producción de hidrógeno debido a la minería. Según cifras del Consejo Minero de Chile, este sector representa el 10% del PIB del país. Pero es un industria que genera una huella de carbono importante por el uso de camiones de carga pesada —se estima que consumen entre 3.000 y 3.500 litros de diésel diarios— y de explosivos con amoníacos fabricados a partir de gas natural. Algunas mineras ya tienen sus propias plantas de hidrógeno verde para comenzar a descarbonizar su producción. La meta ahora es darle mayor envergadura a este tipo de cambios.

Hoy, la electrificación es considerada como la mejor manera de reducir las emisiones de carbono, pero existen industrias que no pueden ser electrificadas. Por eso, el objetivo es ampliar la producción de hidrógeno verde de manera que estas transiten desde el uso de hidrocarburos fósiles hacia el de este gas limpio. Esto podría beneficiar, a nivel mundial, a industrias como la del hierro, las refinerías de petróleo y sectores del transporte como las navieras, la aviación, y los vehículos de carga pesada, a través de a la fabricación de combustibles sintéticos.

En Chile, ya se licitaron seis proyectos con una ronda de financiamiento público de 50 millones de dólares y se han firmado acuerdos con países europeos para su futura exportación. La idea original es crear primero un mercado doméstico para después abrirse al internacional e ir escalando en el volumen de exportaciones.

Temor por los posibles impactos negativos

Alejandro Nuñez, veterinario y presidente de la fundación Ciudadanos y Clima es consciente de los beneficios del hidrógeno verde. Vive en Porvenir, la capital de la isla de Tierra del Fuego por el lado chileno. Cuando se enteró de la intención del Estado de incursionar en la producción de este combustible limpio, se entusiasmó; lo veía como una alternativa al uso de hidrocarburos fósiles, de alto consumo en su región.

“Cuando se habló de hacerlo con plantas fotovoltaicas en el norte, yo peleaba diciendo ¿por qué no en Magallanes con la energía eólica? Lo que no sabíamos en ese momento era la escala con la que se planeaba trabajar ni la cantidad de producción. Eso implica una infraestructura que provoca muchos daños”, lamenta Nuñez.

Explica que los ambientalistas de su región tienen reparos frente a la instalación de las plantas de desalinización necesarias para la electrolisis y de los efectos que estas podrían tener sobre el lecho marino. También les preocupa la llegada masiva de aerogeneradores y el impacto que tendrían sobre la migración de aves como el caiquén o el playero del ártico que llega hasta Tierra del Fuego. O que las empresas internacionales involucradas en los proyectos hagan estudios de impacto ambiental con expertos propios que no conocen bien el territorio.

“Son personas que no saben cómo se mueven el guanaco o el puma ni si hay comunidades indígenas en ciertos sectores”, dice. “Y se habla de un gran número de personas que llegarán a trabajar con sus familias. En territorios pequeños como los nuestros, el sistema público colapsa”.

Lucio Cuenco, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, dice que en Chile entre un 70% y un 80% de los conflictos socioambientales que han surgido en los últimos años están relacionados con proyectos energéticos y de minería. Teme que potenciar de manera tan agresiva la producción de hidrógeno verde contribuya a generar nuevas tensiones, además de tener un impacto real sobre amplias zonas de Chile.

“Producir hidrógeno verde a la escala en que se está pensando para que sea negocio no sólo es hipotecar el futuro de la gente que vive en esas regiones, sino que es también poner en peligro todos los sistemas de vida que hay ahí”, dice. “Esto está planteado como una actividad exportadora y no diseñado para la transición energética que Chile necesita”.

La alteración de los ecosistemas no es lo único que preocupa a los críticos del desarrollo a gran escala del hidrógeno verde en Chile. Otro foco importante es cómo afecta a las comunidades cercanas a los proyectos.

Vilma Mellado tiene 47 años, es psicopedagoga y madre de un hijo. Vive en una zona rural de la región de Biobío, en el centro del país. Cuenta que entre el 2003 y el 2015 se aprobaron más de 10 proyectos eólicos y fotovoltaicos en ese sector. En muchos casos, no hubo consulta ciudadana. Hoy vive rodeada de aerogeneradores. “Ahora hay 81 torres, una de ellas está a 400 metros de mi casa. Todos los proyectos se han emplazado en zonas rurales agrícolas y las están transformando en un jardín de cemento”, dice.

Hace dos años, Vilma dejó de trabajar para dedicarse a tiempo completo a la causa ambiental. Hoy es vocera de la Coordinadora Socioambiental Biobío. Asegura que los efectos del desarrollo masivo de estas plantas generadoras de energías renovables se sienten cada día. En los últimos dos años, dice, ella y sus vecinos han visto las napas de agua de las cuales se alimentan secarse, lo que atribuyen a los cimientos de los aerogeneradores. Hace tres meses, agrega, la intervención de caminos de servidumbre y canales de regadío por una de las empresas provocó inundaciones que dejaron a campesinos sin su cosecha del año. La fauna también se ha resentido. A modo de ejemplo, cuenta que en el año que siguió la instalación de un nuevo proyecto eólico, un vecino pasó de tener 100 cajones de abejas a contar solo con cuatro.

“Es como tener un avión jumbo partiendo al lado”

La gente de la zona también se ve afectada por el llamado “efecto parpadeo”, es decir el bloqueo intermitente de luz debido al movimiento de las aspas, y por el ruido. “Nosotros no dormimos en la noche, porque es como estar todo el tiempo con un avión jumbo que está partiendo al lado”, dice.

Los ambientalistas aseguran que muchos de los proyectos que ellos cuestionan fueron aprobados porque las empresas encuentran una manera de sortear las normas ambientales. En Chile existen diferentes maneras para que un proyecto pueda contar con los permisos para operar. La primera es la “declaración de impacto ambiental” requerida para proyectos pequeños que no exigen que se informe ni se consulte a la ciudadanía, salvo si las comunidades locales lo piden. La otra es la “evaluación de impacto ambiental” que exige que se identifiquen y expliciten los impactos que tendrá el proyecto y establece la obligación de dialogar con las comunidades cercanas. Según Nuñez y Mellado, para evitar resistencia por parte de los habitantes y sortear las evaluaciones de impacto ambiental, las grandes empresas fraccionan sus megaproyectos en varios planes de desarrollo menos invasivos.

“Muchos de los proyectos son aprobados porque los requisitos de evaluación en Chile son laxos y los períodos y formas de participación de las comunidades nulas”, coincide la antropóloga de la London School of Economics Gabriela Cabaña, quien investiga las políticas energéticas en contexto de crisis ecológicas.

Ese es un problema en que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental está trabajando. La directora del servicio, Valentina Durán, explica que además de estar preparando guías específicas para evaluar los proyectos de hidrógeno verde con rigor técnico, se están tomando medidas para favorecer el diálogo con las comunidades locales en las declaraciones de impacto ambiental que presentan las empresas. “Hay mucha desconfianza, pero lo que nosotros buscamos es generar certezas y unificar criterios”, dice. “Y esas certezas buscamos dárselas tanto a los inversionistas como a las comunidades que buscan proteger un determinado ecosistema”.

Eduardo Bitrán destaca que existen maneras de avanzar en las distintas iniciativas sin ir en desmedro de los chilenos y que existen soluciones para mitigar los impactos. Una posibilidad es la de transformar infraestructuras ya existentes en vez de intervenir nuevas áreas e instaurar así un sistema de servicios comunes.

“Hay que crear cadenas de valor, hay ideas por explorar. ¿Qué pasaría si en Magallanes, por ejemplo, se comenzara a usar hidrógeno verde como combustible para los barcos de las salmoneras cuyo uso es responsable del 60% de las emisiones de carbono de esa industria?”, dice. “Esos son los encadenamientos que a uno le gustaría ver”.

La ministra del medioambiente, Maisa Rojas, ha reafirmado el compromiso del Estado con el desarrollo del hidrógeno verde. Pero insiste en la necesidad de hacerlo de manera justa, reevaluando las dimensiones en función de factores socioambientales, consolidando la participación de las comunidades y preocupándose de cumplir con altos estándares ambientales en el proceso productivo. Además, dice, el nuevo Gobierno buscará fomentar la innovación y desarrollo para crear empleos de calidad y cumplir con los compromisos de mitigación asumidos en el marco del Acuerdo de París.

“No queremos una industria que apunte principalmente a la exportación y que tenga una visión de sustentabilidad débil, centrada únicamente en emisiones de gases de efecto invernadero”, dice. “Queremos ser el primer Gobierno ecologista de la historia de nuestro país y para ello es fundamental empezar a hacer las cosas de manera distinta”.