Decenas de correos y chats vinculan a las disidencias de alias Calarcá con un general del Ejército y un directivo de inteligencia

Una investigación periodística de Noticias Caracol ha revelado pruebas de vínculos entre el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las extintas FARC, con un general del Ejército colombiano y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según el informe, emitido este domingo en la noche, el grupo armado que responde a Alexander Díaz, alias Calarcá, obtuvo información reservada para evitar operativos de las Fuerzas Militares y recibió apoyo para llevar a cabo desplazamientos seguros en territorios en disputa. Las revelaciones han conmocionado a Colombia, que enfrenta un recrudecimiento del conflicto armado tras el colapso de la mayoría de los diálogos de paz que emprendió el Gobierno de Gustavo Petro cuando llegó al poder en 2022.

El general señalado por el informe es Juan Miguel Huertas, un uniformado que fue forzado a retirarse durante el Gobierno de Iván Duque. Petro lo integró a su campaña en junio de 2022. De acuerdo con el informe, el uniformado tuvo influencia en las sombras durante varios años, hasta que fue reintegrado a la fuerza pública en agosto de este año, ya con Petro como presidente, y designado como jefe del Comando de Personal del Ejército —a cargo de nombramientos, retiros y desplazamientos—. En la DNI, se menciona a su director de operaciones Wilmar Mejía, quien supuestamente colaboró con Huertas en la supuesta alianza con las disidencias de las FARC.

La revelación principal es la filtración de información reservada para evitar operativos de la fuerza pública en el Catatumbo, el sur de Bolívar y Antioquia. “Nos dieron puntos donde nos podíamos comunicar con diferentes personas de bases militares, estaciones de policía, batallones, donde no tuviéramos riesgo, ni tuviéramos que hacerles daño. La idea era no chocar con el Ejército”, asegura un comandante de la disidencia que declaró en el informe con identidad reservada. Huertas, además, supuestamente les garantizó que daría órdenes para “no pararlos en ningún lado” mientras se desplazaban, según una carta de un integrante del EMBF que también reveló el informe.

Otro punto central es la presunta colaboración entre Huertas, Mejía y las disidencias de Calarcá para crear una empresa de seguridad privada. La idea, de acuerdo con las fuentes y los documentos de la investigación, era “legalizar” a unos 20 hombres para “tener más seguridad” en los desplazamientos de los comandantes del grupo armado. “El general dice que la montemos mitad y mitad. Que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que es una buena inversión porque llegado el momento de que todos estos procesos [de paz] fallen quedamos con hombres legales”, se lee en una carta de febrero de 2024 que, además, revela que el grupo no tenía expectativas de que salieran adelante las negociaciones de paz con el Gobierno.

El informe recuerda la detención, en julio de 2024, de una caravana con siete jefes de las disidencias en Anorí (Antioquia), incluyendo el propio Calarcá. La investigación señala que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó la liberación de la mayoría porque eran “gestores de paz”. Las autoridades incautaron dispositivos con información del grupo armado, pero el informe señala que la Fiscalía hizo poco con ellas. Algo similar ocurrió con información sobre el supuesto apoyo de un empresario chino para que las disidencias adquirieran o fabricaran armas: según el informe, los dispositivos con información al respecto “acumulan polvo en la Fiscalía”.

Finalmente, hay unos chats de mediados de 2024 que revelan la tensión entre los hombres de Calarcá y los de otro líder disidente, Iván Mordisco. Ambos líderes eran parte de un mismo, llamado Estado Mayor Central (EMC), pero desde el año pasado se enfrentan en una guerra sin tregua por el control de economías ilícitas. Unos mensajes de un subalterno de Mordisco muestran cómo esa facción resentía la supuesta cercanía del Gobierno con Calarcá, quien mantuvo andando los diálogos de paz, a diferencia de su antiguo aliado. “Estoy seguro de que Petro los vuelve mierda, si nos volvió mierda estando nosotros”, afirma. Hay, además, una mención a un supuesto vínculo con la vicepresidenta, Francia Márquez, del cual no se dan más detalles.

Tanto el general Huertas como Mejía, de la DNI, dieron sus versiones a Noticias Caracol. El militar dijo que nunca se reunió con ningún integrante de las disidencias. “Hay militares activos y retirados que lo único que quieren es hacerme un montaje. Es más, desde el 2020 hay una persona que se hace pasar por mí”, aseguró. El funcionario de inteligencia, por su parte, señaló que no puede pronunciarse en profundidad por la naturaleza reservada de sus actividades, pero que todo es “un montaje” por parte de “oficiales corruptos” que él ayudó a sacar.

La respuesta del Gobierno

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció en la noche del domingo la apertura de una investigación. “La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará, y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor”, declaró. Asimismo, señaló que tener una orden de captura suspendida por las negociaciones de paz “no constituye un salvoconducto para delinquir”, en referencia a que Calarcá fuera liberado en julio de 2024. “Si la fuerza pública encuentra a cualquier individuo —incluyéndolo a él— en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones”.

La vicepresidenta ha rechazado este lunes las “versiones malintencionadas” que la involucran en los supuestos vínculos entre las disidencias y el Gobierno. “No existe ninguna prueba fehaciente”, ha declarado en un comunicado en el que también le pide al periodismo que sea “serio” y no “un eco de calumnias”. “Jamás he recibido apoyo de criminales. Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro”, ha subrayado. La fiscal general de la Nación, por su parte, ha señalado que está estudiando la denuncia periodística y que prepara un comunicado al respecto. “Desde anoche estamos confirmando la veracidad de lo informado por Noticias Caracol”, ha comentado a Caracol Radio.

Varios líderes políticos se han pronunciado tras el informe. Roy Barreras, precandidato presidencial en el oficialista Frente Amplio, ha expresado en un comunicado “su absoluto rechazo” y ha señalado que “es indispensable una comisión de alto nivel para desvelar cuál es y hasta dónde llega el inivel de infiltración mafiosa”. La ultraderechista Vicky Dávila, también aspirante presidencial, ha cargado contra la fiscal general y la ha acusado de ser “cómplice” a través de un mensaje en X: “No hay razón para que nada haya hecho con estas pruebas”. La centrista Claudia López, por su parte, concluyó que “toda mesa de ‘negociación de paz’ debe terminarse ya”. “Son pura corrupción y concierto para delinquir contra el país”, ha señalado en redes sociales.