Una colombiana logra cambiar una norma que discriminaba a investigadoras migrantes en España
El Ministerio de Igualdad impedía que las mujeres no europeas postularan sus investigaciones sobre violencia de género para ser reconocidas y premiadas
Una mujer migrante contra la burocracia. Dayana Méndez Aristizábal tiene 38 años, nació en una ciudad al borde de la Amazonia colombiana, investiga las violencias contra las mujeres y acaba de cambiar una normativa en España que la afectaba a ella y a miles de mujeres migrantes investigadoras ...
Una mujer migrante contra la burocracia. Dayana Méndez Aristizábal tiene 38 años, nació en una ciudad al borde de la Amazonia colombiana, investiga las violencias contra las mujeres y acaba de cambiar una normativa en España que la afectaba a ella y a miles de mujeres migrantes investigadoras en ese mismo campo. Paradójicamente, la disposición que impedía que miles de extranjeras pudieran acceder a una convocatoria para que sus investigaciones doctorales fueran reconocidas y premiadas, provenía del Ministerio de Igualdad, encargado de velar por la no discriminación y la eliminación de las violencias de género. Una institución que, además, dio respuestas desconcertantes en el camino.
Méndez, abogada de la Universidad Surcolombiana, aterrizó en España en 2013 para cursar un máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Después de terminarlo regresó a Colombia, y tras un par de años volvería a Madrid, esta vez para cursar el doctorado en esa área en la misma universidad. Dedicó su tesis doctoral a la violencia obstétrica y en ella propone ampliar el concepto más allá de la mirada convencional, que lo limita al ámbito médico/hospitalario. El trabajo de campo que realizó entre su natal Florencia (Caquetá), y el cercano el municipio El Paujil, le confirmó que un número inabarcable de mujeres embarazadas en la ruralidad ni siquiera llega a un centro de salud, porque le podría demandar siete horas a caballo y otras cuantas caminando, y eso también es violencia obstétrica.
En julio de 2023, la investigadora quiso postular su investigación a una convocatoria reputada, la de los premios que otorga la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (dependiente del Ministerio de Igualdad) a tesis doctorales sobre violencia contra las mujeres. Los galardones, más allá de la retribución económica —el primer lugar obtiene 5.000 euros (unos 22 millones de pesos) y el segundo 3.000 euros (13 millones de pesos)— “son importantes para los investigadores porque dan reconocimiento y visibilidad a su investigación en el ámbito académico y científico, lo que a su vez abre puertas”, explica ella. Pero en las bases de la convocatoria se leía lo siguiente: “Podrán concurrir a la presente convocatoria las personas físicas, de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea”.
No había razón aparente para que la convocatoria se limitara solo a personas europeas y dejara a las demás por fuera. Aún más, cuando España lleva años consolidándose como un destino atractivo para estudiantes extranjeros en distintos niveles, principalmente provenientes de América Latina. En cuanto a los extranjeros matriculados en doctorados en universidades españolas, poco más de la mitad son latinoamericanos, superando de lejos a los que vienen de países de la UE. Y en el campo de la violencia de género, en su gran mayoría son mujeres.
La abogada emprendió un viacrucis para modificar esa normativa. Acudió a varias instituciones. Las respuestas no eran muy alentadoras. El decano de la escuela de doctorado de su universidad no lo consideró un asunto importante. “Estarás de acuerdo conmigo en que hay muchos otros entornos en los que la discriminación es mucho más evidente y mucho más dañina”, se lee en la respuesta que le envió por correo.
El Ministerio de Igualdad, en un principio, se limitó a responderle que la convocatoria acataba lo que estaba en las bases de los premios, en los que se establecía que eran para personas españolas o europeas. Ella interpuso un recurso de reposición. La secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, le contestó que se habían excluido a las extranjeras no europeas “respondiendo a la voluntad de retener el talento local” —aunque las europeas podían participar—, a la limitación presupuestaria y una tercera y desconcertante razón: “la mayor proximidad de las investigadoras españolas y europeas al problema de la violencia contra las mujeres en nuestro territorio”.
Más abajo, la secretaria de Estado decía: “la exclusión de la posibilidad de participación de las personas extranjeras no comunitarias [de la UE] responde a la satisfacción del interés general, siendo una decisión discrecional de la Administración Pública, completamente admisible en derecho”.
Méndez no daba crédito. “Dejar por fuera a las no europeas, además de que por sí solo es un acto discriminatorio, es también una cuestión que reafirma que el único conocimiento válido es el europeo, es una situación de injusticia epistémica [entre conocimientos]”, defiende. Añade que era peor viniendo del Ministerio de Igualdad, que estaba poniendo a las mujeres migrantes “en situación de inferioridad” frente a sus pares españolas y europeas. “Eso también es racismo institucional”, asevera.
De entrada, las mujeres migrantes que cursan un doctorado en España la tienen mucho más difícil. Mientras Méndez avanzaba en sus estudios, tuvo que trabajar cuidando niños, dando clases de español y de derecho, hizo un curso para trabajar como camarera e incluso un verano lavó barcos en Galicia. “Trabajaba en cuanta cosa me iba saliendo”, cuenta. Muchas de sus pares europeas, en cambio, cursan sus estudios en programas de movilidad que las financian. “Las que venimos de fuera, latinoamericanas, tenemos que crear conocimiento científico a la vez que estamos resolviendo nuestras condiciones mínimas materiales de existencia”, resume.
Su reclamo encontró eco en el Defensor del Pueblo, que lo valoró como justo y exigió al Ministerio de Igualdad un ajuste. Esa cartera reconoció entonces la necesidad de modificar las bases de los premios para no vulnerar las leyes sobre igualdad de trato y no discriminación. Durante más de un año, el defensor estuvo requiriendo al ministerio para que informara de los avances en esa modificación, según dan cuenta al menos siete comunicaciones remitidas.
Este año, por primera vez en una década de existencia de esos reconocimientos, como resultado de la modificación impulsada por la abogada caqueteña, las investigadoras migrantes provenientes de países de América, Asia o África pudieron acceder a la convocatoria para que sus trabajos fueran valorados y eventualmente reconocidos.