Colombia inicia la destrucción de 14 toneladas de material bélico entregadas por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
Uno de los grupos disidentes de las extintas FARC avanza en los diálogos de paz con el Gobierno
El Gobierno de Colombia ha dado un paso en su alicaída política de paz total, la estrategia impulsada por el presidente Gustavo Petro para acabar con los grupos armados. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una de las disidencias de las FARC —que agrupa las estructuras llamadas Comandos de la Frontera y Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en el suroccidente del país—, ha entregado este miércoles 14 toneladas de material de guerra que serán destruidas. El Ejército ya ha acabado con 3,8 toneladas de armamento, incluidas 190 granadas, cerca de 15.000 cartuchos y el suficiente ANFO (un explosivo industrial) para crear hasta 12.000 minas antipersona.
La cesión del equipo militar se ha formalizado en un acto en Puerto Asís, una ciudad cerca a la frontera con Ecuador y que pertenece a Putumayo, departamento en el que, junto a Nariño, opera la Coordinadora Nacional. Petro lo ha celebrado en una ceremonia: “Entre más armas se destruyan, mejor”. “Hemos abierto un camino. Un proceso avanzado significa que haya seres humanos en sitios donde ya decidan dejar la violencia y las armas. No es solo entregarlas, también destruirlas. Más simple”, ha asegurado en un discurso. El mandatario también ha vinculado la protección del medio ambiente con el fin de sustituir los cultivos de coca como método para la seguridad del sur del país: “Este proceso de paz puede ayudar a salvar la vida de la humanidad si lo encauzamos a restaurar completamente la selva amazónica”.
La Consejería Comisionada de Paz contabiliza que entre las 14 toneladas se encuentran explosivos, municiones, minas y cañones, material que, una vez destruido, protegerá a más de 165.000 personas, según la entidad. “Cada explosivo, cartucho o mina destruida representa una vida más protegida y un territorio que vuelve a soñar con la paz”, sostiene el organismo.
El proceso que adelanta el Gobierno con esta disidencia es uno de los más avanzados desde que se creó la política de paz total. La estructura se desprendió de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez a finales de 2024 y desde entonces ha mantenido las negociaciones con el Ejecutivo. Walter Mendoza, jefe del equipo negociador del grupo, ha señalado sentirse “optimista” para alcanzar un acuerdo definitivo pronto. Además de la destrucción de las armas, Mendoza confía que más de un centenar de guerrilleros sean alojados en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) el próximo semestre. La primera de estas zonas fue establecida en el Catatumbo, en donde avanza la reincorporación a la vida civil del Frente 33 de las disidencias de las FARC.
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, ha indicado en una rueda de prensa desde Puerto Asís que espera que las ZUT incluyan a más personas que las previstas. “Inicialmente, son 60 en Nariño y 60 en Putumayo. Tengamos en cuenta que la Coordinadora, según informes de inteligencia, agrupa alrededor de 2.500 hombres en armas. Yo no quisiera anticipar y avanzar en cifras especulativas, pero quisiéramos que a marzo llegáramos con un número muy superior a 120”, ha apuntado.
La llegada al acto de este miércoles tuvo numerosos obstáculos. A inicios de septiembre, dos militares, que estaban presentes en la destrucción de un laboratorio de cocaína en Putumayo, fueron heridos por un grupo de personas que los intentaron quemar vivos. El Gobierno condicionó entonces los diálogos a que los Comandos de la Frontera, la guerrilla más activa en el departamento, rechazara “de manera categórica e inmediata” el ataque. La delegación de la Coordinadora respondió entonces “sobre los terribles señalamientos”. Aunque lamentó los hechos, no arrojó mayores luces sobre su presunta participación.
La accidentada negociación ya había estado en cuidados intensivos después de que agentes de la Fiscalía detuvieron sorpresivamente en febrero a Andrés Rojas, alias Araña, el máximo comandante de los Comandos y uno de sus delegados en la mesa. Lo hicieron al final de una ronda de diálogos con el Gobierno en un hotel de Bogotá, y justificaron la detención en una circular roja de Interpol con fines de extradición, por cargos relacionados con narcotráfico en una corte de Estados Unidos.
A pesar de los tropiezos, el evento —al que también asistieron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; los gobernadores de Nariño y Putumayo, congresistas y embajadores— ha encumbrado la debilitada paz total impulsada por Petro, la cual, al menos este miércoles, ha disfrutado de un momento de gloria.