El Gobierno de Petro prepara la ofensiva para proteger sus reformas de salud y pensional

Las dos reformas sociales más importantes para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrentan esta semana obstáculos definitivos para su aprobación y su puesta en marcha. La Comisión Séptima del Senado retomará el martes al mediodía, después de una semana de descanso, la discusión del proyecto de ley que busca cambiar de raíz el sistema de salud colombiano. En paralelo, la sala plena de la Corte Constitucional debatirá el destino de la reforma al sistema pensional con el propósito de decidir si cumple o no con los requisitos legales para convertirse en realidad. El Gobierno, por su parte, ha comenzado una ofensiva mediática, burocrática y con un llamado a las calles para buscar que los poderes Legislativo y Judicial le den vía libre a las dos reformas.

Este martes, los sectores del movimiento sindical afines al Gobierno han convocado a una jornada de manifestaciones en las principales ciudades de Colombia para respaldar las reformas de Petro. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) citaron a una concentración en la Plaza de Bolívar que iniciará a las 10 de la mañana. También harán plantones frente a los Palacios de Justicia de cada ciudad principal en todo el país. Fabio Arias, presidente de la CUT, aseguró en un video que marcharán para que la Corte apruebe la reforma pensional y el Congreso la de la salud. “Se ha conocido una ponencia negativa del presidente y magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que va a encaminada a declarar inexequible la ley de pensiones, invitamos a la ciudadanía a rechazar esa ponencia”, asegura.

El texto, por ahora, no se ha conocido públicamente, pero en los últimos días el presidente Petro también ha arremetido contra el magistrado Ibáñez, quien en el pasado tuvo una postura crítica frente a la reforma. “Alguien que niega un hijo no puede ser presidente de la Corte Constitucional. Si le niega los derechos a su propio hijo, le negará los derechos a todos los colombianos”, escribió el mandatario de izquierda en sus redes sociales, este fin de semana, en referencia a una investigación del medio digital Casa Macondo que denuncia las faltas de Ibáñez con un hijo que no ha reconocido.

Petro, además, ha usado su cuenta de X, con más de ocho millones de seguidores, para explicar por qué a su juicio los cuestionamientos de la Corte, especialmente a la forma como se aprobó la reforma, son infundados: “El magistrado Ibáñez quiere volver doctrina política algo que acabaría no solo la ley pensional, sino media legislación. Ninguna norma dice que el anuncio de una sesión posterior debe ser aprobado, por eso se requiere que la sesión sea válida, sea con quórum deliberatorio o quórum decisorio. Se anuncia y punto. El anuncio no requiere aprobación. Puede pedir un parlamentario que se cambie el orden del día y eso si requiere aprobación así que vamos a una trampa. Se caerían todas las leyes que no han tenido anuncios con quórum y no se han aprobado, es decir, la mayoría”.

Lo primero que se votará en la Corte será si el magistrado Héctor Carvajal, abogado personal del presidente, puede o no participar en la discusión de la reforma. La senadora opositora Paloma Valencia, del Centro Democrático, recusó a Carvajal por haber suscrito dos contratos con Colpensiones relacionados con la reforma. Ahora, los demás magistrados definirán si está inhabilitado. Esa primera pelea podrá definir el rumbo del proyecto de ley, aprobado hace un año en el Congreso, que cambia el sistema de pensiones a uno de pilares, y que busca darle un bono pensional a más de tres millones de ancianos desprotegidos que hoy viven en la pobreza.

Frente a la reforma a la salud, el Gobierno también ha puesto en marcha un plan para presionar a los senadores a que aprueben el proyecto. Sin embargo, parece que los intentos liderados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, aún no dan sus frutos. El proyecto del Gobierno propone eliminar el sistema creado en 1993, en el que la población se afilia a unas Entidades Promotoras de Salud (EPS), públicas o privadas, que sirven como sus aseguradoras y eligen con qué clínicas, farmacéuticas o laboratorios contratan los servicios para los ciudadanos. El presidente propone que las EPS se transformen en gestoras de salud, y se limiten a auditar los cobros de los prestadores al Estado. Su idea parece no tener los votos necesarios.

El Gobierno tiene solo el apoyo de cinco congresistas: Wilson Arias, Martha Peralta, Ferney Silva, del Pacto Histórico; de Fabián Díaz, de la Alianza Verde; y de Ómar de Jesús Restrepo, de Comunes. En contra están las conservadoras Nadia Blel y Esperanza Andrade; el liberal y presidente de la comisión, Miguel Ángel Pinto; de Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; y de Berenice Bedoya de ASI. Quienes definirán la balanza son las senadoras Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres; Ana Paola Agudelo, del MIRA; y Norma Hurtado, del partido de la U. Las tres presentaron una ponencia alternativa, que propone una reforma diferente y podría ser un punto intermedio, pero solo se votará si la comisión rechaza la ponencia de archivo y la ponencia del Gobierno.

Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han dedicado varios mensajes en redes sociales y alocuciones públicas para insistir en sus críticas al modelo actual y para acusar de corrupción y malos manejos de dinero a las EPS. En paralelo, Benedetti ha anunciado la posibilidad de convocar a una nueva consulta popular, similar a la que intentaron hacer con la reforma laboral, con el fin de que sea la ciudadanía la que escoja si quiere cambiar el sistema de salud. Todo esto con el objetivo de convencer a dos o tres senadores de que apoyen la reforma en la Comisión Séptima para que pase al último debate en la plenaria del Senado.