Colombia supera una semana trascendental para su justicia transicional

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha atravesado una semana decisiva. El tribunal de justicia transicional, creado en el Acuerdo de Paz de 2016 para juzgar los crímenes cometido en el conflicto, carga desde su creación con la desconfianza de la derecha y con el reto de convencer a una sociedad que rara vez imagina la justicia más allá de la cárcel o la venganza. En un ambiente dividido y con expectativas difusas, dictó el martes su primera sentencia de fondo, en la que sancionó a la antigua cúpula de las FARC por el secuestro de más de 21.000 personas. Dos días después, sancionó a 12 exmilitares que reconocieron su participación en los asesinatos de civiles conocidos como falsos positivos, un delito que simboliza la degradación de la guerra, en la Costa Caribe. En apenas 48 horas, la jurisdicción mostró la dimensión de su mandato: emitir sentencias contra los responsables de alto nivel, tanto de la guerrilla como de la Fuerza Pública, de los delitos más graves, y empezar a fijar las llamadas sanciones propias, diferentes a las usuales y con un objetivo de restauración y reparación, que establece el Acuerdo para quienes acepten sus responsabilidades y aporten a la verdad.

El camino que falta es largo, incluso en esos dos procesos. Las dos decisiones de esta semana pueden ser apeladas y un grupo de víctimas de secuestro de las FARC —liderado por las familias de 11 diputados del Valle del Cauca asesinados en cautiverio, y críticas de la justicia transicional desde tiempo atrás— ya anunció que usará ese recurso. Como en cualquier proceso judicial, las sentencias solo quedarán en firme una vez se resuelvan los reparos de las partes. Pero el debate trasciende lo procedimental: la ruta de las sanciones propias es inusual y novedosa en un país acostumbrado a valorar la justeza de las sentencias a partir de los años de cárcel. El tribunal ha ordenado que quienes cometieron crímenes atroces trabajen en proyectos comunitarios, construyan obras en los territorios donde dejaron cicatrices y enfrenten cara a cara a las comunidades a las que vulneraron, como se pactó en el Acuerdo.

Las sanciones no han estado exentas de polémica. Sectores políticos reclaman que resultan demasiado blandas frente a delitos de lesa humanidad, una crítica que existe desde la firma del Acuerdo. La JEP defiende que el proceso fue concertado con más de 1.000 de ellos. Otros defienden que nunca los máximos responsables del conflicto, militares y guerrilleros, se habían sentado con la justicia colombiana para reconocer públicamente y de manera colectiva sus culpas, aceptaran la existencia de patrones criminales, pidieran perdón y se comprometieran a reparar el daño causado. Cuando se conozcan más detalles de los proyectos, y los responsables participen en ellos, esos argumentos pueden ganar o perder fuerza.

Además, la Jurisdicción avanza en una decena de juicios adversariales, a la usanza de la justicia ordinaria, contra una decena de militares. Se trata de oficiales que cerraron la puerta a reconocer la verdad y optaron por litigar. Sus casos pueden terminar en condenas de hasta 20 años de cárcel. Allí se juega buena parte de la credibilidad del tribunal: mostrar que incluso en esos procesos, donde la justicia restaurativa ya no es una opción, la JEP puede dejar una huella distinta a la de la simple sanción punitiva que se habría podido dar en la justicia penal.

La JEP todavía tiene sobre su mesa casi todos los procesos. En el macrocaso de secuestro, están pendientes las sentencias contra los comandantes de los seis bloques y el comando central de la extinta guerrilla, decenas de responsables más. En el de falsos positivos, la decisión de la semana pasada solo cubre 135 de los 6.402 asesinatos conocidos, y una de las cinco regiones que los magistrados han investigado de forma específica. Además, en los otros nueve macrocasos no hay todavía ninguna decisión de fondo. Son los que buscan desentrañar otras de las más graves entre las múltiples violencias del conflicto: el reclutamiento de niños y niñas; el exterminio del partido de izquierda Unión Patriótica; las violaciones a los derechos humanos en Nariño, el norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca y el Urabá antioqueño; los otros crímenes cometidos por paramilitares y militares; la violencia sexual que atravesó la guerra como un hilo invisible.

En los años que le restan —como máximo hasta 2037— la JEP tiene por delante varios retos que podrían definir si deja más que decisiones jurídicas: la efectividad de las sanciones restaurativas en territorios golpeados por medio siglo de conflicto, y que siguen con graves hechos de violencia; la protección de los sancionados para que cumplan con sus deberes en esos territorios; la capacidad para imponer justicia frente a quienes han negado sus responsabilidades; la transparencia en la financiación de los proyectos de reparación; la necesidad de preservar su independencia frente a las presiones políticas y las tensiones preelectorales. Las decisiones de la semana pasada se dan a seis meses de las elecciones legislativas y ocho de las presidenciales, después de ocho años de funcionamiento y cuando el Acuerdo que creó la JEP ha sido una de las mayores líneas divisorias de la política colombiana en la última década y media.

La tensión, sin embargo, no está solo en el país. La Misión de Verificación de la ONU sigue de cerca cada decisión y ha insistido en que el éxito de la justicia transicional es condición para consolidar una esquiva paz. La Corte Penal Internacional, por su parte, cerró en 2021 el examen preliminar sobre Colombia con el compromiso de que la JEP investigue y sancione de manera efectiva los crímenes más graves. Incluso Gobiernos europeos y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que el es un laboratorio de justicia que podría sentar precedentes para otros países. La JEP, y Colombia, también se juegan su reputación en el escenario global como un modelo capaz de equilibrar verdad, justicia y reparación.