Más allá de la descertificación: una visión colombiana para reducir el narcotráfico

La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos no es solo una respuesta a la cifra récord de cultivos de coca: es, sobre todo, una decisión política que refleja la tensa relación entre Petro y Trump y las profundas diferencias ideológicas entre sus gobiernos. El comunicado del anuncio lo confirma al atribuir “la responsabilidad exclusiva” del aumento de los cultivos ilícitos a las decisiones de los “dirigentes políticos”. Además, no menciona explícitamente los esfuerzos del Gobierno por mantener y aumentar las incautaciones, la destrucción de laboratorios, las capturas y las extra...

La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos no es solo una respuesta a la cifra récord de cultivos de coca: es, sobre todo, una decisión política que refleja la tensa relación entre Petro y Trump y las profundas diferencias ideológicas entre sus gobiernos. El comunicado del anuncio lo confirma al atribuir “la responsabilidad exclusiva” del aumento de los cultivos ilícitos a las decisiones de los “dirigentes políticos”. Además, no menciona explícitamente los esfuerzos del Gobierno por mantener y aumentar las incautaciones, la destrucción de laboratorios, las capturas y las extradiciones, pero sí resalta el trabajo de las instituciones de seguridad y de las autoridades locales.

La descertificación sin sanciones o de la exención por seguridad nacional expresa la incomodidad que el presidente Petro le genera al gobierno de EE. UU., pero sin la pretensión de ocasionar impactos económicos o en la capacidad, ya fracturada, de la Fuerza Pública para enfrentar el narcotráfico y a los grupos criminales.

Estados Unidos valora la relación bilateral con Colombia, que ha sido el socio más importante y leal de la región y, que, además, es vecino de Venezuela. Así que aparte de las reacciones del presidente Petro, que pueden ser solo mensajes en X o acciones más contundentes para provocar a Trump, no se esperaría que el gobierno norteamericano responda en contra de sus intereses. Sin embargo, hay que recordar que Trump es tan volátil como Petro, así que no es fácil proyectar qué consecuencias tendrá esta ruptura en los 10 meses que le quedan a esta administración.

Pero más allá del impasse político, Trump condiciona esta descertificación al aumento de la erradicación de la coca, a la reducción de la producción y el tráfico de cocaína y a la judicialización y extradición de traficantes, aunque está claro que su prioridad está en la reducción de los cultivos – que desde 2021 llegaron al récord histórico de 253.000 hectáreas– a través de la erradicación, que fue drásticamente reducida durante esta administración.

Petro decidió reducir la erradicación al mínimo para recuperar la confianza de las comunidades cocaleras hacia el Estado y poder celebrar con ellas acuerdos para promover el desarrollo territorial. Pero, además, era claro que después de que el programa de sustitución del Acuerdo de Paz les incumpliera a las casi 200.000 familias que se inscribieron, la erradicación forzosa se enfrentaría a una fuerte movilización social, que podría terminar con actos violentos, como ha ocurrido recientemente.

Por eso, con una amplia participación social, diseñó una política de drogas con la que intentó oficializar su promesa de cambiar el enfoque de las políticas tradicionales. Se comprometió a reducir los cultivos de coca sin el uso de medidas agresivas como la erradicación forzosa o con herbicidas. Su apuesta estaba en la misma línea de la propuesta del Acuerdo de Paz, que recibió el apoyo de los gobiernos anteriores de Estados Unidos.

Pero el escenario de este Gobierno es muy distinto al de los inicios de la implementación del Acuerdo de Paz: después de la desmovilización de las FARC en 2016, nuevos y reciclados grupos criminales volvieron a copar territorios y a enfrentarse para controlar las economías ilegales. Y, además, a mitad de camino, Trump fue reelegido.

Hoy, ad portas de terminar su gobierno, no ha habido ni sustitución ni erradicación manual voluntaria. Se pasaron tres años entre trámites burocráticos, diseños de iniciativas y el lento proceso de entender la complejidad de los territorios. En ese tiempo, la esperanza de las comunidades se fue apagando y la frustración de los funcionarios creciendo, mientras los grupos criminales reforzaron su control y los cultivos ilícitos aumentaron, todo en medio de negociaciones atadas a la fallida política de paz total.

Sin embargo, es necesario aclarar que al aumento de la coca es responsabilidad del Estado colombiano. No se le puede atribuir a un solo gobierno la vulnerabilidad histórica de varias regiones del país, ni la tendencia al alza de los cultivos de coca, que inició en 2014 y ninguno de los tres gobiernos siguientes pudo pararla. También hay que resaltar que el gobierno anterior, el del presidente Duque, erradicó forzosamente más de 400.000 hectáreas, mientras Petro ha superado levemente las 100.000, y en los dos casos la coca aumentó a niveles históricos.

A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos sigue insistiendo en la erradicación como la vía principal para reducir los cultivos de uso ilícito. La experiencia que tiene Colombia después de llevar al menos 30 años erradicando muestra que, aparte de resultados temporales, la economía de la coca, la marihuana y la amapola no es una cuestión de sumas y restas. En otras palabras, no depende de si se erradica o no y con qué modalidad.

El aumento de los cultivos de coca durante el gobierno de Petro no es consecuencia de la poca erradicación o de la implementación de un enfoque de la política de drogas diferente al de Estados Unidos. Es el resultado de la ausencia de una estrategia clara y bien planificada para construir Estado en las regiones en las que no se han superado las condiciones que alimentan no solo el narcotráfico sino otras economías ilegales.

Colombia sí necesita otro enfoque, una visión propia de reducción de los impactos del narcotráfico, que parta de reconocer al menos tres cosas: que la persistencia de los cultivos está ligada a un fenómeno criminal trasnacional, más poderoso que todos los gobiernos juntos; que la dependencia a la coca es un fenómeno económico, cultural, político y social; y que las políticas de drogas deben concentrarse en recuperar los territorios mejorando las condiciones de desarrollo y seguridad, no en reducir el consumo global de drogas.

El reto del Estado colombiano está en contar con una estrategia bien planificada, que se articule con las políticas de seguridad y ambiente –como mínimo– y reconozca las limitaciones de políticas anteriores y los desafíos institucionales para no volver a prometer cambios que se quedan en anuncios e intenciones. Las promesas de transformación territorial no pueden reducirse al modelo erradicación-sustitución que ha demostrado ser insuficiente y ha perpetuado la visión de corto plazo basada en una relación transaccional y asistencial del Estado con las familias cultivadoras, en lugar de transformar las condiciones que sostienen la economía cocalera.

En manos del próximo gobierno estará el manejo estratégico y diplomático de las presiones de Estados Unidos. Habrá que dar resultados en el corto plazo, pero al país le urge una estrategia que en el largo plazo logre reducciones sostenibles de los cultivos de uso ilícito de la mano de la recuperación de los territorios hoy controlados por grupos criminales. El reto será que la descertificación no nos aleje de este propósito.