El Gobierno de Petro lanza un salvavidas a la mayor energética del Caribe

La energética Air-e alzó la voz esta semana para alertar de los problemas financieros encadenados en los últimos tiempos. No es el primer llamado. Sí el más apremiante, hasta ahora. Suficiente para que el Gobierno anunciara que lanzará un salvavidas en forma de intervención y administración temporal de la compañía a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La empresa, a cargo del suministro en los norteños y calurosos departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira [este último en frontera con Venezuela], anunció que el aumento desbocado del 500% en la factura de la luz durante los últimos dos meses imposibilitarían continuar bajo esas condiciones con la operación.

El consultor y experto en asuntos energéticos Julio César Vera equipara la situación de caja de Air-e con la de una herida abierta difícil de suturar. También prevé que la intervención del Gobierno servirá a corto y mediano plazo. En primer lugar, para paliar los problemas financieros. Y, luego, para garantizar el suministro de un actor que cubre el 15% total del mercado colombiano. “Es la mejor alternativa inmediata a fin de solucionar problemas urgentes como los que ellos tienen, que son de recursos para comprar la energía”, añade.

Los problemas estructurales del mercado energético colombiano son más profundos y varían de una región a otra. Por eso, la directora de la Asociación Colombiana de Generadoras Eléctricas, Natalia Gutiérrez, advierte de que la situación en la Costa Caribe es preocupante y podría comprometer el servicio para millones de usuarios: “Hoy más que nunca es urgente que el Gobierno Nacional atienda dos asuntos. El primero es el giro completo de los saldos acumulados de la opción tarifaria, al que se comprometió; el segundo es que los montos de los subsidios sean pagados a los comercializadores de manera urgente para mitigar el riesgo sistémico”.

En el primer ítem, la líder gremial se refiere a una de las herramientas que el Gobierno del conservador Iván Duque utilizó durante la pandemia para amortiguar el costo de la factura de la luz en los hogares colombianos. Una fórmula que, en efecto, alivió el bolsillo de millones, pero que golpeó la liquidez de las empresas comercializadoras tras recibir menos pagos por sus facturas. La montaña de deudas acumuladas, una vez superada la crisis sanitaria, debía ser asumida por los consumidores. Ese momento ha llegado. Sin embargo, los precios de la electricidad se dispararon por las nubes y las metas de pago no se han cumplido del todo.

El Ministerio de Minas y Energía se comprometió a abrir líneas de crédito ventajosas en la banca pública para las energéticas. Y aceleró desde el año pasado la inyección de subsidios destinados a atenuar la falta de liquidez de las que atienden a las regiones más afectadas. Esta historia se ha desenvuelto, además, en medio de serias aprensiones del presidente Petro con el funcionamiento del mercado energético, al que ha lanzado dardos de todos los colores para expresar sus reservas.

“El sector está esperando señales de confianza de largo plazo”, argumenta Natalia Gutiérrez, “para ejecutar inversiones fundamentales que estimulen el crecimiento de la oferta de energía”. De acuerdo con sus cálculos, el objetivo debería centrarse en canalizar 9 billones de pesos hasta 2027. Se trata de la concatenación de múltiples falencias que se agudizan en la Costa Caribe, donde las altas temperaturas obligan a utilizar más los sistemas de refrigeración y han disparado los recibos a precios estratosféricos. Los viejos problemas de impago, además, se han agudizado. Todo lo anterior ha jugado en contra de Air-e, una compañía que fue constituida por el millonario Alberto Ríos Velilla para reemplazar en tres departamentos a la liquidada y cuestionada Electricaribe en octubre de 2020.

Air-e ha informado que sus deudas acumuladas llegan a 1,8 billones de pesos. Una crisis que ha dejado como resultado un enorme desacople entre la falta de liquidez y su capacidad de operación. De la misma forma, subrayó que durante los últimos 47 meses ha suministrado energía en dos de los tres departamentos más pobres de Colombia: Magdalena y La Guajira. “Es una sumatoria de líos que vienen desde los días de Electricaribe. Han tenido unas pérdidas altísimas, del 26 o 27%. También tienen una cartera elevadísima porque el 60% de la distribución va para el sector residencial de los estratos 1,2 y 3″, explica Vera.

Se trata, continúa, de un asunto que anida en ciertos hábitos culturales de la región. Ligados, en parte, a la ilegalidad. Pero que también se expande como una mancha hacia instituciones públicas, como hospitales, alcaldías o cuerpos de bomberos, que suelen caer en líos de impago. “Todo eso afecta el flujo de caja de quien quiera que venda la energía. Con el agravante de que es muy complejo limitarles o suspenderles el suministro porque prestan servicios esenciales”, remata Vera. Air-e ha subrayado varias veces que el “aumento desmedido en los costos de generación” no los ha llevado a interrumpir el servicio. Más de un analista recuerda, sin embargo, que la decisión de introducir los sobreprecios a la tarifa fue de la empresa.

Aprovechar ese camino legal para facturar más, en todo caso, era la única salida para mantener a flote la compañía. “Air-e ya cobró el 80% de la deuda por la opción tarifaria. Si no hubiera sido así, se habría reventado hace rato. Hoy les deben alrededor de 130.000 millones de pesos de los 850.000 millones que dejó como rezago la opción tarifaria [cuando se congeló y estableció un método de pago a plazos durante la pandemia]”, señala Vera. A mediados de julio, los representantes legales de Air-e empuñaron una solicitud de investigación ante el regulador contra las empresas generadoras, encargadas de producir la energía en las centrales, por supuestas movidas anticompetitivas que habrían aumentado los precios de la electricidad que compra la empresa.

Dos meses más tarde, sin embargo, todo parece indicar que se trataba de una táctica para templar los ánimos en el Gobierno y agitar el debate. El capítulo de Air-e forma parte de un rompecabezas más amplio y complejo al cual le espera una larga senda de recuperación económica y de infraestructura. La firma XM, operadora oficial del Sistema Interconectado Nacional, presentó esta semana un informe donde se evidencia que los desbalances entre la oferta y la demanda de energía eléctrica podrían conducir a un apagón a partir de 2025 o 2026. La capacidad hidroeléctrica del país, de acuerdo con los modelos probabilísticos de la Unidad de Planeación Minero Energética, está cada vez más expuesta a la intensidad de las sequías de fenómenos climáticos crónicos como el de El Niño.

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