Colombia debate su futuro frente a la inteligencia artificial

Al presidente Gustavo Petro se le ve cruzado de piernas e inclinado hacia su interlocutor, el magnate de la tecnología Bill Gates, quien lo escucha con aparente atención. La escena se dio este miércoles en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial y fue capturada por el equipo de prensa del mandatario colombiano. Posteriormente, circuló en redes sociales y canales oficiales el motivo de la conversación. “Estuvimos hablando, en un breve t...

Al presidente Gustavo Petro se le ve cruzado de piernas e inclinado hacia su interlocutor, el magnate de la tecnología Bill Gates, quien lo escucha con aparente atención. La escena se dio este miércoles en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial y fue capturada por el equipo de prensa del mandatario colombiano. Posteriormente, circuló en redes sociales y canales oficiales el motivo de la conversación. “Estuvimos hablando, en un breve tiempo, de la inteligencia artificial y de la posibilidad de que Colombia se convierta en un hub de inteligencia artificial”, declaró el jefe de Estado. Ese interés coincide con el de miembros de su gabinete y varios congresistas, de oposición y oficialistas, que han realizado pronunciamientos y tomado acciones respecto al concepto de moda. No hay una línea clara sobre el camino a seguir y confluyen distintas perspectivas, que van desde el temor hasta el impulso. Se trata de los inicios en Colombia de un debate internacional.

Gates es la cabeza de Microsoft, la corporación que posee el 49% de OpenIA, la desarrolladora de una de las aplicaciones de inteligencia artificial más conocidas a nivel mundial: ChatGPT. En noviembre del año pasado, OpenIA sufrió un cisma después de que Sam Altman, su director ejecutivo, fuera despedido por el consejo directivo y restituido a los pocos días, ocasionando la dimisión de quienes provocaron su salida. Luego se supo que las diferencias entre Altman y sus detractores iban más allá de lo personal. Estos lo acusaban de ocultarles información sensible e ir muy rápido en el desarrollo de la inteligencia artificial, sin reparar en las posibles consecuencias adversas que podría traer sobre la humanidad. Una situación similar —guardando proporciones— sucede en Colombia. Ninguno de los consultados niega los beneficios que esta tecnología puede generar, pero existe alarma y recelo.

Actualmente se tramitan en el Congreso cuatro proyectos de ley relacionados con la inteligencia artificial. Están firmados por 35 legisladores de diferentes fuerzas, que cubren todo el espectro ideológico, y ninguno se adentra en aspectos técnicos. Se caracterizan por su generalidad y amplitud, planteando “lineamientos de política pública”, “regulación”, “límites frente a su desarrollo” y “armonización”. Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes y firmante del Acuerdo de Paz de 2016, es coautora de una de estas iniciativas. En ella, propone establecer “un deber de información” para todas las empresas y personas que utilicen herramientas de inteligencia artificial en ámbitos académicos y económicos. “En la sociedad todo debe ser regulado y la inteligencia artificial no es la excepción. Para poder usarla de manera responsable, la regulación debe imponer transparencia, justicia y ética”, asevera.

Entre sus referentes en materia de legislación sobre el tema, dice, está la Unión Europea, que en diciembre llegó a un acuerdo provisional, en el que sobresalen las exigencias para la utilización de instrumentos de vigilancia biométrica por parte de autoridades gubernamentales y la prohibición de recolectar indiscriminadamente datos faciales en internet o bases de datos. “Colombia transita hacia la inteligencia artificial, pero sin regulación se corre el riesgo de que todo el mundo haga lo que quiera. La norma debe contemplar sanciones para quienes violen esos estándares éticos”, agrega Ramírez.

Lo hecho por la Unión Europea también es aplaudido por Alejandro Toro, representante a la Cámara del oficialista Pacto Histórico y coautor de otro de los proyectos. El texto que lleva su firma —así como la de otros 19 congresistas— surgió después de una audiencia pública que se llevó a cabo en el Congreso, en diciembre de 2022. Allí, según se lee en su justificación, se concluyó que la inteligencia artificial “puede violar derechos humanos y ser utilizada en procesos de discriminación y racialización”. La proposición proscribe que las entidades financieras se valgan de esta tecnología para otorgar o negar crédito y que la Policía Nacional realice perfilamientos a manifestantes, entre otros usos.

“Pretendemos generar un marco para que se emplee, evitando al máximo que se incida en elecciones o se rompan muchas otras líneas éticas”, comenta Toro. La iniciativa estipula que la edad mínima para el uso e implementación es de 18 años, lo que impediría que sea aprovechado en escuelas y otros espacios de formación de niños y adolescentes. El representante admite que no está de acuerdo con los demás autores en este y otros puntos. “No se debe estigmatizar a la inteligencia artificial y cerrarle el paso. Es un mecanismo maravilloso para transformar la educación y que los estudiantes colombianos puedan desarrollar sus propias capacidades”.

En la orilla opuesta se encuentra Alfredo Deluque, senador del centroderechista partido de La U. Con experiencia en el sector privado, especialmente en la regulación de telecomunicaciones, Deluque propende por “desmitificar” la inteligencia artificial y que la gente aprecie sus ventajas, en vez de “creer que se va a dar una guerra entre las máquinas y la humanidad, al estilo de Terminator”. Recuerda que otros avances tecnológicos acabaron con miles de trabajos, pero “también crearon oportunidades y riqueza para las personas y compañías que decidieron adaptarse”.

Este martes, a través de su cuenta de X, el presidente anunció la creación de un comité de expertos sobre inteligencia artificial. Su objetivo, señala, es que la “sociedad colombiana gane en capacidades para producir y controlar los desarrollos” en estas herramientas. Para Deluque es positivo que se investigue con mayor profundidad en el asunto, aunque teme que esos esfuerzos terminen en nuevas restricciones. “Fíjese en lo que pasó con Uber. Mientras en otros países es un servicio más, aquí seguimos metidos en la discusión sobre su legalidad”, refiriéndose a la falta de una legislación que autorice el uso de ese tipo de plataformas de transporte.

El senador guajiro insiste en que no deben expedirse nuevas leyes e invita a adaptar las que ya existen. Para reforzar su posición, se remite al Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, elaborado por el Centro Nacional De Inteligencia Artificial (CENIA) en Chile, que clasifica a Colombia sexta entre doce países de la región y le otorga un puntaje de 100/100 en materia legislativa. “Colombia exhibe su madurez al contar con regulaciones específicas de IA y regulaciones actualizadas en áreas como ciberseguridad y protección de datos. También existen iniciativas de experimentación regulatoria en IA, lo cual es positivo. Estas regulaciones brindan un marco sólido para el desarrollo y la aplicación responsable de la IA en el país”, concluye el informe de 2023.

Diana Acosta, profesora asistente de Ética en la Facultad de Negocios de la Universidad de Loyola, en Chicago, EE UU, explica que las leyes no van a acabar o prevenir todos los riesgos, pero son necesarias para mantener estándares éticos que apliquen a desarrolladores y usuarios “La regulación, por su naturaleza, siempre va a estar atrasada frente a la tecnología porque esta última se mueve más rápido. Las leyes son limitadas e imprecisas, en parte porque la tecnología está fluctuando y las categorías de las leyes difícilmente van a estar al día con esa fluctuación”.

La iniciativa de la senadora Ramírez establece que “el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial no podrá tener como objetivo diferente el del bien común”. La profesora Acosta considera prudente aterrizar estos conceptos amplios, dado que “no es claro lo que verdaderamente significan”, y llama la atención sobre retos prácticos para la puesta en marcha de estas normativas, en caso de ser aprobadas. “Dependiendo de cómo se formulen, puede necesitar personas capacitadas en el sector público para entrar a auditar los modelos y evaluarlos responsablemente. La gente que tiene ese talento difícilmente va a ir a entidades públicas. Es un problema que se ha visto en Estados Unidos”.

En su más reciente colaboración con El Espectador, en diciembre pasado, Acosta advirtió que la inteligencia artificial tenía la capacidad de “transformar aspectos fundamentales de nuestras vidas” y “amplificar los más problemáticos”. Y es ahí en dónde radica el desafío para Colombia, un país que ahora empieza el debate sobre las formas de incorporar esta nueva tecnología y maximizar su provecho.

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