La violencia no cesa en el “laboratorio de paz” del Pacífico colombiano

El pasado lunes festivo, cuando Colombia escuchaba cómo se insultaban los congresistas en el último debate sobre la regulación de la marihuana, el día terminó de la forma más violenta en una ciudad que ha vivido directamente las consecuencias de la guerra contra las drogas: el puerto de Buenaventura, en el Pacífico. Solo ese fin de semana cinco personas fueron asesinadas en los enfrentamientos que se dieron entre las ban...

El pasado lunes festivo, cuando Colombia escuchaba cómo se insultaban los congresistas en el último debate sobre la regulación de la marihuana, el día terminó de la forma más violenta en una ciudad que ha vivido directamente las consecuencias de la guerra contra las drogas: el puerto de Buenaventura, en el Pacífico. Solo ese fin de semana cinco personas fueron asesinadas en los enfrentamientos que se dieron entre las bandas que compiten por controlar el narcotráfico. Un saldo que no es nuevo en esta ciudad donde se ha reciclado la violencia durante las últimas dos décadas, pero que preocupa cuando ha sido considerada como “el laboratorio de la paz total”, la política contra la violencia del Gobierno de Gustavo Petro, tras una tregua entre las bandas Los Shottas y Los Espartanos. En ese mismo fin de semana, en el vecino departamento del Chocó, más de 300 personas salieron desplazadas de sus casas por combates. Sus hogares estaban ubicados en la misma zona donde hace unos meses el Ejecutivo promovió una “caravana humanitaria” para frenar la violencia. Pero ni la caravana ni la tregua han logrado frenar la guerra en una región que sigue esperando que el Gobierno concrete la ruta de la paz total.

Arlington Agudelo es secretario de Gobierno de Buenaventura y cuenta que las cifras de homicidios del puerto más transitado de Colombia son dramáticas si se comparan con los primeros seis meses de 2022. “En junio del año pasado hubo ocho homicidios, mientras que en este ya llevamos nueve”, cuenta. “Y en todo el año pasado tuvimos 74 homicidios, mientras que este año ya llevamos 54”, añade. El año había comenzado relativamente tranquilo hasta que en abril volvieron a subir los homicidios a 12, para llegar a un pico muy peligroso de 21 asesinatos en mayo.

El funcionario dice que la disputa por el control territorial sigue entre Los Shottas y Los Espartanos, y que también hay acoso a los jóvenes que han desertado de un grupo u otro. Considera que es importante reactivar la mesa de diálogo, aprovechando que oficialmente la tregua no se ha roto. “Hay que dinamizar este proceso de paz porque los grupos dicen que quieren sentarse en la mesa. Hemos pedido que se habiliten nuevos compromisarios para contribuir al proceso, pero no hemos obtenido respuesta”, afirma Agudelo. “El alto comisionado para la Paz tiene el plato servido pero toca que alguien arranque”.

La región del Pacífico colombiano parece vivir una realidad paralela a la de los colombianos en la zona andina: mientras que las ciudades de las montañas y sus valles debatían el escándalo de Armando Benedetti y Laura Sarabia, en este selvático litoral una mujer llamada Delfina Murillo murió por el pánico que vivió al escuchar las balas cerca de su casa. “Es una de las muchas muertes que no se registran en las estadísticas de la violencia, pero que son igualmente consecuencia de la guerra”, dijo un representante del territorio donde vivía Delfina, el Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan), en el departamento del Chocó.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, este departamento de población mayoritariamente afrocolombiana es el que más confinamientos ha sufrido en lo corrido del 2023, con 70 eventos. “El Chocó es el epicentro de los eventos de confinamiento, con un 79% de los casos”, remarcó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en una audiencia pública realizada en Quibdó. Además, la entidad señaló que las instituciones del Estado cada vez retroceden más ante los grupos armados: en los últimos meses, cuatro alcaldes han sido forzados a desplazarse.

Delfina Murillo vivía en una zona donde la comunicación no es por carretera, sino por ríos, y que desde hace un poco más de seis años es el escenario de un conflicto entre dos grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, o Clan del Golfo). “Las primeras informaciones indican que en San Miguel hay por lo menos 357 personas”, dice un comunicado de Acadesan, el lunes festivo, refiriéndose al casco urbano al que huyeron cientos de ciudadanos el fin de semana por los enfrentamientos. Tres semanas antes, cuenta, los desplazados en la zona no eran 300 sino unos 1.500.

“Ha seguido la misma dinámica de confrontación que teníamos desde el 2017 [año en el que las FARC salió del territorio tras firmar la paz]″, cuenta una persona que trabaja con Acadesan y prefiere no compartir su nombre por seguridad. “En el San Juan la guerra se vive entre la AGC y el ELN, y de vez en cuando entra la fuerza pública”, añade. Por eso dice que el nuevo cese al fuego ente el Ejército y el ELN es bienvenido pero no cambiará casi nada la dinámica en esta zona, en la que los enfrentamientos con el Estado no son los que desplazan a la población.

Ante la gravedad de la situación, en enero el Gobierno organizó una “caravana humanitaria” con el ELN en la zona, que redujo temporalmente los asesinatos, enfrentamientos y desplazamientos. Pero una vez acabó esa presencia masiva, la violencia regresó. Un líder social en la zona, que también prefiere mantener en reserva su identidad, tiene dudas respecto a las versiones sobre que el ELN ha perdido espacio en los últimos meses ante los embates de las AGC. “Uno escucha que el ELN está sacando gente de otras regiones para fortalecerse. Ya van dos años de enfrentamientos y no los sacan [del Chocó], no creería que el ELN esté debilitado”, dice. Asimismo, cuenta que las minas de explosivos, los combates y la presencia de los dos grupos imposibilitan cultivar, cazar o pescar. “Un actor ve a alguien que va a pescar en la noche, no lo identifica y lo mata”, comenta.

Acadesan —que es uno de los Consejos Comunitarios más grandes del país— ha pedido nuevas medidas de protección al Gobierno nacional, y la oficina de la vicepresidenta Francia Márquez ha intentado coordinar a distintos ministerios para que respondan con medidas de salud, educación o vías. Pero lo que más reclama la comunidad es un cese al fuego multilateral, un objetivo que le ha sido esquivo al Gobierno de la paz total. “Yo sé que están trabajando, pero no están logrando resultados”, señala la persona que acompaña a Acadesan.

Tres líderes consultados en la audiencia de Quibdó coinciden en que la vida en medio del conflicto es algo a lo que están acostumbrados desde hace años: no creen que ahora sea peor, sino que nada ha avanzado para resolver lo que viene pasando desde la administración anterior. “Lo único que ha cambiado es la tónica del Gobierno, que ahora tiene voluntad de negociar”, apunta uno de ellos.

Chocó es el segundo departamento con eventos de desplazamiento, con 12 este año. El primero es Nariño, el departamento más al sur del Pacífico colombiano, que reporta 20, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. La mayoría de estos movimientos en Nariño han afectado a los pueblos indígenas Awá del municipio de Tumaco, fronterizo con Ecuador. Esta vez por un conflicto entre el ELN y un grupo de las disidencias de las FARC denominado Frente 30.

La mayoría de quienes pelean en esta guerra, dice un activista de la zona que prefiere no dar su nombre, son jóvenes desempleados. “Acá la gente sigue teniendo esperanza en el Gobierno del cambio, pero sigue esperando que arranque a gobernar”, dice esta persona, que pidió la reserva de su identidad por el riesgo. “Sabemos que hay muchas dificultades, pero la máquina de la guerra está en los hombros de los jóvenes, así que hay que lograr la paz total, pero también hay que entregarles oportunidades”, añade.

El territorio del pacífico nariñense vivió el poder casi absoluto durante décadas de las extintas FARC. El proceso de paz y el fin de esa guerrilla atomizó el poder, por lo que ahora los grupos compiten entre sí por el control de una salida al mar que les permita dominar el mercado del narcotráfico. En marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares de protección para el pueblo Awá e indicó, ya entonces, que la zona tenía un gran número de desplazamientos y minas antipersonales. Pero ningún cerco humanitario, tregua u operación militar ha logrado calmar la intensa guerra en los territorios que más la padecen.

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