Listas cerradas y congresistas que pueden ser ministros: así va la reforma política

Este martes la Cámara de Representantes aprobó la reforma política, una de las más importantes del Gobierno de Gustavo Petro. Como es una reforma constitucional, a pesar de que ya fue aprobada en comisiones y plenarias de la Cámara y el Senado, debería superar otra ronda de aprobaciones, pero con lo alcanzado desde julio y las votaciones por las que pasó, lo más probable es que se convierta en realidad en junio, tras varios intentos infructuosos en la última década.

El debate en la Cámara recuerda que la reforma no está exenta de polémicas. Por ejemplo, revivió un artículo que le quita facultades a la Procuraduría para sancionar y destituir a funcionarios electos por voto popular, como alcaldes y gobernadores. El proyecto del Gobierno plantea que solo los pueda sancionar jueces y no la Procuraduría, la entidad encargada de disciplinar a los funcionarios públicos. Justamente entre quienes ha destituido está Petro, cuando era alcalde de Bogotá. El artículo que fue aprobado en la Cámara va en línea con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dio la razón a Petro en su caso contra el Estado colombiano. Ese Tribunal señaló que la Procuraduría había violado los derechos políticos del hoy presidente y que deberían eliminarse sus facultades para “destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular”, pues esa facultad debía quedar solo en manos de los jueces.

Otro de los puntos aprobados por la Cámara permitirá que los congresistas puedan renunciar a ese cargo para ser ministros, una idea que ha apoyado infructuosamente en anteriores proyectos el hoy presidente del Senado, Roy Barreras. La aprobación de este artículo, que elimina la inhabilidad de un año que existe actualmente para que puedan entrar al Gobierno, se dio con 108 votos contra 50 en la plenaria de la Cámara. La congresista Jenifer Pedraza, del partido Dignidad, dijo que esa “puerta giratoria” para que los congresistas puedan ser ministros es “un bombazo a la división de poderes”. “¿Qué control político habrá?”, se preguntó en la plenaria.

En contraste, se cayó otro de los artículos de la reforma que buscaba el ingreso de personas más jóvenes al Congreso, bajando la edad mínima necesaria para ser senador de 30 a 25 años, y de 25 a 18 años para la Cámara. Para el Gobierno, este punto era una apuesta por los jóvenes, un sector que los llevó a ganar las elecciones.

La reforma política también ha puesto a prueba la coalición de Gobierno. En la Plenaria también fue aprobado el artículo que modifica el apartado número 262 de la Constitución Política para crear “listas cerradas, bloqueadas y con alternancia entre hombres y mujeres” a partir de 2026 tanto en el Congreso como en las instancias de elección popular locales y regionales.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, insistió en que su objetivo es “fortalecer y profundizar la democracia eliminando prácticas tradicionales y ampliando la participación de jóvenes y mujeres”. Pero representantes que apoyan a Petro lo atacaron. Por ejemplo, la verde Katherine Miranda dijo que la reforma política pasó una “línea roja de la Constitución” y conducirá a que partidos grandes puedan armar coaliciones, acabando con las minorías. “Fui parte de la jefatura de debate de Gustavo Petro durante la campaña y tengo vergüenza y profunda decepción y me duele que en este Gobierno estén acabando con las minorías”, dijo visiblemente molesta durante la plenaria.

La reforma iniciará su segunda vuelta por el Congreso, con otros cuatro debates, en marzo de 2023. Prada admitió que hay “muchas críticas” e invitó a los congresistas a trabajar en conjunto para mejorar el texto. “Quienes quieran opinar con el Gobierno, ojalá nos puedan acompañar. Vamos a venir en marzo recargados para hacer la reforma política”, agregó Prada y dijo que no habrá “ningún tipo de censura” contra quienes hacen parte de la coalición y criticaron el proyecto.

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