La justicia transicional les da última oportunidad a Mancuso y Jorge 40

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó una puerta semiabierta a los ex paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40′. Si quieren ingresar a la justicia transicional y recibir beneficios judiciales tendrán que aportar verdades concretas y nuevas sobre sus relaciones con altos mandos de la Fuerza Pública. Esta será su última oportunidad, explicó el presidente de la JEP, ...

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó una puerta semiabierta a los ex paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40′. Si quieren ingresar a la justicia transicional y recibir beneficios judiciales tendrán que aportar verdades concretas y nuevas sobre sus relaciones con altos mandos de la Fuerza Pública. Esta será su última oportunidad, explicó el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes.

“En una audiencia, los dos exjefes paramilitares deberán contar toda la verdad sobre el conflicto armado, incluidas las alianzas criminales que tejieron con altos mandos de la Fuerzas militares y de Policía”, dijo Cifuentes.

La JEP, creada en el marco de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC y el Estado, investiga los crímenes de los excombatientes de la guerrilla y de miembros de la Fuerza Pública. Pero también otorga beneficios jurídicos a los llamados terceros civiles, (financiadores, funcionarios públicos o empresarios) que participaron en el conflicto armado, se acojan a ella y aporten a la verdad y a la reparación. Mancuso y Jorge 40 habían pedido ingresar voluntariamente a la jurisdicción por esa última vía, pero la JEP, que no está hecha para los paramilitares, los había rechazado. Ahora plantea una alternativa al decir que Mancuso y Tovar deben probar que fueron “sujetos incorporados funcional y materialmente a la fuerza pública”.

Mancuso es uno de los protagonistas más conocidos de la guerra en Colombia. Fue uno de los jefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusado de dirigir 139 masacres y quien en 2004 firmó el proceso de paz que hizo el expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares. Para ese grupo armado se creó Justicia y Paz, una jurisdicción específica en la que el Estado les permitía pagar ocho años de condena a cambio de contar la verdad. Fue extraditado por orden de Uribe a Estados Unidos donde cumplió condena por narcotráfico; aún tiene casos pendientes en el tribunal de los paramilitares y ha intentado entrar a la JEP en diversas oportunidades.

En 2019, a través de una teleconferencia con congresistas, dijo que quería aportar información sobre los vínculos del poder económico y el grupo armado que dirigió, y quería someterse a este tribunal en calidad de auspiciador o financiador del conflicto. La Sección de Apelación del Tribunal de Paz había rechazado su postulación como tercero civil porque hay suficiente evidencia de que se “desempeñó única y permanentemente” como miembro de un grupo paramilitar y no fue un mero financiador sino alguien con función continua de combate. También le había negado el ingreso como agente estatal de facto porque no ejerció “de forma continua y subordinada una función orgánica ligada a la campaña militar del Ejército o de la Policía”.

Sin embargo, ahora le lanza una carta al decir que el exjefe paramilitar “sí pudo haber ostentado la condición de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública” al ser “bisagra” o punto de conexión entre los aparatos militar y paramilitar, en calidad de posible máximo responsable de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

“Cuando en el marco real del conflicto el paramilitar que está en el vértice de su organización criminal aporta su red, generando, aceptando o propiciando de cualquier modo un alineamiento concertado al servicio de la fuerza pública o tolerado por ésta, materialmente puede ser percibido, desde la óptica penal transicional, funcional al Estado”, adujo Cifuentes.

La nueva decisión se da en el marco del nuevo macro caso abierto por la JEP para investigar todas las conductas del paramilitarismo, la alianza de militares, policías u otros agentes del Estado. Ahora Mancuso y Tovar tendrán la vara más alta. Deberán aportar información adicional a la que han dado en la justicia ordinaria y que ayude a esclarecer casos relacionados con el conflicto en los que han participado altos mandos militares.

“Esta es una verdad que el país necesita, que las víctimas necesitan, es una verdad que igualmente también compromete el deber de investigación del estado frente a la comunidad internacional (...) se trata de crímenes en los que de una manera conjunta operó la Fuerza Pública con las cabecillas máximas, los que se encontraban en el vértice del paramilitarismo” agregó el magistrado.

En su primer intento, Mancuso había informado que él patrullaba junto a militares como el mayor Walter Fratini Lobacio —ya fallecido—, quien fue comandante del batallón de contraguerrilla de la IX Brigada del Ejército. En su plan de verdad, el documento que deben aportar quienes pretenden entrar a la JEP, Mancuso había dicho que “portaba armas largas y participaba directamente de manera efectiva en acciones armadas con fines contrainsurgentes, no solo con el aporte de información”. También había ofrecido entregar información sobre la participación de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la masacre de El Aro, en Ituango, cuando Uribe era gobernador, entre otros casos.

El camino de ‘Jorge 40′ ha sido similar. Fue el comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y tiene 35 órdenes de captura vigentes, 40 medidas de aseguramiento y 1.486 investigaciones penales por masacres, desplazamientos, torturas y desapariciones. Desde 2008, cuando fue extraditado junto a otros comandantes de ese grupo, muchas víctimas quedaron a la espera de conocer la verdad sobre sus casos. Fue deportado a Colombia en septiembre de 2020 después de pagar una condena a 12 años de prisión por narcotráfico en una cárcel de Estados Unidos y pidió pista en la JEP.

En su caso, la jurisdicción había ordenado continuar el estudio de su postulación, pero solo respecto a los delitos cometidos cuando era empresario y financió a grupos paramilitares. Sin embargo, Tovar Pupo no precisó el momento en que cambió ese rol por el de comandante de las AUC, y por eso la JEP lo rechazó. Pero bajo el mismo argumento usado con Mancuso, ahora le da un último chance de demostrar que fue un “sujeto incorporado a la fuerza pública”.

La decisión no había estado exenta de debate por quienes consideran que el rechazo a Mancuso y Tovar Pupo haría perder verdades valiosas sobre el conflicto colombiano; y quienes consideran que, si realmente tienen la voluntad de esclarecer la verdad, pueden ser llamados como testigos en algunos de los casos que investiga la JEP y no como comparecientes.

En su decisión de este miércoles, Cifuentes aseguró que no ocuparse de esa articulación “funcional y material” entre exjefes paramilitares y excomandantes del Ejército y la Policía, “la JEP vería socavada la posibilidad de investigar y juzgar con todos sus elementos los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad realmente perpetrados por ciertos miembros de la fuerza pública”.

Ahora, tanto Mancuso como Tovar tendrán solo una oportunidad en una audiencia, para hacer aportes “efectivos y suficientes” y tendrán medidas de protección para ellos, su familia y sus abogados. Sin embargo, solo si en criterio de la Sala de Justicia, la audiencia resulta exitosa y hay aportes reales y nuevos, la JEP contrastará la información que entreguen y decidiría definitivamente si ingresan o no al Tribunal de Paz.

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