Premios por los asesinatos del Ejército: “El comandante me dio 100.000 pesos y a todo el grupo un arroz chino”

Un día del 2002, cuando la guerra en Colombia estaba en uno de sus picos, un joven soldado del Ejército llamado Yeris Andrés Gómez cometió un asesinato del que hoy se arrepiente. “Fue la primera persona que asesiné por orden de un superior”, cuenta ahora Gómez. En ese entonces él hacía parte del batallón La Popa, ubicado en el Caribe colombiano, y tras un combate con la guerrilla del ELN se encontró con un combatiente herido e indefenso. No fue arrestado, ni interrogado. Un mayor llamado...

Un día del 2002, cuando la guerra en Colombia estaba en uno de sus picos, un joven soldado del Ejército llamado Yeris Andrés Gómez cometió un asesinato del que hoy se arrepiente. “Fue la primera persona que asesiné por orden de un superior”, cuenta ahora Gómez. En ese entonces él hacía parte del batallón La Popa, ubicado en el Caribe colombiano, y tras un combate con la guerrilla del ELN se encontró con un combatiente herido e indefenso. No fue arrestado, ni interrogado. Un mayor llamado José Pastor Ruiz Mahecha le pidió a Gómez asesinar al hombre a sangre fría. “No le prestamos los primeros auxilios, violando el derecho a la vida”, cuenta Gómez. “Lo que cometimos en el Batallón La Popa fueron asesinatos”. Recordó luego un dato que añadió a la frialdad del momento. “Por esta persona, excombatiente del ELN, el comandante del Batallón La Popa me dio 100.000 pesos, y a todo el grupo especial les compró un arroz chino”, recordó. La vida de otros, explicó, tenía un precio.

Gómez contó sobre otras recompensas, cada vez más macabras. Después de ese evento fue testigo de como el batallón asesinó personas para pasarlas como guerrilleros, y a cambio a los soldados les dieron viajes a Cartagena, o a la isla de San Andrés, pistolas y fiestas, incluso “reuniones” con trabajadoras sexuales. “Es un crimen de Estado, porque hasta el presidente de la República, en ese entonces Álvaro Uribe Vélez, pedía resultados. Tropa que no daba resultados, no le daban permiso”, añadió Gómez. De acuerdo a las cifras oficiales, en el país hubo al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército entre 2002 y 2008, periodo en que Uribe fue presidente y jefe de las fuerzas armadas.

Gómez fue el primer militar retirado que este lunes se comprometió a reconocer los crímenes de Estado que cometió el batallón La Popa. Lo hizo ante las víctimas de la guerra, varios miembros de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, y ante magistrados del tribunal Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Uno de los desafíos de este tipo de espacios es ese reencuentro con el dolor”, dijo al principio del evento el magistrado de la JEP Oscar Parra.

Unos cincuenta familiares de las víctimas se encontraban en la audiencia pública, organizada por la JEP, algunos con fotos de sus seres queridos asesinados y la mayoría con camisetas blancas estampadas con el mural que le exige al Ejército responder a una pregunta: ¿Quién dio la orden? “No hemos tenido la valentía de decirle a mi madre: ‘nos vamos a enfrentar con quienes mataron a tu hijo’”, contó en la audiencia Danelis Bolaños, hermana del joven kankuamo Ever de Jesús Montero Mindiola, asesinado en 2003 y presentado entonces, falsamente, como guerrillero.

De acuerdo a la JEP, entre el 2002 y 2005 el batallón La Popa fue responsable de al menos 127 asesinatos o desapariciones como el de Montero Mindiola. Pero el tribunal ―que hace con esta su segunda audiencia de reconocimiento con militares— quería explicar este lunes un patrón criminal particular en esta zona del país: la alianza entre militares y grupos paramilitares para matar civiles.

“Reconozco que hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal”, dice el soldado Gómez sobre lo que ocurrió. En su declaración contó que los miembros del batallón se reunían con varios jefes paramilitares en la zona, como el temido alias Jorge 40 o alias El Paisa, para acordar acciones conjuntas. Por ejemplo, cuando había víctimas asesinadas por los paramilitares, luego llegaba el ejército a simular un combate con la guerrilla y así hacerlos pasar por los armados. “No eran guerrilleros, ni paramilitares, ni pertenecían a un grupo ilegal, solo eran civiles”, insistió Gómez.

Hubo algunos militares que no asesinaron directamente, pero fueron los encargados de legalizar, con documentos o declaraciones a los medios, los asesinatos como bajas del Ejército contra la guerrilla. Uno de ellos fue el entonces teniente coronel Heber Hernán Gómez Naranjo, que hizo parte de la audiencia de reconocimiento como coautor de los homicidios. La labor del Ejército, confesó Gómez, era “disfrazar de legal todo lo ilegal que en nuestra jurisdicción del batallón se venía ejecutando”.

“Reconozco que fui un cobarde al no denunciar esta clase de hechos, tan horrorosos, como presentar bajas como si fueran en combate”, confesó también el sargento primero retirado Manuel Valentín Padilla Espitia. El militar y otros que dieron su testimonio explicaron que fue el teniente coronel Hernán Mejía Gutiérrez, jefe en el batallón, quien hacía alianzas con los paramilitares y luego le pedía a sus hombres “legalizar” los asesinatos que ese grupo ilegal cometía. “Pero estas órdenes eran fraudulentas, porque no existía ningún combate”, dijo Padilla. El acusado, el teniente Mejía Gutiérrez, es uno de tres autoridades en el batallón que no han aceptado ser culpables de los crímenes que les imputa la JEP.

Una de esas víctimas fue Luis Eduardo Oñate, un joven indígena Wiwa que soñaba con ser abogado y oriundo de la sierra nevada de Santa Marta, una zona montañosa del caribe. Fue asesinado en 2004 junto con su amigo Carlos Mario Navarro. La hermana de Luis Eduardo, Osmaira Nieves Oñate, lleva 18 años guardando un viejo periódico en el que se anuncia la muerte de su familiar y su amigo como si fueran parte de un grupo armado.

“Yo confiaba en ustedes”, le dijo Nieves a los doce miembros del Ejército que están reconociendo sus crímenes ante la JEP. Le pidió a dos de los presentes que la lleven “donde ejecutaron a mi hermano, porque yo necesito limpiar la sangre de él”. Señaló al sargento segundo y ahora retirado José de Jesús Rueda – uno de los presentes en la audiencia– , a quien su hermano le fue entregado por los paramilitares.

Antes de terminar la audiencia fue el turno del sargento Rueda, que comandó varios pelotones del Batallón La Popa. Admitió que los grupos paramilitares estaban completamente alineados con el batallón, y que uno de estos podía llamarle cualquier día a avisarle “le vamos a entregar un positivo”. (Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia son conocidas como falsos positivos).

“Todos los casos que yo reconozco acá son importantes para mí”, dijo Rueda sobre los varios asesinatos que admitió. “Pero la muerte de Carlos Mario Navarro Montaño y de Luis Eduardo Oñate Nieves marcó mi vida. Yo también llevo mucho tiempo esperando este momento, para poder decirle a ustedes, y a toda Colombia, que les pido perdón”. Describió a los dos chicos como “jóvenes que no tenían que morir así, de esa manera, jóvenes que eran el futuro de Colombia”. Y terminó refiriéndose al viejo periódico de hace 18 años que guarda Osmaira Nieves y que culpa a los dos jóvenes de algo que era mentira.

“Lo que dice ese periódico no es cierto”, dijo el sargento retirado “Porque Luis Eduardo y Carlos Mario no eran guerrilleros, ni tampoco eran paramilitares”. Eran civiles, y algunos militares ahora revisan poco a poco la dolorosa historia que los medios no contaron.

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