¿Dónde fue a parar el honor de los militares de Colombia?

En Colombia, no se habla públicamente ni de la vida íntima de los presidentes ni de lo que sucede dentro de las Fuerzas Militares. Lo primero tiene su lógica, lo segundo es una aberración que le ha permitido a los militares salirse del forro, cometer desafueros y atropellos a los derechos humanos casi que con la anuencia o el silencio del poder civil.

En el Gobierno de Iván Duque, los militares se han vuelto aún más ...

En Colombia, no se habla públicamente ni de la vida íntima de los presidentes ni de lo que sucede dentro de las Fuerzas Militares. Lo primero tiene su lógica, lo segundo es una aberración que le ha permitido a los militares salirse del forro, cometer desafueros y atropellos a los derechos humanos casi que con la anuencia o el silencio del poder civil.

En el Gobierno de Iván Duque, los militares se han vuelto aún más autónomos y funcionan como unas cajas negras a las que muy pocos civiles tienen acceso. Hoy se dan lujos temerarios que no habían podido darse antes. Sin mucho trauma se han convertido en activistas políticos y en sujetos deliberantes, dos cosas que prohíbe la constitución colombiana. Causa sorpresa que esta peligrosa metamorfosis que rompe el orden constitucional haya contado con la anuencia del propio presidente Iván Duque quien, para infortunio de nuestra democracia, ha actuado como si fuera el subalterno de los generales.

Esa licencia de los militares para traspasar fronteras hasta ahora infranqueables, quedó muy bien retratada en el penoso episodio protagonizado hace unas semanas por el comandante del ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro. En un hecho sin precedentes, el general se fue lanza en ristre contra el candidato Gustavo Petro y como cualquier político en campaña utilizó su Twitter para fustigarlo. Al general no le gusto que Petro hubiera dicho una verdad que reveló Otoniel, el jefe del clan del golfo antes de que fuera extraditado a los Estados Unidos: la de que en la nómina de ese poderoso cartel había “algunos generales del ejército colombiano”.

En Colombia, la Constitución dice que los militares no pueden ser deliberantes y que los presidentes no pueden intervenir en política, dos prohibiciones derivadas de la época de La Violencia, cuando cerca de 200.000 colombianos murieron por una guerra entre los partidos tradicionales. A regañadientes, los presidentes, incluido el inmanejable Álvaro Uribe, han cumplido esta norma que pocos analistas extranjeros entienden.

Con Duque esa tradición se rompió. El mandatario viene interviniendo en la campaña sin pudor y su ejemplo ha sido entendido por los militares como una invitación para incumplir la Constitución. Por eso, el general Zapateiro no fue llamado al orden por Duque ni ha sido destituido por los organismos disciplinarios. En cambio, Duque lo respaldó, con el argumento de que el candidato Petro se había entrometido en los cuarteles y mancillado el honor militar. Así de Castro chavista está la institucionalidad en Colombia.

Bajo la Administración Duque los militares han podido funcionar a su aire. No tienen doctrina, porque su enemigo histórico se desarmó, pero siguen recurriendo a la estrategia de “Buscar y Destruir”, derivada de la guerra del Vietnam. Eso fue lo que hicieron hace unos días en un pueblo en el departamento del Putumayo, situado en el sur del país. Llegaron disparando sus armas, masacraron a civiles y se fueron. El presidente tampoco los increpó ni los llamó al orden. Duque pasará a la historia por ser un presidente que fue incapaz de ejercer su liderazgo sobre los militares y que prefirió ser su alcahueta.

Uno de los grandes problemas que va a tener el próximo presidente, sea el que sea, es que va a tener que asumir el poder con un ejército que en su gran mayoría perdió la noción de lo que en realidad significa el honor militar. Con todo respeto con el general Zapateiro y el presidente Duque, el honor militar no se mancilla por decir la verdad. Y lamentablemente si es verdad que hay oficiales en contubernio con el narcotráfico. Como también es cierto que hay oficiales corruptos que utilizan los gastos reservados para sus gastos personales. También es verdad que hay generales con lujosos apartamentos y con costosas propiedades que se han enriquecido en el servicio. Y lo más grave: los órganos de control pocas veces se atreven a investigarlos y a sancionarlos.

Según la definición, el honor militar “se trata de una cualidad moral, ligada a la dignidad” que impulsa al soldado a “realizar el más estricto cumplimiento” de sus deberes ante el prójimo y ante ellos mismos. Es decir, el honor militar está sustentado en unas virtudes morales y éticas del soldado que lo obligan a cumplir su deber sin ninguna mancha, ni tacha.

Dentro de ese concepto de honor militar no cabían ni los escándalos de corrupción ni imposiciones como la que le exigieron un día antes de la firma del acuerdo de paz al presidente Juan Manuel Santos. En esa encerrona, la cúpula militar supeditó su apoyo al proceso a que se incluyera un artículo en el que se dijera que el enriquecimiento ilícito de los generales durante su servicio podría ser un delito conexo, susceptible de ser amnistiado. Ese día, los generales condicionaron su apoyo a la paz a una exigencia vergonzosa que mancillaba el honor militar porque pretendía limpiar sus fortunas mal habidas. Un ejército que un día antes de firmar la paz, estaba pensando en sus bolsillos no es un ejército que pueda hablar de honor militar.

También fallaron a su juramento cuando adoptaron sin ningún reato moral la atroz práctica de los falsos positivos que produjo la muerte de 6.400 colombianos a manos del Ejército. Quienes juraron defender con las armas la vida de los colombianos, idearon un plan para asesinar civiles y hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. Esa fue su manera de acceder a beneficios que iban desde unas vacaciones hasta un ascenso. Varios oficiales de rango medio han ido a la justicia transicional a aceptar lo que hicieron y le han pedido perdón a las víctimas, pero la gran mayoría de los generales siguen negando su responsabilidad y han dicho que lo que hicieron fue en cumplimiento de órdenes, invocando de nuevo una interpretación arbitraria de lo que en realidad significa el honor militar.

Luego de casi diez años de destapado el escándalo de los falsos positivos, no se ha podido saber quién dio la orden para asesinar a seis mil colombianos.

Un ejército que es incapaz de reflexionar sobre sus errores y atropellos a los derechos humanos es un ejército que está utilizando el honor militar para tapar sus fracasos éticos y para justificar lo que nunca debió hacer.

Durante la guerra contra las FARC, los militares y el poder civil construyeron una narrativa en la que los uniformados eran los buenos y los héroes. Pero después de la firma del acuerdo se ha descubierto que la guerra no fue así de simple y que lo que hubo fue un contubernio en el que se cruzaron los poderes legales e ilegales. Cuando los atropellos por parte de la fuerza pública, fueron imposibles de tapar, los primeros en reaccionar no fueron los poderes en Colombia, sino el congreso norteamericano que con enmiendas como la del senador Patrick Leahy, enfrentaron con mucha más decisión el problema de derechos humanos que tenían nuestras fuerzas.

Los pocos avances en esa materia se los debemos más a ONGs como HRW, y a varios senadores norteamericanos, que a las políticas de contención internas.

Es hora de exigirles a los militares que actúen pensando en su honor militar y de exigirle al próximo presidente, sea el que sea, que no sea su alcahueta.

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