El feminismo dominicano en torno a las tres causales necesita hacer autocrítica y renovarse
Debemos abordar una profunda reflexión que permita reconectar con el poder popular, que hasta ahora ha estado secuestrado por las iglesias, explorar otras formas de acción y abrir nuevas conversaciones sobre el aborto
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La lucha por la ...
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La lucha por la despenalización del aborto, impulsada por el movimiento feminista en la República Dominicana, tiene ya más de 20 años de trayectoria. Este recorrido ha colocado al movimiento tanto en escenarios de victorias como en lo que parece una espiral interminable de enfrentamientos contra el poder político y los poderes fácticos del país, como son las iglesias evangélicas y la iglesia católica, cuya cúpula siempre ha mantenido una importante influencia en el estado dominicano. Esto nos sitúa en una urgente necesidad de renovación, pues pareciera que vamos perdiendo poder político y social.
Para entender este proceso, es necesario recordar que el Código Penal dominicano vigente data de 1884. En 1997, cuando el expresidente Leonel Fernández creó una comisión jurídica con el objetivo de elaborar un nuevo Código Penal, el movimiento feminista vio allí una oportunidad para abrir el debate público sobre la despenalización del aborto e incidir en la comisión. Sin embargo, aunque aquello representó un avance importante, no fue posible lograr el objetivo, ya que los trabajos de aprobación de un nuevo código penal resultaron infructuosos.
Gracias a la persistencia del movimiento, en 2006 el tema volvió a discutirse en el Congreso Nacional, esta vez con la posibilidad de despenalizar el aborto en circunstancias excepcionales. La propuesta no prosperó debido a la fuerte oposición política y social que generaba.
Unos años más tarde, en 2010, se impulsó una reforma constitucional que pretendía cerrar de forma definitiva el debate sobre el aborto, al establecer en el artículo 37 la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Esto desató grandes movilizaciones por parte movimiento feminista, que entendía el impacto de dicho artículo como un obstáculo serio para cualquier intento futuro de despenalización del aborto. Pese a las protestas, la reforma constitucional fue finalmente aprobada.
El debate sobre el aborto siguió ocupando un lugar central en la agenda feminista. Por ello, en 2014, cuando se reabrió la discusión sobre un nuevo Código Penal y el Congreso insistió en mantener la penalización, la presión del movimiento feminista logró incidir en el gobierno de Danilo Medina. Como resultado, el presidente observó los artículos recién aprobados relacionados con el aborto, lo que dio paso a una negociación que culminó en la aprobación de un Código Penal que contemplaba la despenalización en tres situaciones excepcionales: riesgo para la vida de la mujer, violación o incesto, e inviabilidad fetal. Sin embargo, estas dos últimas quedaron sujetas a la aprobación de una ley especial y a la definición de protocolos para su implementación.
Este avance resultó efímero. El nuevo Código nunca entró en vigencia porque grupos religiosos y sectores conservadores acudieron al Tribunal Constitucional, que lo declaró inconstitucional alegando que su aprobación no cumplió con el procedimiento requerido. Aunque los recursos también cuestionaban la constitucionalidad de las causales, el Tribunal no se pronunció sobre ese aspecto en sus motivaciones.
Desde entonces, el debate se ha mantenido abierto en un contexto de constante tensión, marcado por la fuerte influencia de la Iglesia católica y las iglesias protestantes en la población, quienes suelen ser utilizados como herramienta de presión política para chantajear a senadores, diputados y al Poder Ejecutivo, especialmente en períodos electorales. Quienes además están articulados con grupos de extrema derecha y otros grupos religiosos de la región.
El gobierno de Luis Abinader tampoco ha escapado de esta coerción. Aunque como candidato se comprometió con la despenalización del aborto en las tres causales, incluidas en su programa de gobierno, no cumplió su palabra. Pese a las constantes presiones del movimiento feminista por las tres causales, como lo fue el campamento de 2021, en octubre de 2025 un Congreso mayoritariamente oficialista aprobó un nuevo Código Penal que mantiene la penalización del aborto en todas sus circunstancias.
Aun así, la sociedad muestra señales de apertura. Según datos del Barómetro de las Américas (2019), un 61 % de los dominicanos está de acuerdo con al menos dos de las tres causales, lo que puede considerarse un logro del movimiento feminista. No obstante, los retrocesos, el estancamiento y la cada vez menor interlocución con los tomadores de decisiones en torno al aborto han desgastado al movimiento, generando fracturas internas, una significativa pérdida de poder político y una progresiva disminución de su capacidad de movilización social.
Las estrategias del movimiento feminista han combinado la movilización con la incidencia política, principalmente en el Congreso y el Poder Ejecutivo. En un país presidencialista como República Dominicana, este último concentra gran parte de las decisiones y define las líneas partidarias. La incidencia política, aunque ha sido la herramienta central en la lucha por las tres causales, se ha repetido sin mayor renovación en los argumentos ni en las formas de acción. Esto ha llevado a invertir recursos y energías en políticos que aparentan compromiso, pero terminan cediendo ante el poder religioso y sus chantajes.
Si bien no se deben abandonar los espacios institucionales, el feminismo dominicano en torno a las tres causales necesita detenerse, reflexionar, hacer autocrítica y renovarse. El campamento fue un esfuerzo importante, pero terminó reforzando un discurso restrictivo, incluso dentro de las propias causales. Aunque contribuyó a ampliar la aceptación social de estas, también colocó al movimiento en la posición de impulsar relatos que pueden limitar la conversación más amplia sobre el aborto.
Esto es crucial porque, aun cuando las tres causales representarían una conquista significativa, beneficiarían solo a una pequeña parte de las mujeres. Estimaciones del Instituto Guttmacher calculan alrededor de 82.000 abortos clandestinos anuales en el país. La mayoría de esas mujeres —que abortan por fuera de las tres causales— quedan fuera de los discursos del movimiento más visible, pese a que son ellas quienes enfrentan de manera más directa la criminalización.
Frente a ello, grupos comunitarios y antirracistas han comenzado a impulsar una narrativa distinta, centrada en el aborto deseado y en la autonomía de las mujeres. Estos enfoques reivindican la posibilidad de vivir el aborto como un acto de cuidado y alivio, en lugar desplazando la imagen del sufrimiento constante alrededor del aborto, como única posibilidad que ha impulsado algunos sectores del feminismo.
Además, la concentración del movimiento en torno a las tres causales ha relegado otros temas igualmente urgentes que afectan a las mujeres: la pobreza, la megaminería y sus impactos ecológicos en las comunidades rurales, el alto costo de la vida o el racismo, que debería ser un eje transversal en nuestras luchas y aún no lo es. Todo esto nos distancia de la cotidianidad de las mujeres dominicanas.
En conclusión, el movimiento feminista por el aborto en la República Dominicana, especialmente aquel concentrado en las tres causales, debe abocarse a una profunda reflexión que permita reconectar con las mujeres y su poder popular, que hasta ahora ha estado secuestrado por las iglesias, explorar otras formas de acción y abrir nuevas conversaciones alrededor del aborto en el país, con una mirada más interseccional. También reconociendo que el aborto es parte de una conversación más grande que tiene que ver con la justicia reproductiva. Al tiempo que fortalecer esfuerzos para acompañar a quienes, pese a la penalización, desean abortar y necesitan información segura.