Un candidato en la cárcel, clave para el resultado peruano

La semana pasada, el único debate electoral peruano antes de la primera vuelta, en el que participaron los 10 candidatos que han llegado a la recta final, tuvo un protagonista inesperado: Gregorio Santos. Mientras los otros 9 llegaron en sus coches con normalidad, él lo hizo escoltado por la policía directamente desde la cárcel en la que está en prisión preventiva por presunto cohecho. Santos no ha sido aún condenado y por tanto tiene derecho a ser elegido presidente y también a realizar el debate. Pero está en la cárcel y desde allí hace su campaña. Así que cuando terminó el debate, los policías que lo esperaban lo acompañaron de nuevo a la prisión.

Parecía solo una anécdota que llamó la atención especialmente fuera de Perú. Pero la carambola quiere que Santos pueda ser decisivo en estas elecciones. Las últimas encuestas realizadas pronostican que este representante de la izquierda peruana, con mucho tirón mediático, puede llegar hasta el 4%. Es un porcentaje muy importante pero sobre todo decisivo para el aparente empate técnico en el que, según las mismas encuestas de último minuto, están los dos aspirantes a entrar con Keiko Fujimori en la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski y Verónika Mendoza.

Santos ya ganó unas elecciones desde la cárcel, las de su región, en 2014

Los votos de Santos, si se sumaran a Mendoza –ambos son de izquierdas- la harían pasar a la segunda vuelta con comodidad. Pero la fortaleza de Santos, que ha decidido mantener su candidatura desde la cárcel, puede precisamente ayudar al candidato de la derecha moderada alternativa al fujimorismo, Kuczynski.

Santos tiene mucho tirón popular especialmente en su región, Cajamarca. Fue presidente regional entre 2011 y 2014 con un gran respaldo popular superior al 30%. Desde allí se opuso a un gran proyecto minero, el de Conga, y logró paralizarlo, por lo que muchos ciudadanos le consideran un héroe luchador contra el poder y atribuyen a esa lucha su encarcelamiento por presunto cohecho.

Tanto es así que Santos ya ganó unas elecciones desde la cárcel, las de su región, en 2014, cuando ya llevaba tres meses en prisión. Al encontrarse en la cárcel no pudo asumir el cargo, que ha recaído en su vicepresidente hasta que se resuelva la situación de prisión preventiva en la que se encuentra desde hace casi dos años.

Santos es así un resistente capaz de ganar elecciones desde su celda e incluso lograr casi un 4% nacional, según las encuestas, pero en su éxito puede estar el fracaso de la izquierda peruana, que si no pasa Mendoza verá escaparse una oportunidad única para llegar al poder después de casi 30 años desaparecida.

Ollanta Humala llegó desde la izquierda pero ya antes de ganar las elecciones, entre la primera y la segunda vuelta de 2011, hizo un giro y logró el apoyo de Mario Vargas Llosa. Desde entonces, todos los analistas peruanos sacan a Humala de la izquierda y le colocan en un nacionalismo de centro con una política económica continuista con los gobiernos anteriores. Por eso rompió con él Verónika Mendoza, que ahora se presenta como una opción netamente de izquierda aunque si pasa a la segunda vuelta también tendrá que moderarse para buscar votos en el centro.

Ver a gobernadores regionales en la cárcel no es algo raro en Perú, un país donde la corrupción dinamita las instituciones y aleja a los ciudadanos de la política. Entre 2014 y 2015, dos gobernadores regionales tuvieron órdenes de captura por asuntos de corrupción y permanecieron varios meses prófugos, por lo que fueron sustituidos en el cargo. El primero en presentarse a la justicia fue el expresidente regional de Ancash, César Alvarez. En marzo, un informante -motivado por una recompensa- permitió la captura del gobernante regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, que llevaba nueve meses escondido. El exgobernador regional de Tumbes, Gerardo Viñas, lleva más de un año y medio prófugo de la justicia. Ninguno pertenece a un partido político de dimensión nacional. La fragmentación del poder en el nivel regional es enorme en Perú. Solo Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, controla tres gobernaciones de las 25. Y es un récord. El resto se divide en partidos locales.