Una jueza federal paraliza la construcción del muro fronterizo de Trump en el Parque Nacional Big Bend y alrededores
La orden judicial está dirigida a los proyectos de muros, carreteras y otras infraestructuras en una franja de más de 800 kilómetros, un cuarto de la frontera
Una jueza federal de Texas ordenó este viernes paralizar temporalmente la construcción de muros y otras infraestructuras fronterizas en la región de Big Bend, incluida la zona del Parque Nacional, en respuesta a una demanda que cuestiona las facultades invocadas por la Administración Trump para acelerar las obras y los posibles daños ecológicos al terreno. La decisión supone un revés para uno de los proyectos emblemáticos del republicano, que desde su primer mandato ha prometido levantar la mayor barrera física construida hasta ahora en la frontera con México.
La jueza Kathleen Cardone, del Tribunal Federal para el Distrito Oeste de Texas, concedió la medida cautelar ante el riesgo de que las obras causen daños ambientales “graves e irreparables”. El alcance del fallo va más allá del Parque Nacional Big Bend. La orden afecta al sector fronterizo del mismo nombre, una región de más de 500 millas (unos 800 kilómetros) que representa aproximadamente una cuarta parte de los cerca de 3.200 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México. Allí, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) proyecta distintas infraestructuras, algunas de ellas sobre terrenos privados.
La demanda fue presentada en abril contra el Departamento de Seguridad Nacional y su secretario por los abogados del Centro para la Diversidad Biológica. La organización ambientalista representa a Friends of the Ruidosa Church, un grupo sin fines de lucro que busca preservar una iglesia histórica del condado de Presidio, y a Danny William Miller, guía fluvial del Río Grande y propietario de un terreno en Redford que podría verse afectado por la construcción del muro.
El proyecto ha generado una fuerte oposición entre residentes, propietarios, ecologistas y representantes políticos de ambos partidos, especialmente por las intervenciones previstas dentro del Parque Nacional Big Bend, uno de los espacios naturales más singulares de Texas. En agosto, la aparición de maquinaria pesada despejando terrenos provocó protestas y llevó a CBP a detener los trabajos dentro del parque. Aquella decisión, adoptada por la propia agencia y no por un tribunal, expiró el 30 de septiembre.
Una de las residentes del condado, Bill Guerra-Addington, testificó en la corte que una barrera fronteriza supondría una sentencia de muerte para su rancho, situado en el área protegida ahora por el fallo. “Nos están arrebatando el río, y es algo devastador”, afirmó.
La construcción forma parte de un programa de unos 46.000 millones de dólares para reforzar la frontera sur con una combinación de muros de acero de hasta 30 pies (unos nueve metros), barreras para vehículos, carreteras y tecnología de vigilancia. Las primeras secciones de este muro fueron instaladas en la zona a mediados de septiembre.
Ante las críticas al proyecto, funcionarios del DHS han defendido la necesidad de reforzar la zona con el argumento de que el flujo migratorio podría desplazarse hacia Big Bend a medida que se levantan nuevos muros en otros puntos de la frontera sur. El comisionado de la CBP, Rodney Scott, sostuvo además que las obras buscan proteger el parque nacional ante una eventual expansión de las actividades de los cárteles en la región.
La controversia ha abierto varios frentes judiciales. Hasta ahora se han presentado seis demandas relacionadas con las obras en Big Bend. El jueves, apenas un día antes del fallo de Cardone, otro juez federal rechazó en un caso distinto una solicitud de orden de restricción temporal que buscaba impedir los trabajos dentro y en los alrededores del parque nacional.
