Una nueva ley entra en vigor para controlar el despilfarro de la seguridad en la frontera

Desde ambos lados del espectro político estadounidense se ha apuntado a la escasez de recursos de la Patrulla Fronteriza como uno de los obstáculos para controlar la entrada irregular de migrantes. A las limitaciones de presupuesto se suma la mala gestión de las finanzas, que se ha puesto en evidencia en un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés). Con el comienzo del año, una nueva ley tratará de evitar el despilfarro y controlar mejor el gasto. Firmada por el presidente, Joe Biden, el 23 de diciembre, la nueva legislación introduce medidas para mejorar la supervisión y la eficiencia en los contratos de servicios a terceros. A partir de ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deberá enviar un informe al Congreso de todos los contratos superiores a los 50 millones de dólares.

“Esta ley identificará nuevas formas de proteger mejor el dinero de los contribuyentes y apoyar a nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de CBP [Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés] y otro personal que trabaja incansablemente para salvaguardar a los texanos”, dijo en un comunicado el republicano John Cornyn, senador por Texas. Cornyn fue uno de los patrocinadores de la ley bipartidista, junto con la senadora por New Hampshire, la demócrata Maggie Hassan, quien declaró que la nueva norma “ayudará a garantizar que el DHS y sus contratistas operen de la manera más efectiva posible en la frontera”. Los representantes estadounidenses Josh Brecheen (Oklahoma) y Mark Green (Tennessee) encabezaron la legislación complementaria en la Cámara.

Un informe de 2020 de la GAO reveló un considerable aumento de los contratos a terceros para la seguridad de la frontera y puso de relieve la falta de supervisión de los servicios contratados y del gasto. De 2013 a 2018, el DHS gastó 70.700 millones de dólares (un 76% de sus gastos totales) en contratar servicios. El estudio recoge que no hay un “nivel de supervisión federal necesario para estos contratos porque no hay orientación sobre cómo documentar y actualizar la cantidad de personal federal necesario para realizar la supervisión”. Añade, además, que los servicios contratados “incluyen funciones que están estrechamente asociados con intereses inherentemente gubernamentales, críticos o especiales, que podrían poner al gobierno en riesgo de perder el control de su misión si la realizan contratistas sin la supervisión adecuada por parte de funcionarios gubernamentales”.

Los servicios contratados que estarán sujetos a revisión del Congreso incluyen los centros de detención, los servicios de transporte, los equipos de seguridad fronteriza y aquellos que brindan atención médica a los migrantes que cruzan la frontera suroeste hacia Estados Unidos.

El informe debe incluir, entre otras cosas, los criterios utilizados por el DHS para determinar si el personal contratista era necesario; un análisis del propósito, cantidad y ubicación del personal contratista que aborde las necesidades de la misión; una evaluación de los beneficios del personal que realiza los servicios; una estrategia para mejorar la adquisición y prestación de servicios, y recomendaciones basadas en las conclusiones. Además, el DHS deberá informar al Congreso del estado de los contratos en marcha.

“Esta medida no costará ni un centavo”, aseguró Brecheen cuando el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara en marzo, ya que se incluiría en el presupuesto ya aprobado.

Falta de personal

La falta de recursos en la frontera cobró protagonismo durante la pasada campaña electoral cuando el entonces candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, frustró la aprobación de una ley bipartidista que habría inyectado más de 20.000 millones de dólares para dotar de personal y equipamiento a los servicios migratorios y fronterizos. La legislación, que siguió a meses de negociaciones entre los demócratas y republicanos y fue parada en el Senado, habría financiado la contratación de 1.500 agentes adicionales de Aduanas y Protección Fronteriza, además de aumentar el número de agentes de asilo y de jueces de migración.

Las largas jornadas y las duras condiciones laborales ha contribuido a los problemas para reclutar personal en la frontera. Una auditoría de 2023 encontró que el 88% de las estaciones fronterizas no tenían suficiente personal. Los presidentes Biden, Trump y Barack Obama intentaron, sin éxito, aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, que se ha mantenido en torno a los 20.000 en los últimos cuatro años, a pesar de que las detenciones en la frontera aumentaron un 250% en el mismo periodo.

Los últimos meses del año pasado, sin embargo, el número de arrestos cayó dramáticamente después de que Biden introdujera en junio medidas estrictas para limitar el asilo. En diciembre se produjeron unos 44.000 arrestos, el mínimo desde julio de 2020. Un año antes, en diciembre de 2023, la Patrulla Fronteriza marcó su máximo, con un cuarto de millón de detenciones a lo largo de la frontera sur.

Durante la campaña electoral, Trump acusó a la Administración Biden, y en particular a la vicepresidenta y entonces candidata presidencial, Kamala Harris, de ser responsables del caos que se produjo en la frontera, con la llegada masiva de migrantes, que superó récords en 2023. Además, ha denunciado en numerosas ocasiones la criminalidad de la zona fronteriza, acusando a los migrantes de provocar una crisis de inseguridad. Varios expertos, sin embargo, aseguran que los migrantes son víctimas de la delincuencia, no los autores, y que el área fronteriza es de las regiones más seguras para el estadounidense blanco medio.

Después de haber enterrado el proyecto de ley bipartidista que iba a aumentar el personal en la frontera, el presidente electo ha prometido añadir 10.000 nuevos agentes en su segundo mandato. La medida se enmarca en su ambicioso plan contra la migración, que incluye la masiva deportación de 11 millones de migrantes indocumentados y que empezará cuando tome posesión el 20 de enero.