Universidades y escuelas se preparan para proteger a sus alumnos indocumentados de Donald Trump

Los planes migratorios de Donald Trump se han colado en las escuelas y universidades del país, donde el personal educativo y los estudiantes se preparan para lo que pueda pasar. El temor a que lleve a cabo su promesa de una deportación masiva de indocumentados está corriendo como pólvora entre las familias de los alumnos y los centros que los acogen, que están lanzando mensajes para tranquilizar. El día siguiente a las elecciones del 5 de noviembre, tras conocerse la holgada victoria de Trump, el presidente de la prestigiosa universidad de Connecticut Wesleyan, Michael S. Roth, publicó un comunicado para calmar los ánimos: “La Universidad hará todo lo posible para proteger a los más vulnerables entre nosotros. Las deportaciones masivas prometidas por el presidente electo Trump amenazan a nuestros estudiantes que pueden ser indocumentados y son motivo de gran preocupación para muchos en nuestra comunidad”, admitió.

La experiencia vivida en el anterior mandato del republicano, durante el que se produjeron millón y medio de deportaciones sin tener en cuenta la separación de familias, les ha proporcionado cierto bagaje y se preparan para lo peor: “Como dijimos después de las elecciones de 2016: Wesleyan seguirá comprometido con los principios de no discriminación, incluida la igualdad de protección ante la ley, independientemente del origen nacional o la ciudadanía. La Universidad no colaborará voluntariamente en ningún esfuerzo del gobierno federal para deportar a nuestros estudiantes, profesores o personal únicamente por su estatus de ciudadanía. El trabajo para defender a los más vulnerables nunca ha sido más importante”.

A pesar de que el presidente electo ha asegurado que en un primer momento las deportaciones se centrarán en los migrantes que ya tengan órdenes de expulsión y en los que hayan cometido delitos, su intención, refrendada por el equipo que dirigirá sus planes migratorios, es deportar a 11 millones de personas. Entre ellos hay estudiantes de todo el espectro de edad: desde niños que asisten a kínder hasta alumnos universitarios.

En teoría, las escuelas y las universidades se encuentran bajo la categoría de “lugares sensibles”, como los hospitales y los lugares de culto, por lo que los agentes de inmigración no pueden arrestar ni realizar otras acciones policiales en ellos. El intendente de las Escuelas Públicas del Condado Montgomery (MCPS, por sus siglas en inglés), en Maryland, emitió un comunicado recordando que los colegios son lugares seguros: “El ICE (la agencia de inmigración) trata a las escuelas como áreas sensibles donde generalmente no ocurrirán arrestos, entrevistas, registros o actividades de vigilancia”. Aún así, reconocía la preocupación: “No pretendemos causar alarma innecesaria en nuestras comunidades escolares, pero queremos que nuestras familias y estudiantes sepan que estamos trabajando con otras agencias y organizaciones comunitarias del condado de Montgomery para prepararnos para cualquier escenario”.

La hoja de ruta del republicano, el Proyecto 2025, elaborado por la derechista Heritage Foundation, aboga por la eliminación de “los lugares sensibles”. Trump se ha querido desmarcar del texto que recopila las propuestas más extremistas contra la migración, pero la elección de dos de sus ideólogos, Tom Homan, como próximo “zar de la frontera” y Stephen Miller, como jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, para dirigir la política migratoria, deja poco margen a la tranquilidad.

En respuesta a numerosas peticiones, la Alianza de Presidentes, que aglutina a más de 500 instituciones educativas, ha publicado una guía sobre las formas en que los campus pueden apoyar a los estudiantes y empleados migrantes. Entre una lista de cinco recomendaciones, animan a que los líderes de las instituciones publiquen una declaración para la que incluyen un modelo: “Entendemos que este puede ser un período de incertidumbre y ansiedad para muchos en nuestro campus y dentro de nuestra comunidad. En [Nombre de la institución], queremos reafirmar nuestro compromiso fuerte y firme de apoyar a nuestros estudiantes indocumentados, refugiados e internacionales, junto con otros miembros de nuestro campus”. Además, aconsejan realizar talleres informativos, compartir listas de recursos dentro y fuera del campus, incluido el asesoramiento legal, y ofrecer ayuda psicológica a los estudiantes que sufran ansiedad. La organización se formó en 2017 para defender a los estudiantes participantes del programa DACA, el que permite que los migrantes que llegaron de niños, los llamados dreamers, permanezcan en el país y que Trump intentó cancelar en su primer mandato. En la actualidad el programa está paralizado y su futuro se mide en los tribunales.

Al más de 400.000 estudiantes universitarios de todo el país carecen de documentos y la Alianza estima que aproximadamente un tercio de ellos son elegibles para el programa. En su segundo mandato, Trump tiene intención de volver a intentar eliminarlo y esta vez cuenta con más aliados en el poder judicial, ya que designó a varios jueces en su anterior presidencia, entre ellos tres magistrados del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal, que previsiblemente decidirá el destino de DACA, cuenta con seis jueces conservadores y tres progresistas.

Los estudiantes de origen inmigrante han sido una fuente vital para la población universitaria de Estados Unidos durante dos décadas. De los 3,4 millones de estudiantes que había en 2000 se pasó a casi 6,1 millones en 2021. Este aumento del 78% contrasta con el 22% que aumentó la matrícula universitaria total, de 15,3 millones a 18,7 millones, según datos del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

Una de las herramientas que tienen las escuelas y universidades es la protección de los datos de sus alumnos. Sonya Christian, presidenta de California Community Colleges, recibió varios mensajes de preocupación de los campus, por lo que decidió enviar una nota en la que asegura: “Nuestro sistema no captura información sobre estudiantes indocumentados y nuestras universidades no divulgarán información de identificación personal de los estudiantes relacionada con su estado migratorio a menos que así lo requiera una orden judicial”.

Varias universidades, como UCLA, han emitido comunicados parecidos, en los que mantienen que no liberarán información de los alumnos.

A pesar de las garantías que ofrecen los centros y las llamadas a la calma, la protección está sujeta a las legislaciones estatal y federal. Algunos Estados gobernados por republicanos critican el gasto que los estudiantes indocumentados suponen para las arcas púbicas y abogan por retirarles el derecho a estudiar. Un derecho que avala la doctrina del Tribunal Supremo del caso Plyler contra Doe, de hace 40 años, por el que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a la educación.

El superintendente de Instrucción Pública de Oklahoma, Ryan Walters, ha pedido 474 millones de dólares al gobierno federal para financiar el costo de educar a los inmigrantes indocumentados en las escuelas públicas del Estado. “Uno de los mayores problemas que enfrenta Oklahoma (o las escuelas de todo el país, francamente) es el de los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera, aprovechando los recursos de los contribuyentes”, afirmó el 20 de noviembre.

Incluso sin haber redadas en las instituciones de enseñanza, el miedo a las detenciones potencia el absentismo escolar y lleva a muchas familias a huir de las zonas donde las autoridades locales colaboran con las autoridades de migración. Según un estudio de la Universidad de Stanford, durante el primer mandato de Trump, el número de niños hispanos en escuelas públicas en esas áreas cayó un 7,3%. La disminución fue más pronunciada en la escuela primaria, donde las matrículas disminuyeron un 9,4%.

En el distrito de escuelas públicas de Denver, el más grande de Colorado con alrededor de 85,000 estudiantes, el miembro de la junta Scott Esserman expresó a comienzos de mes la necesidad de defender el derecho de los estudiantes a la educación, independientemente de su origen. “Nosotros los cuidaremos”, dijo durante la sesión de trabajo. “Esa es nuestra responsabilidad”.

Las organizaciones pro inmigrantes ya se están preparando para defender con acciones legales las medidas que la nueva Administración pueda abordar contra la comunidad y animan a todos los centros educativos a no esperar al 20 de enero, fecha en la que tomará el relevo el nuevo Ejecutivo, a actuar.

“Es muy importante tener conversaciones con las autoridades de la ciudad, con el Departamento de Policía, incluso con la Policía del campus, para tener un plan y para explicarles que aunque hay ciertas líneas que no pueden cruzar. La seguridad de los estudiantes es lo más importante y eso incluye a los migrantes. Esas conversaciones tienen que empezarse ahora, no hay que esperar a enero, porque construir esas relaciones va a ser fundamental”, alerta Gaby Pacheco, presidenta de United Dream.us.