El camino al infierno

Se le atribuye a San Bernardo de Claraval, un monje cisterciense francés del siglo XII, haber dicho que “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. No sabemos si lo dijo, pero aplica a lo que su Francia natal, con los demás países de la Unión Europea (UE), podrían estar logrando con la regulación anti-deforestación europea conocida como EUDR (por su nombre en inglés, European Union Deforestation Regulation).

Esas buenas intenciones pueden —además— estar empeorando la situación de los migrantes indocumentados de América Latina que, escapando de la pobreza, buscan llegar a cualquier costo a Estados Unidos, al igual que muchos africanos a Europa. Este es un tema que deberían mirar muy de cerca quienes se ocupan de la difícil situación de los campesinos, las migraciones y la pobreza, tanto en Bruselas como en Washington.

¿Pero qué tienen que ver las regulaciones ambientales de Europa con las migraciones de Latinoamérica hacia Estados Unidos? Veamos: En junio de 2019, la UE aprobó el Pacto Verde Europeo, o Green Deal, que busca primordialmente la neutralidad climática de esa parte del mundo para 2050. Para lograrlo, la UE viene diseñando políticas y tomando acciones, entre ellas la expedición por la Comisión Europea del Reglamento de Deforestación, el famoso EUDR, que entró en vigor el 29 de junio del año pasado.

De acuerdo con esas normas, el café, el cacao, la soja, el caucho, el aceite de palma y la carne (y sus derivados) que se importen a los países de la UE, no pueden provenir de zonas en las que se haya deforestado a partir del 1 de enero de 2021. Además, deben cumplir con la legislación nacional de su país, incluyendo derechos humanos, y con el proceso de debida diligencia. Las aduanas europeas aplicarán los controles a partir del 31 de diciembre de 2024, dentro de solo medio año.

Hasta aquí todo suena muy bien. ¿Quién puede cuestionar que la UE quiera que los productos que consume estén libres de deforestación y cumplan con la legislación nacional? Motherhood and Apple Pie, o Maternidad y Pastel de Manzana, como describen los estadounidenses, algo que consideran un valor intrínsecamente bueno.

Sin embargo, la cosa no es tan fácil cuando se miran en detalle los procedimientos para demostrar el cumplimiento, lo cual se expresa a través de una declaración en la que el operador en Europa hace constar que —tras haber llevado a cabo la debida diligencia— el producto está libre de deforestación y fue legalmente producido. Para poder asegurar esto, se requieren varias actividades, incluyendo, por ejemplo, costosas y complejas mediciones por geolocalización de las áreas agrícolas de que se trate, en polígonos de 4 hectáreas y plataformas digitales difíciles de entender, asimilar y pagar.

La reglamentación se expidió sin mucho entendimiento por parte de los comisionados en Bruselas sobre las realidades en el campo en países en desarrollo y ha dejado muchas más preguntas que respuestas. Incluso para quienes cumplen, recabar la información, usar la tecnología, preparar la documentación, hacer la trazabilidad, etc., está siendo difícil y costoso y no es claro como se hará ni como se van a aplicar los controles.

Y aun si se logra hacer… ¿quién pagará esa cuenta? La respuesta me la dio recientemente un alto ejecutivo de una comercializadora de café en Europa: “Ese es un problema que tienen que resolver los países productores, si quieren que les compremos el café”. Es decir, la cuenta la pagarán los campesinos latinoamericanos y del mundo.

América Latina produce alrededor del 60% del café del planeta. En la mayor parte de los países, las fincas cafeteras son minifundios de una familia que vive a merced de los precios internacionales y la tasa de cambio de su país. Muchos de ellos no podrían sobrevivir si no fuera por el apoyo de sus asociaciones de productores y Gobiernos. En Colombia, el segundo productor del continente con 550.000 familias cafeteras, el café es la mayor exportación agrícola; el cultivo promedio, al igual que en otros países, no llega a 2 hectáreas y la edad media del caficultor está por los 57 años, similar a la de sus vecinos.

En Honduras, el tercer productor latinoamericano, la situación no es más fácil. El café es el mayor producto de exportación y genera unos 1.400 millones de dólares en divisas por cuenta de 120.000 familias productoras; un millón de hondureños, casi el 10% del país, viven directa o indirectamente del grano.

A su vez, mientras Honduras exporta el 55% de su café a Europa, tiene también proporcionalmente una de las mayores cantidades de migrantes en Estados Unidos, que en 2023 enviaron a sus familias casi 9.200 millones de dólares, según el Banco Central de Honduras. Unas 6,5 veces lo que genera el café.

El envejecimiento de los productores, su difícil situación económica, las amenazas a la producción por el cambio climático y la inseguridad, son el marco en el cual la UE quiere imponer unas condiciones que serán muy difíciles de cumplir y de pagar en América Latina y en el mundo.

¿Qué hará un productor de café u otro producto regulado por la UE si ya no se lo compran? ¿Buscar su comprador en un sitio diferente, al precio que le den, pero sin exigencias? ¿Tal vez cambiar de actividad para producir algo que no lo obligue a cumplir ese tipo de regulaciones o simplemente irse a buscar fortuna al norte del continente? En todos los casos, es posible que el resultado neto al final sea más daño para el planeta y más empobrecimiento en la región, así políticamente la Unión Europea pueda proclamar que el Pacto Verde va por buen camino.

Si la EUDR no se aplica adecuadamente, por más buenas intenciones que tenga, va a empeorar esta situación. Para beneficiar al planeta y no solo lograr un resultado para tranquilidad política, la Unión Europea debería adoptar al menos dos acciones urgentes. La primera, actuar con realismo y pragmatismo, aplazando la aplicación de las normas un tiempo prudencial, al menos un año, para que los países productores se puedan poner en condiciones de cumplir y demostrar que lo hacen. Así se lo han solicitado, entre otros, la Organización Internacional del Café, el Foro Mundial de Productores de Café y el Gobierno de Estados Unidos (a propósito de la industria maderera). La segunda acción, tan importante como la primera, destinar recursos propios y liderar la cooperación y direccionamiento de fondos del sector privado y de organismos internacionales para el mismo propósito.

Es posible que así la regulación de deforestación de Europa logre ser más que buenas intenciones y se escape de la sentencia de San Bernardo.