El hombre que nunca mató a su padre: un millón de dólares para resarcir una tortura policial de 17 horas a un inocente

La ciudad de Fontana indemnizará con casi un millón de dólares a Thomas Perez Jr., después de haber sido “psicológicamente torturado” por detectives de la urbe al este de Los Ángeles. La pesadilla de Perez comenzó en agosto de 2018, cuando llamó a las autoridades para denunciar la desaparición de su padre, de 71 años, tras una discusión familiar. Los agentes no le creyeron y convirtieron al denunciante en el principal sospechoso y hasta en el culpable después de un interrogatorio de 17 horas en el cual Thomas se rompió y confesó el supuesto crimen. ¿El problema? No había tal delito. La supuesta víctima estaba en libertad y fuera de peligro.

Jerry Steering, el abogado de Perez Jr., asegura que en 40 años de carrera litigando nunca ha visto tal nivel de “crueldad deliberada” por parte de las autoridades. “Nunca pensé que a un inocente se le pudiera convertir en un criminal tan rápido, pero tras ver el vídeo de lo que le hicieron, estoy convencido de que la policía puede hacer que cualquiera confiese haber matado a Abraham Lincoln”, aseguró el viernes el representante legal a la cadena CBS.

Las imágenes a las que se refiere Steering han dado la vuelta al mundo y se han convertido en un nuevo ejemplo de los excesos policiales de Estados Unidos. Desde una esquina del techo, la cámara capta a Perez sentado frente a una mesa en el cuarto de interrogatorios. Al otro lado había dos agentes, quienes le preguntaban insistentemente e incluso mentían:

-”Te acabamos de decir que encontramos el cuerpo de tu papá muerto, y te importa una mierda”, le dice a Perez uno de los policías.

-”Asesinaste a tu papá... Papi está muerto y es tu culpa”, comenta minutos después el otro agente.

-”No, no lo hice”, le responde Perez.

La presión de los agentes va dejando huella sobre Perez con el paso de las horas. Las cámaras captan cómo el acusado rompe en llanto, en otro momento se jala los pelos de la cabeza en un gesto de desesperación, se rasguña el rostro y se tira de la camisa hasta romperla. Cuando los detectives salen de la sala, el hombre intenta ahorcarse con las agujetas de los zapatos, indica la demanda federal.

Los agentes buscaron arrancarle la confesión de varias formas. En un momento utilizaron a Margo, la perra de la familia, quien había salido a pasear con el desaparecido horas antes. La mascota volvió sola al hogar y fue lo que hizo que Thomas llamara a la policía. “La pobre Margo tuvo que ser testigo de tu crimen”, le dice uno de los agentes. “Fue ella quien siguió el rastro de la sangre”, comenta el otro policía, provocando una reacción de preocupación de Perez. Tras la hora 16, Perez, quien no había tenido su medicamento para la depresión y otros problemas de salud mental, dice a la policía que acuchilló a su padre tras una discusión.

Su padre, en realidad, había dormido en casa de su novia cerca de Union Station. Había dejado el celular y la cartera en la casa que compartía con su hijo. Estas fueron halladas tras un registro al hogar, junto a algunas huellas de lo que parecía sangre. De acuerdo con el Departamento de Policía, un perro policía olió en el lugar rastros que podrían corresponder a “restos humanos”.

La mañana de su supuesta desaparición, el padre del sospechoso tomó un vuelo del aeropuerto de Los Ángeles rumbo al norte de California, donde vive su hija. Cuando la policía se enteró de que el hombre estaba bien y con vida, ocultaron la información de Thomas Perez, quien estaba en vigilancia psiquiátrica.

En su demanda contra la ciudad de Fontana, Thomas Perez Jr. menciona a los agentes David Janusz, Jeremy Hale, Ronald Koval, Robert Miller y Joanna Piña como responsables de su maltrato, pues le negaron sus medicamentos y le impidieron dormir. Un juez federal de distrito le dio la razón, al considerar que cualquier miembro de un jurado popular podría concluir que “le infligieron a Perez una tortura psicológica inconstitucional”. La ciudad de Fontana no ha informado si los detectives han sido suspendidos o si siguen siendo parte del cuerpo de policía.