El Gobierno del Reino Unido impondrá multas millonarias a las tecnológicas que permitan contenido abusivo o ilegal en sus redes
La nueva legislación excluye a las páginas de noticias. El Ejecutivo británico podrá bloquear los servicios que no cumplan con la norma y emprender acciones penales contra sus directivos si hay reiteración
El Gobierno del Reino Unido ha anunciado finalmente este martes, después de un proceso de consultas de 18 meses, sus propuestas legales para hacer frente al contenido abusivo o ilegal en redes sociales. Las compañías tecnológicas que incumplan la nueva normativa harán frente a multas de hasta el 10% de su facturación global, con un límite de 18 millones de libras esterlinas (unos 20 millones de euros). Bajo la nueva regulación, se impondrán a las empresas diversos grados de “deber de vigilancia”, y la protección de los menores será clave para determinar los distintos niveles de responsabilidad...
El Gobierno del Reino Unido ha anunciado finalmente este martes, después de un proceso de consultas de 18 meses, sus propuestas legales para hacer frente al contenido abusivo o ilegal en redes sociales. Las compañías tecnológicas que incumplan la nueva normativa harán frente a multas de hasta el 10% de su facturación global, con un límite de 18 millones de libras esterlinas (unos 20 millones de euros). Bajo la nueva regulación, se impondrán a las empresas diversos grados de “deber de vigilancia”, y la protección de los menores será clave para determinar los distintos niveles de responsabilidad. “Páginas de redes sociales, aplicaciones y otros servicios que publiquen contenido generado por los propios usuarios, o que permitan a las personas comunicarse entre ellas en línea, deberán eliminar y limitar la difusión de contenidos ilegales tales como abusos a menores, material relacionado con el terrorismo y contenidos suicidas”, dice el comunicado del Ministerio de Cultura, Deportes y Asuntos Digitales.
Precisamente, Bruselas ha sentado este martes las bases de una nueva era digital en Europa al poner sobre la mesa nuevas reglas para delimitar el terreno de juego de las grandes tecnológicas. La Comisión Europea propone cargar a los gigantes con responsabilidades sobre todo cuanto difunden, como eliminar el contenido ilegal, y obligarles a que den acceso a los poderes públicos a sus datos para comprobar que cumplen las normas.
Ofcom, el organismo independiente británico regulador de los medios, será finalmente el encargado de aplicar las nuevas medidas. Tendrá capacidad para imponer sanciones pecuniarias, bloquear el acceso a las páginas y hasta emprender acciones penales contra los directivos. Esta última opción se reserva únicamente para los casos de reiteración y requerirá de la aprobación de una legislación especial que el Gobierno se ha comprometido a tramitar. “Soy decididamente partidario de la tecnología, pero eso no puede significar barra libre”, ha dicho el ministro Oliver Dowden. “Estamos avanzando hacia una nueva era de responsabilidad en la que las empresas deberán proteger a los menores y a los usuarios más vulnerables, para devolver la confianza en esa industria mientras reforzamos con nuevas leyes la libertad de expresión”.
Los medios de comunicación digitales, y cualquier forma de periodismo en línea, quedarán al margen de la nueva ley, igual que los comentarios de los lectores en esos mismos medios. Se aprobarán incluso preceptos concretos, ha anunciado el Gobierno británico, para proteger los contenidos periodísticos que acaben siendo compartidos en redes sociales. El campo de aplicación al que va dirigida esta ofensiva incluye las plataformas para compartir vídeos, las de mensajería instantánea, foros en línea, aplicaciones de citas, páginas pornográficas, foros de reventa, servicios de almacenaje en la nube y hasta videojuegos.
Dentro de las compañías incluidas en el deber de vigilancia más alto, el Nivel 1, se encuentran gigantes como Facebook, TikTok, Instagram o Twitter. Todas ellas estarán obligadas a dotarse de los mecanismos de denuncia apropiados, para que los usuarios puedan alertar de contenidos abusivos o ilegales y hasta reclamar su retirada.
“La nueva normativa protegerá los derechos en línea de las personas, y reforzará el poder de los usuarios adultos para vigilar su propia seguridad, a la vez que impide a las empresas la retirada arbitraria de contenidos. Servirá para defender el incalculable valor de una prensa libre, y a la vez impulsará una nueva ola de crecimiento digital basada en construir confianza en las empresas tecnológicas”, ha dicho Melanie Dawes, la presidenta de Ofcom.
El nuevo marco regulatorio se financiará mediante aportaciones de las propias empresas, a partir de un umbral determinado de sus ingresos anuales.
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