La surcoreana Naver traslada su centro de datos de Hong Kong a Singapur por temor a la injerencia china
La compañía, que domina el mercado de las búsquedas en su país, es la primera gran tecnológica extranjera en tomar la decisión tras la entrada en vigor de la ley de seguridad en la excolonia
Naver, una de las mayores compañías tecnológicas de Corea del Sur, ha anunciado este martes el traslado de su centro de datos de Hong Kong a Singapur por temor a que la privacidad de los mismos quede vulnerada de continuar en la excolonia británica. La decisión se produce después de que el pasado 30 de junio el Gobierno de Pekín promulgara una ley de seguridad nacional para reprimir la disidenci...
Naver, una de las mayores compañías tecnológicas de Corea del Sur, ha anunciado este martes el traslado de su centro de datos de Hong Kong a Singapur por temor a que la privacidad de los mismos quede vulnerada de continuar en la excolonia británica. La decisión se produce después de que el pasado 30 de junio el Gobierno de Pekín promulgara una ley de seguridad nacional para reprimir la disidencia. Se trata de la primera gran tecnológica extranjera que abandona el territorio autónomo desde que se aprobara la normativa, a la que han plantado cara otros gigantes de Internet.
“Hemos tomado la decisión recientemente, considerando varios factores, incluyendo la ley de seguridad nacional”, ha asegurado la empresa al confirmar que traslada sus servidores a un centro más amplio en Singapur. Naver, considerada el Google surcoreano, utilizaba Hong Kong como centro para almacenar datos desde octubre de 2016. A comienzos de julio de este año comenzó a transferir datos a Singapur y afirma que ya ha eliminado toda la información –gestionada por su filial Naver Business Platform– que tenía almacenada en la excolonia.
Naver tiene varios centros de datos en Corea del Sur y ofrece, entre otros servicios de Internet, el motor de búsqueda con el que domina el mercado surcoreano. La compañía afirma que el Gobierno chino no le ha pedido compartir información y que los datos personales, que se encuentran encriptados, nunca han sido robados o pirateados. “No hay ninguna posibilidad de que una tercera parte haya accedido a la información”, ha asegurado la empresa.
La decisión se produce en medio de una creciente preocupación por parte de otras compañías extranjeras que operan en Hong Kong. Temen que la nueva ley de seguridad nacional les obligue a entregar datos privados a las autoridades, así como verse afectados por la censura vigente en la China continental. Facebook, Google y Microsoft son algunas de las empresas que bloquearon temporalmente el acceso del Gobierno de Hong Kong a sus datos mientras analizan los pormenores de la nueva ley. Por otra parte, firmas de menor tamaño que ofrecen servicios de redes de conexión virtual privada (los VPN, por sus siglas en inglés, utilizados normalmente para acceder a las páginas censuradas en países como China) han cerrado también este mes sus servidores de Hong Kong.
Aunque es pronto para saberlo, la decisión de Naver abre la puerta a que otras compañías sigan los pasos de la surcoreana y busquen destinos considerados más seguros, entre los que Singapur parece situarse entre las primeras alternativas. La ciudad-Estado asiática, rival de Hong Kong como centro financiero regional, también ofrece ventajas fiscales corporativas y garantías de seguridad jurídica.
La ley de seguridad nacional de Hong Kong, que solo se hizo pública en el momento de entrar en vigor, castiga cuatro comportamientos, con penas que oscilan desde los tres años de cárcel a la cadena perpetua: la “secesión”, actos encaminados a separar Hong Kong o cualquier otra parte del territorio de la República Popular de China; el “terrorismo”, el uso de la violencia contra personas o propiedades; la “subversión”, el intento de socavar la autoridad del Gobierno central o el local, y la “confabulación con fuerzas externas”.
El Gobierno de Pekín la defiende como un vehículo para poner fin a las protestas que han sacudido al territorio autónomo desde el año pasado. Pero académicos, abogados, la UE y numerosos Gobiernos extranjeros –EE UU, Reino Unido y Japón entre ellos–, creen que su contenido puede llegar a dinamitar el régimen de libertades que Pekín se había comprometido a garantizar para Hong Kong hasta 2047.