Los trabajadores de la SGAE piden a Cultura una "auditoría"
En la carta enviada a la ministra, Ángeles González-Sinde, exigen su intervención por la mala gestión. La SGAE alega que el Comité "rechaza la propuesta de mediación"
Los trabajadores de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) han pedido la intervención del Ministerio de Cultura en el grupo de empresas de la entidad "mediante las auditorias externas e independientes" que este Departamento considere necesarias. Así lo exponen en un escrito remitido hoy a la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde.
En la misiva los representantes de los trabajadores de la SGAE solicitan la citada intervención ante lo que califican de "alarmante situación" que vive la institución y que "puede conducir la desaparición de la SGAE después de ciento diez años de...
Los trabajadores de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) han pedido la intervención del Ministerio de Cultura en el grupo de empresas de la entidad "mediante las auditorias externas e independientes" que este Departamento considere necesarias. Así lo exponen en un escrito remitido hoy a la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde.
En la misiva los representantes de los trabajadores de la SGAE solicitan la citada intervención ante lo que califican de "alarmante situación" que vive la institución y que "puede conducir la desaparición de la SGAE después de ciento diez años de existencia y la consiguiente pérdida de nuestros puestos de trabajo", señala la carta a la ministra.
Asimismo, consideran que el actual Presidente del Consejo de Dirección, Eduardo Bautista, "con el visto bueno del Consejo, se ha empeñado en hipotecar las futuras recaudaciones de la SGAE que pertenecen a sus socios en unos proyectos desproporcionados para los recursos de la Entidad".
Desastre económico
Para los representantes de los trabajadores estos proyectos hacen referencia a "la fase de construcción y rehabilitación de edificios tanto en el extranjero (70 millones de dólares) como los megaproyectos en España (300 millones de euros)" que creen que "resultará un desastre económico en su sostenimiento posterior con compromisos de mantenimiento inasumibles", señalan textualmente.
Asimismo, aluden también a la "creación de empresas con ánimo de lucro que resultan deficitarias, a las que la empresa matriz SGAE inyecta ingentes cantidades de dinero para su sostenimiento", dice el escrito. Y añaden: "Las consecuencias de esta política las sufrimos los trabajadores en este momento con la presentación de un plan que supone la destrucción del 20 al 25% de los puestos de trabajo en una primera fase, y todo esto con cargo a los fC y todo esto con cargo a los fondos públicos".
Por su parte, fuentes de la SGAE, han señalado que efectivamente, "el Ministerio está facultado por la Ley de Propiedad Intelectual para auditar las cuentas de las entidades de gestión colectiva" y han recordado que la entidad de gestión "se somete a una auditoría independiente y la transparencia de su gestión ha sido ratificada por la Agencia de Evaluación AEVAL".
La SGAE alega que el Comité "ha rechazado la propuesta empresarial de mediación de cualquier organismo oficial, iniciativa que la dirección de la SGAE mantiene abierta". Asimismo afirman que la entidad de gestión "ha intentado desde hace más de un año consensuar con la representación de los trabajadores un proceso de negociación colectiva cuyo objeto es la adaptación de la plantilla a la nueva realidad impuesta por un contexto económico complejo y un mercado cambiante, ganando en eficacia, flexibilidad, profesionalidad y competitividad".
En este sentido, apuntan que la dirección de la entidad "ha propuesto un Plan de Empleo consistente en una serie de medidas alternativas que eviten la extinción de la relación laboral, no habiendo planteado en ningún momento la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)".
Por lo que se refiere a la materia salarial, la SGAE estima que "teniendo en cuenta que los salarios de la empresa se encuentran entre un 43% y un 79% por encima de cualquier comparativa de mercado, por jornadas de trabajo de 35 horas semanales, la dirección ha realizado una propuesta que supone asegurar en todos los casos un incremento salarial superior al IPC". Añaden además que la propuesta de empleo "supone la articulación de medidas alternativas que significan la garantía de un puesto de trabajo en la empresa para todos los trabajadores, salvo aquellos que voluntariamente opten por un mecanismo de prejubilación con garantías de percepción superiores al 80%". Finalmente, la entidad recuerda que Eduardo Bautista "ha sido ratificado en la Junta Directiva del pasado 27 de octubre para concluir la modernización de la entidad".