Bolivia crea una Comisión contra la Impunidad que investigará los casos de pederastia en la Iglesia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es.Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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El Gobierno de Bolivia liderado por Rodrigo Paz ha mostrado las cartas sobre qué líneas tomará el nuevo Ejecutivo ante el escándalo de la pederastia clerical y ha presentado, como una de sus primeras medidas, la creación de una Comisión contra la Impunidad en Delitos Sexuales que investigará, entre otros casos, los cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Los resultados de estas pesquisas se entregarán a la Fiscalía, para que estudie qué hacer, y también servirán de base para reformas legislativas que endurezcan las penas contra los agresores y los encubridores.

El anuncio llega casi tres años después de que EL PAÍS publicara una investigación sobre abusos dentro de la Compañía de Jesús boliviana, que provocó que la Fiscalía del país latinoamericano abriera una investigación sin precedentes contra la institución religiosa: se registraron los archivos de los jesuitas y, finalmente, dos de los altos cargos de la orden fueron procesados por encubrimiento. Ambos, de origen español, fueron condenados a un año de cárcel este verano por tapar a Alfonso Pedrajas, el misionero español fallecido en 2009 que admitió en su diario que abusó de al menos 85 niños en varios colegios bolivianos desde los años setenta hasta los 2000 y cómo sus superiores le protegieron.

Este caso, destapado por este periódico en abril de 2023, llevó a varias instituciones a proponer varias medidas para abordar tanto los episodios de abusos de hace décadas en Bolivia como el encubrimiento. Una de las propuestas de los grupos políticos era la creación de una comisión de la verdad, como la que ahora ha puesto en marcha el Gobierno de Paz.

El diputado Manolo Rojas ha precisado que el fin de la comisión es “revisar y fiscalizar” los casos de cualquier tipo de agresión sexual contra menores que, hasta la fecha, no hayan sido juzgados. Entre ellos, aquellos “emblemáticos”, como los conocidos dentro del ámbito eclesiástico. Los trabajos comenzarán en marzo y se habilitará una oficina para que los interesados puedan denunciar los casos en los que hubo “impunidad” o “falta de celeridad”.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, ha explicado a este periódico que la comisión abordará los procesos en los que hubo una “retardación de la justicia”. Para ello, elaborará un informe sobre los casos detectados previamente por los abogados inscritos en el Registro Público de la Abogacía. Los resultados serán llevados al ministerio público y, cuenta Echeverría, se utilizarán como base para la creación de políticas públicas en defensa de los derechos de niños y adolescentes.

La responsable señala que en las últimas décadas los abusos dentro de algunos ámbitos, como el clerical, no se investigaban. “En muchas ocasiones, los agresores, al pertenecer a instituciones o ser personajes públicos, tienen influencia y les cuesta hacer un trabajo objetivo a los que son parte del sistema”, dice Echeverría. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), organización de víctimas de abusos eclesiales, ha valorado la iniciativa, aunque ha lamentado que el Gobierno no haya contactado con ellos para saber su opinión o “conocer de primera mano” los casos que esta organización ha registrado y denunciado en los tribunales.

Esta asociación de víctimas lleva varios años luchando en los tribunales contra miembros de la Compañía de Jesús por encubrir a Pedrajas y otros clérigos acusados de pederastia. El caso del padre Pica (como era conocido el misionero español) no solo ha sido admitido por la orden (tanto las agresiones como su silenciamiento durante décadas), sino que documentación interna de los jesuitas publicada por este periódico demuestra que la congregación supo de estos delitos desde los años setenta y que varias víctimas y miembros de la Compañía lo denunciaron a los superiores antes de que el sacerdote falleciera.

Entre los abogados que han defendido a los altos cargos condenados por encubrimiento (Ramón Alaix y Marcos Recolons) se encuentra Marcelo Salinas, actual ministro de Defensa del Gobierno. Aunque hay sentencia, la Compañía ha recurrido el fallo. Esta cuestión pone en alerta a las víctimas, que creen que “la influencia” de los jesuitas en el Gobierno pueda “acabar” con cualquier política restaurativa.

Una de las primeras investigaciones que pondrá en marcha esta comisión, ha adelantado Echeverría, será la del sacerdote español Lucho Roma, fallecido en 2019, y que agredió sexualmente a más de 70 niñas indígenas de Charagua entre 1994 y 2005 mientras era misionero de la Compañía de Jesús. Lucho Roma, además, fotografiaba a sus víctimas y también, como Pedrajas, describía sus abusos en un diario. Los jesuitas conocieron este caso hace siete años por una denuncia interna, abrieron una investigación y requisaron tanto las fotos como su diario, que bautizaron como Los Manuscritos de Charagua. Roma confesó sus crímenes, pero falleció poco después. La orden, entonces, decidió meter en un cajón los resultados de sus pesquisas, sin reparar a las víctimas.

El caso vio la luz en 2024, a través de otra investigación de EL PAÍS, que publicó manuscritos, el sumario de la investigación interna y el testimonio de algunas de las víctimas. La Fiscalía boliviana anunció que abriría una investigación, pero, de momento, esta no ha avanzado. “Faltó la voluntad de entender qué sucedió durante esos años. Eran niñas que no sabían cómo denunciar. No se tiene que volver a repetir”, sostiene la vicepresidenta Echeverría.

La gestión de la Iglesia boliviana ante el escándalo de los abusos ha sido nula. Cuando este periódico publicó su investigación, la Conferencia Episcopal anunció que haría una auditoría interna, pero hasta la fecha no ha publicado con transparencia los resultados. El número de casos conocidos por la prensa o procesos judiciales asciende, hasta la fecha, a una veintena de sacerdotes acusados (la mayoría de la Compañía de Jesús).

Por otro lado, la jerarquía eclesiástica del país latinoamericano no informa de las investigaciones canónicas que ha puesto en marcha ni las indemnizaciones que ha pagado. Echeverría explica que para las víctimas “es muy complejo cuando se involucra el poder eclesiástico, religioso, económico” y que, “de parte de los funcionarios públicos, no existe la misma actitud que si se trata de otro tipo de agresores. Existe demasiado temor de hacer las investigaciones, así como ocurre con militantes de partidos políticos poderosos”, dice la vicepresidenta, que añade que “las congregaciones indican que el objetivo [de las víctimas] es calumniar, que es una estrategia de parte del enemigo y que quieren destruir la obra de Dios.

Por ello, el Gobierno ha adelantado que su idea a medio plazo es endurecer las leyes contra los agresores sexuales. “La meta es llevar a referéndum la implementación de la cadena perpetua o la acumulación de penas en nuestro país para que los delitos de orden sexual contra niños sean debidamente castigados”, aseguró el diputado Rojas hace dos semanas.