Claves del anteproyecto de ley de sanidad pública: ¿Puede prosperar? ¿Qué pasa con hospitales como el de Torrejón?
Consecuencias de la aprobación del texto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud
Ante el aumento de la gestión privada de la sanidad pública, y tras el escándalo del Hospital de Torrejón, que destapó este periódico, el Ministerio de Sanidad ha acelerado la tramitación de una ley que busca evitar un modelo en el que las empresas se lucran con la prestación del servicio. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud.
¿Qué pretende la iniciativa?
Busca garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud, reforzando un marco jurídico que asegure su carácter universal, equitativo, transparente y de calidad, mejore el control público y la rendición de cuentas, limite la gestión indirecta a supuestos excepcionales evaluados previamente y evite fórmulas contractuales que reduzcan la capacidad de supervisión institucional.
¿Tiene probabilidades de prosperar?
Muy pocas. Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, tiene que pasar el trámite parlamentario, donde no hay una mayoría que avale el texto. La suma de partidos de izquierdas, en caso de que se pusieran de acuerdo, no llega para la aprobación que, en cualquier caso, iría muy justa por plazos.
¿Se prohíbe por completo la gestión privada?
No, la gestión indirecta no se prohíbe, pero se limita a situaciones excepcionales en las que no sea posible la prestación directa, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera, la eficiencia y el cumplimiento de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. En estos casos, se primará que las gestoras sean fundaciones sin ánimo de lucro. Lo que sí se prohíbe es el modelo conocido como Alzira, por el que una empresa construye la infraestructura y presta el servicio clínico.
¿Qué pasa con los hospitales públicos de gestión privada, como el de Torrejón?
Nada. La ley no tiene efectos retroactivos, así que las concesiones en vigor seguirán así hasta que terminen los contratos.
¿Cuántos hospitales con este modelo hay en España?
En España hay ocho hospitales públicos de gestión privada basados en el modelo Alzira: el de Torrejón, el de Vinalopó y Povisa (en Vigo), gestionados por Ribera; y el Rey Juan Carlos (Móstoles), el Infanta Elena (Valdemoro) y el General de Villalba, gestionados por Quirón; el de Denia, gestionado por Marina Salud; y el Policlínico Riojano Nuestra Señora de Valvanera.
¿Cómo se evaluarán las nuevas concesiones?
Cuando se trate de concesiones de servicios, será preceptivo un informe de la Oficina Nacional de Evaluación para analizar la sostenibilidad financiera de la operación, como requisito adicional dentro del procedimiento de evaluación previa.
¿En qué consiste el escándalo de Torrejón?
El 3 de diciembre pasado, EL PAÍS publicó unos audios en los que el consejero delegado del Grupo Ribera, que gestiona el Hospital de Torrejón, pedía a sus directivos medidas para mejorar los resultados económicos. En la reunión, en la que pintó una gestión prácticamente quebrada del centro, solicitaba subir las listas de espera tras haberlas bajado después de la pandemia, pero quedándose siempre por debajo de los hospitales públicos. Esto es importante, porque una de las fuentes de ingresos del centro es captar a pacientes de otras áreas sanitarias. Este periódico publicó en los días sucesivos cómo los directivos del grupo pedían rechazar pacientes o reutilizar material sanitario de un solo uso. El Grupo Ribera apartó al consejero delegado de la gestión del hospital, pero lo mantuvo en el cargo en el grupo. Y la Comunidad de Madrid, tras una inspección posterior a las publicaciones, no detectó negligencias.
¿Cómo está el caso?
Una vez que EL PAÍS publicó los audios, hubo varias denuncias por parte de grupos políticos y un abogado particular. La Fiscalía apreció posibles indicios de prevaricación y el caso está ahora en manos de los tribunales.