El Senado aprueba una moción para que las indemnizaciones por pederastia del clero queden exentas de tributación por IRPF

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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La Comisión de Hacienda del Senado aprobó este miércoles una moción de Esquerra Republicana que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a modificar la Ley del IRPF para garantizar que las indemnizaciones percibidas por las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica queden totalmente exentas de tributación. El objetivo es asegurar que la reparación económica no se vea mermada por cargas fiscales y reforzar los principios de justicia y protección a las víctimas.

Este periódico desveló el pasado día 20 que una víctima de pederastia de un cura en la diócesis de Barcelona, cuyo caso fue destapado por EL PAÍS en 2023, cobró por fin 50.000 euros de indemnización de la Iglesia, pero descubrió que tenía que pagar una parte en impuestos.

Al preguntar si le quitarían una parte en la declaración de la renta, los responsables del arzobispado se encogieron de hombros. “Me dijeron que no sabían nada”, relata la víctima. Al parecer, nadie en la Iglesia ni en el Gobierno había pensado en ello, pese a que se pelean por las indemnizaciones de las víctimas desde hace años. Es un fallo en el sistema que se suma a todos los obstáculos que ya encuentran las víctimas para ser compensadas económicamente.

Por eso, esta persona informó del caso al Defensor del Pueblo, que pidió a Hacienda que aplique a las compensaciones de la Iglesia una exención, como ya ocurre, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo. Sobre el importe de la cuantía a retener, la víctima cuenta que fue a preguntar a la oficina de Hacienda en Barcelona y ni allí le supieron explicar. Le dijeron que era “un caso nuevo para ellos”. Según la base de datos de El País, la única contabilidad existente, hay 2.936 víctimas y 1.564 acusados.

El lunes 17 el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu) solicitó en el Senado la tramitación de una moción relativa a la exención en el IRPF de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica su debate en la Comisión Hacienda. Entre los motivos recogen, precisamente, “el impacto devastador que estos hechos han ocasionado en miles de personas, muchas de ellas menores en el momento de los hechos”. Este miércoles fue, finalmente, aprobada con los votos favorables de todos los grupos y la abstención del PP.

La moción de ERC aprobada insta al Gobierno español a modificar mediante Decreto Ley el artículo 7 de la Ley del IRPF para incorporar una exención específica para indemnizaciones que compensen daños físicos, psíquicos o morales a víctimas de abusos cometidos en instituciones de la Iglesia Católica, aplicable ya en el ejercicio actual. También reclama garantizar que dicha exención preserve íntegramente la reparación económica, evitando que la tributación reduzca el importe efectivo que reciben las víctimas en acuerdos privados, mediaciones o procesos de justicia restaurativa.

En la rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que cerró la semana de la Asamblea Plenaria el pasado día 21 hubo varias preguntas sobre este asunto. El secretario general, Francisco César García Magán, dijo que “por supuesto” que la CEE estaba al tanto de que las indemnizaciones están sujetas a fiscalidad. Tanto que, aseguró, lo ha puesto encima de la mesa del Gobierno. La víctima que contó su caso a EL PAÍS, sin embargo, aseguró que cuando preguntó al arzobispado nadie le supo decir si ese dinero tenía un tipo impositivo y le remitieron a un asesor fiscal. Según García Magán tienen conocimiento desde el pasado mes de junio del tema de la fiscalidad, pero que lo han llevado con discreción. Así lo explicó: “Le hemos pedido al Gobierno que haya un cambio de normativa para que las indemnizaciones estén exentas de tributación”.

La mayoría de los delitos cometidos por el clero están prescritos en la justicia penal, pero no canónica. Las víctimas que han acudido al PRIVA (el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) para solicitar una indemnización llevan meses quejándose de lo lento y farragoso que es el proceso, de la revictimización que sufren al tener que ir a declarar ante la misma institución que no les protegió de los abusos que sufrieron en la infancia. Muchos temen que, una vez conocidas las agresiones, no sean investigadas. También se quejan del oscurantismo que hay sobre qué baremos se utilizan para fijar una indemnización: por qué hay reparaciones de 3.000 euros y otras de 50.000 o más. Las resoluciones de la comisión independiente, además, no son vinculantes: esta hace una propuesta económica, pero la diócesis puede cambiarla. Solo un 2% de las víctimas, además, han sido reparadas.

Los obispos han dado un paso atrás y debatirán con el Gobierno cómo indemnizar a las víctimas de pederastia que no quieren acudir al plan eclesiástico PRIVA. Así lo ha anunciado este viernes Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria. La reunión se ha celebrado en pleno escándalo de Rafael Zornoza, el primer obispo español investigado por pederastia por el Vaticano que sigue en el cargo.

La Iglesia siempre se había negado, hasta ahora, a colaborar con el Gobierno que anunció, hace doce meses, la aprobación de un plan para reparar a las víctimas con un fondo donde también colaborase la Iglesia. La institución católica lo rechazaba hasta ahora con el argumento de que los abusos no son algo exclusivo de su religión, sino que se dan en todos los ámbitos. El pasado día 22, el secretario general de la CEE anunció que sí han empezado a negociar con el Gobierno y han recogido la propuesta del ministerio de Justicia. Eso es “recibir a través del Defensor del Pueblo los casos de personas que no desean dirigirse al PRIVA”.